Errada política fiscal
A fines de julio y a principios de agosto ingresaron al Congreso dos proyectos de ley que buscan introducir beneficios tributarios para la clase media, compensados mediante la reducción de exenciones y el aumento de la carga tributaria sobre personas cuyos ingresos mensuales o anuales los ubican en los tramos superiores del Impuesto Único al Trabajo y del Impuesto Global Complementario.
Este mecanismo sigue el tradicional “cuadrar el círculo”, expresado públicamente por el otrora ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre. En esta oportunidad, los proyectos contemplan beneficios adicionales para las pymes, incentivos para nuevos emprendimientos y rebajas en contribuciones, las cuales se compensarán, entre otros mecanismos, con la eliminación de exenciones a los fondos de inversión públicos y privados.
Los fondos de inversión son estructuras societarias que constituyen patrimonios colectivos formados con los aportes de distintos inversionistas, llamados “partícipes”, y administrados por una entidad externa que los invierte en diversos activos o proyectos específicos. Se consideran vehículos de inversión porque facilitan la canalización de recursos de personas con capital hacia proyectos productivos.
Se estima que estos fondos acumulan aproximadamente 40.000 millones de dólares, equivalentes al 11 % del PIB chileno. Asimismo, un estudio de Clapes USACH (2023) señala que, entre 2014 y 2022, los fondos de inversión contribuyeron a la creación de entre 87.000 y 100.000 nuevos empleos. Este tipo de inversión permite financiar empresas tanto en capital como en deuda, apoyando el desarrollo de proyectos inmobiliarios, de infraestructura y de capital de riesgo, entre otros sectores.
Actualmente, la tributación de los fondos consiste en no afectar el Impuesto a la Renta de Primera Categoría, como sucede con las empresas comunes, sino que sólo se grava cuando los partícipes perciben beneficios o utilidades por su aporte. Esto representa un ahorro significativo en el costo de financiamiento de los proyectos que reciben recursos de los fondos.
Las modificaciones que se discuten en el Congreso buscan, resumidamente, aumentar las retenciones al repartir utilidades, gravar con el Impuesto a la Renta de Primera Categoría los beneficios percibidos por los partícipes que sean empresas contribuyentes de este tributo, y aplicar esta tributación directamente a los fondos de inversión privados. Se estima que estas medidas podrían recaudar alrededor de 525 millones de dólares anuales una vez que la norma entre en régimen.
La reflexión es evidente: ¿es eficiente aumentar la carga tributaria a un sector que genera el 11 % del PIB nacional?
La evidencia empírica y la teoría económica sugieren que cada vez que se incrementa la carga tributaria, se reduce la rentabilidad, lo que podría desincentivar a los inversionistas y disminuir el número de partícipes. Esto, a su vez, podría traducirse en menos recursos para financiar capital y deuda destinados al mercado inmobiliario, a proyectos de infraestructura y a emprendimientos de capital de riesgo, sectores que emplean gran cantidad de mano de obra.
Por estas razones, la política de “cuadrar el círculo” tiene un pronóstico incierto, considerando la teoría y la evidencia empírica disponibles. Se espera que la discusión en el Congreso sea constructiva y que se aprueben normas que cuenten con un fundamento teórico y práctico sólido, logrando los objetivos planteados por los proyectos de ley.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Representante USACH en FESIT
Universidad de Santiago
