Presidente Gabriel Boric Font realiza Cuenta Pública 2025

Este 1 de junio, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó su Cuenta Pública 2025 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, con el fin de dar cuenta de los avances e iniciativas de Gobierno.

Congreso Nacional, chilenos y chilenas, habitantes de nuestra patria:

Por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno.

¿Cómo valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia, reconocer los tropiezos y errores sin ser derrotista, asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos, e identificar los desafíos pendientes con decisión, pero sin voluntarismo?

¿Cómo ponderar los cambios de Chile y el mundo entero en estos años y el rol que el Gobierno ha jugado en ellos?

Estas son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta. Son preguntas difíciles, sin duda, pero quiero que sepan que los principios con los que abordaré mis respuestas son claros y sencillos. Con humildad, con firmeza y con honestidad.

Asumimos el Gobierno después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile, a la que siguió una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo y nos recordó, una vez más, sabiamente, que nadie se salva solo. El estallido social del 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad que expresó en esos meses todas sus contradicciones. Hubo episodios de violencia inaceptable que no pueden ser justificados, como la quema del Metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a Carabineros, y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultado de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún esperan justicia.

Mucho se ha discutido sobre el significado de estos eventos, pero si hay algo no se puede negar es que la gran mayoría de quienes participaron de las manifestaciones lo hizo de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio.

Con el paso del tiempo —quizás no suficiente para tener una evaluación histórica, pero sí para sacar aprendizajes— me atrevo a afirmar que los chilenos y chilenas exigieron terminar con los abusos, acceder a más derechos y bienestar y tener una voz protagónica en el devenir de la patria. Pero lo hicieron sin renegar de sus propias trayectorias vitales, que dan cuenta de un innegable progreso en las últimas décadas desde la recuperación de la democracia, tanto en su dimensión material como en el ejercicio de libertades que antes, hace no tanto tiempo, estaban vetadas.

Esto no fue bien aquilatado por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este período como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando a tildarlo incluso de “estallido delictual”, lo que insulta a todos quienes participaron pacíficamente de este y desconoce las causas profundas que generaban ese legítimo malestar.

Por otro lado, en momentos se pretendió desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso, que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás. No todo estaba bien, pero no todo estaba mal.

Y es que la ansiedad por sintonizar inmediatamente con algún sector determinado de la población, sin hacer una reflexión pausada, demostró para cualquiera de los sectores políticos no ser un buen camino.

Pese a todas las rivalidades y a todas las tensiones, Chile de manera ejemplar logró encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana, pero el germen de las interpretaciones reduccionistas estaba plantado, y se expresó de manera clara en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo claro de ambas propuestas, dominada cada una por fuerzas antagónicas que, en mi opinión, cometieron el error de negarle la legitimidad al que tenían enfrente, dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros, sin renunciar a su historia ni tampoco a los derechos conquistados tras largas luchas.

Considero que es un profundo error entender estos procesos constitucionales como un fracaso, porque fueron un tremendo aprendizaje para Chile. Fueron ambos un recordatorio que Chile no quiere ni precisa de vanguardias que se escapen del sentido común de su propio pueblo, y una profunda reivindicación de que este país lo construimos entre todos y todas, sin negar jamás a quien piensa distinto. La ciudadanía le enseñó a la política que no tiene sentido pretender pasarnos aplanadoras mutuamente.

Ustedes, estimados y estimadas, conocen mi postura, los ideales de igualdad que me animan. Soy una persona que cree en el cambio y el progreso social, que piensa que Chile necesita importantes transformaciones para tener más justicia y una democracia que sea más profunda. El desafío era y sigue siendo cómo lograr aquello sin despertar legítimos temores y sin desconocer los logros individuales y sociales que tenemos buenas razones para valorar.

Ahora, en lo que respecta a nuestro Gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria de 2021 que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes cuatro años, no fueron aquilatadas como correspondía. Tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, que es necesario una mejor síntesis entre las generaciones y los proyectos progresistas. Hubo, por tanto, que ajustar el rumbo.

