¿Está Chile preparado para escrituras públicas electrónicas?
Se ha cuestionado por diversos analistas la que sería una lamentable omisión del proyecto de que modifica el sistema de notarios y conservadores de nuestro país en cuanto a que no se podrían celebrar escrituras públicas como documentos electrónicos. Debemos destacar, previamente, en que desde hace largo tiempo en nuestro país las notarías implementaron un sistema de firma electrónica avanzada de los notarios en escritura públicas o privadas. Eso ya existe. La omisión que se repara es que la escritura no pueda ser suscrita por las partes de manera electrónica o digital
La verdad es que antes de este paso debemos preguntarnos: ¿Está Chile preparado para escrituras públicas electrónicas, especialmente las de trasferencias de activos tan valiosos como un bien raíz? O ¿Su implementación debiera ser solo parcial?
El contraste internacional es tan grande que asombra. Tomemos a Canadá: en provincias como Ontario, Alberta y British Columbia, un ciudadano puede comprar una propiedad, firmar la escritura y registrarla sin pisar una notaría. Todo desde su computador o teléfono, con plataformas oficiales como Teraview o LTSA. Y no se trata de un “acto de fe digital”: la identidad se valida con verificación KYC (escaneo de documento, prueba de domicilio, cruce con bases de datos), biometría en vivo y, en algunos casos, video llamada con un abogado. Una selfie con “liveness detection” es más difícil de falsificar que una firma en tinta.
En Chile, sin embargo, la historia es otra. La Ley N° 19.799 reconoce la firma electrónica avanzada, pero deja fuera actos solemnes como testamentos y escrituras públicas. Y la reciente reforma de 2025, pese a sus méritos —fin de los cargos vitalicios, concursos públicos, más fiscalización—, eliminó en el Senado las normas que habrían permitido escrituras públicas electrónicas. El soporte físico sigue siendo rey.
Ahora bien, aquí debo hacer una precisión: no todo avance tecnológico es necesariamente un progreso en términos de seguridad jurídica. En mi opinión, la firma electrónica para escrituras públicas debería mantenerse restringida en Chile para bienes raíces y actos de similar relevancia patrimonial. ¿La razón? La firma electrónica avanzada, por más segura que parezca, puede ser falsificada si alguien roba las claves de su titular. En una compraventa de inmueble o una transferencia patrimonial relevante, ese riesgo es simplemente inaceptable. Paradójicamente, la única excepción a esta cautela podría ser justamente la transferencia de bienes raíces… si y solo si se implementaran sistemas biométricos obligatorios que hicieran prácticamente imposible suplantar la identidad del firmante.
El problema es que, incluso en el marco actual de presencialidad, nuestro sistema notarial sigue siendo tecnológicamente pobre: la nueva ley no incorporó la comprobación de identidad mediante biometría como obligación para los notarios. Hoy, bandas especializadas falsifican escrituras públicas con relativa facilidad, porque la verificación de identidad depende, en buena parte, de un vistazo rápido a la cédula de identidad.
La experiencia comparada es clara. En Brasil, el e-Notariado permite firmar compraventas, poderes e incluso testamentos vía video llamada notarial y certificado digital ICP-Brasil, con el notario validando todo en línea. En Estonia, prácticamente todos los actos notariales —incluidas compraventas de inmuebles— pueden hacerse por videoconferencia con la e-ID estatal. En Francia, desde 2008, existe el “Acte Authentique Électronique” para otorgar actos con firma notarial electrónica.
Chile, en cambio, ni siquiera habilita a sus notarios para autorizar electrónicamente. Y aunque suene extraño, esto no es un problema de tecnología —los sistemas existen—, sino de decisión legislativa: se optó por mantener la presencialidad como sinónimo de seguridad… pero sin reforzar esa seguridad con biometría obligatoria.
El resultado: mientras el mundo avanza hacia un ecosistema notarial digital, seguro y sin fronteras físicas, nosotros seguimos encadenados a la carpeta amarilla y al timbre de goma. Y lo peor es que, sin estándares robustos de identificación, ni el sistema actual ni uno 100% electrónico estarían libres del riesgo de fraude.
La pregunta, entonces, no es si Chile debe digitalizar sus escrituras públicas, sino cómo asegurar que ese salto no debilite la fe pública. Y ahí la lección canadiense es directa: sin biometría obligatoria, sin un KYC robusto y sin coordinación tecnológica entre notarios y registros, la fe pública en el mundo digital es un castillo de naipes.
Modernizar el notariado no es solo un gesto hacia la eficiencia: es blindar jurídicamente los actos más trascendentes de la vida civil y comercial. Y en eso, por ahora, Chile sigue mirando desde la galería, mientras otros ya juegan la final.
Francisco José Pinochet Cantwell
Doctor en Derecho
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
LL.M California Western School of Law, USA
Profesor de Derecho
Universidad Católica de Chile