Se ha tratado de imponer una tesis de que este ajuste de rumbo y los énfasis programáticos del Gobierno respecto a nuestro programa original, y la incorporación decidida al corazón del Gobierno de otras fuerzas políticas con las que antes habíamos antagonizado, fueron una supuesta claudicación respecto a los motivos que nos llevaron a participar en política. Aquí, de cara al país, quiero refutar de manera tajante esta interpretación y, por el contrario, afirmo que una de las virtudes de nuestro Gobierno fue precisamente ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar jamás sus principios y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita.

¿Hemos logrado todo lo que queríamos con la profundidad que queríamos? No, pero hemos avanzado en esa dirección atendiendo a las condiciones en las que nos tocó gobernar y a la correlación de fuerzas no sólo del Congreso, sino de todo el espectro social. Revisando la historia, tal como en los años 30 el Frente Popular no pudo avanzar en la sindicalización campesina para en cambio avanzar en la industrialización de Chile, o en los 90 no se pudo terminar con todos los enclaves autoritarios por falta de votos en el Congreso, hoy nos tocó a nosotros ponderar nuestras aspiraciones para conseguir avances concretos y tangibles para el pueblo de Chile. La Reforma de Pensiones, que por 10 años había resultado infructuosa, es quizás el mejor ejemplo de ello.

Y es que ese es justamente el arte de la política democrática. Ser capaces de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en torno a un bien común compartido donde las distintas partes deben ceder respecto a sus posiciones originales. Nuestras visiones programáticas como fuerzas progresistas son firmes y también lo es la convicción de que nuestras urgencias sociales no pueden seguir esperando una mejor correlación de fuerzas, porque la política también tiene el deber de responder al presente. A la gente, a quienes hoy día nos están viendo en sus casas, a quienes no nos están viendo, pero les afecta lo que hacemos.

En este punto quiero reivindicar con mucha fuerza la unidad del progresismo para poder lograr estos consensos que, pese a todos los pronósticos que anunciaban tempranos quiebres, llega a este último año de Gobierno unido y con más acuerdos que diferencias tanto respecto a lo obrado como a lo que queda por hacer. Es la unidad de quienes reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los derechos humanos no se transan, que el mercado no se regula solo, que el Estado tiene un rol importante junto con el sector privado y la sociedad civil en la construcción del bien común, y que la convivencia se fortalece desde la esperanza y no desde el miedo. Esta unidad es fundamental y necesaria para seguir construyendo un Chile más justo y próspero.

Ahora, a todo gobierno se le evalúa por una mezcla de su cumplimiento programático, como también por sus logros concretos durante el período que nos tocó gobernar, eso independientemente de las intenciones que se hayan tenido. El nuestro, sin lugar a dudas, no va a ser la excepción. Tengo la convicción de que un buen gobierno no es sólo aquel que muestra números o tickets de cumplimientos, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales. En el fondo, no se trata de más o menos Estado, o de frases amenazadoras a quienes abusan con la mayoría de los servidores públicos que sí hacen su trabajo con vocación y responsabilidad: se trata, estimados y estimadas, de tener la capacidad política de progresar y justificar que las tensiones que produce el desarrollo pueden ser resueltas.

Esto es precisamente lo que hemos logrado durante nuestro Gobierno con las 40 horas, con el aumento del salario mínimo, con la Reforma de Pensiones, con el Sistema Nacional de Cuidados, con haber acelerado la inversión, con la solución a la Deuda Histórica con los profesores, con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con el Plan Nacional de Búsqueda, con la Estrategia Nacional del Litio y los avances en derechos de las mujeres, entre otras tantas realizaciones. Esto es lo que jamás se podría lograr con una política hecha desde el miedo, la desinformación, la desconfianza y el pesimismo. Esto es, estimados y estimadas, al final del día, la gobernabilidad.

Además de todo lo anterior, es necesario tener presente el escenario internacional. Porque Chile está inserto en el mundo, y el mundo que nos toca vivir cambia vertiginosamente haciendo de la incertidumbre su característica central.

En 2022 el mundo emergía con dificultad de los escombros de la pandemia. Cómo olvidarlo, las cadenas de suministro estaban interrumpidas, la inflación presionaba a las familias y muchos empleos se habían destruido. La guerra había regresado a Europa y la democracia se tambaleaba donde antes se daba por sentada.

Hoy el orden internacional ya no gira en torno al multilateralismo. Ha emergido un nuevo escenario, marcado por alianzas pragmáticas, una reconfiguración de las cadenas productivas globales, y una competencia por recursos estratégicos que afecta directamente a países abiertos como el nuestro. La revolución tecnológica, liderada por la inteligencia artificial, está cambiando aceleradamente el trabajo, la educación, los medios y hasta la política misma. Y en este nuevo contexto, la democracia enfrenta desafíos inéditos, no menos graves a los que dieron lugar a las tremendas tragedias del siglo XX. La realidad nos recuerda una vez más que las libertades y derechos conquistados no hay que darlos nunca por sentado y deben ser defendidos con fuerza, con convicción por cada generación.

En nuestra patria, en Chile, hemos respondido con firmeza y nos hemos puesto la tarea de avanzar hacia un clima político que sea más dialogante, que sea consciente de los límites, pero también de las tremendas posibilidades que tenemos como país.

Este es el punto de partida del mensaje que hoy les entrego. Mi objetivo es rendir cuenta con honestidad, y de renovar ante Chile, con serenidad el compromiso con un país que ha cambiado y que, con toda justicia, sigue esperando más.

Hecha esta primera reflexión, destacaré en esta Cuenta Pública los logros más importantes de nuestro Gobierno, plantearé los desafíos pendientes, identificaré los límites que enfrentamos, y anunciaré medidas y decisiones para lo que resta de gobierno. Dividiré mi presentación en tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad económica y desarrollo sostenible, y además me referiré finalmente a la promoción de la democracia y la cohesión social.

Sobre seguridad ciudadana. El crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento.

Y hemos actuado en consecuencia. En 2021 estábamos ante una tendencia que era preocupante: un aumento sostenido de homicidios y delitos violentos como encerronas, portonazos y balaceras. Esto acompañado de un creciente control territorial de bandas de crimen organizado y una frontera que tenía un débil control ante la migración irregular. Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios al alza que venía hace años en ascenso, con un trabajo serio y sostenido de Carabineros, la PDI, la Fiscalía, de los Gobierno Regionales y de los Municipios, a todos quienes agradezco.

Pero el Estado no está para buscar excusas ni solazarse, sino para dar soluciones. Porque quiero decirles, chilenos y chilenas, que no permitiremos jamás que se normalice la delincuencia, sea del carácter que sea. Ante quienes afirman irresponsablemente que Chile está de rodillas frente a la delincuencia o que Chile se cae a pedazos, yo respondo que se equivocan: Chile está de pie y peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho a vivir en paz. Y vamos a ganar esa batalla.

Algunos dirán mal intencionadamente que no se ha hecho nada. Pero no es cierto.

Este mismo Congreso, ustedes han aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas del delito, y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal. Ahí están la Ley Antinarco, las técnicas investigativas, la tipificación del robo de madera, la votación para tener más dureza con la reincidencia delictual, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública o la modernización de la Ley Antiterrorista.

Pero aún falta, y en particular me refiero a la Ley de Inteligencia económica, porque es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar en contra de levantar el secreto bancario en la tarde. Porque si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes. Insto a este Congreso a avanzar ya en este proyecto.

Logramos también el aumento significativo de los recursos a las policías, lo que les ha permitido renovar su equipamiento y contar con mejores herramientas para enfrentar la delincuencia. Estas instituciones, en algo que es muy solicitado por la ciudadanía y ustedes lo saben, a cada lugar en que vamos, van a poder tener aumentos progresivos en su dotación para que haya más carabineros, para que haya más detectives, para poder dar seguridad de manera más oportuna a nuestra gente.

Ahí también está la nueva infraestructura, lista o en construcción, una tarea de Estado, para Carabineros o para la PDI en lugares como Arica, Antofagasta, Taltal, Ollagüe, Quilicura, Viña del Mar, Yumbel, San José de la Mariquina, Copiapó, Maipú, San Ramón, Tocopilla, Peñaflor, Peumo, Los Andes; y la nueva Escuela de Formación de Carabineros del Grupo Concepción, que va a fortalecer la capacitación profesional y el despliegue de nuevos efectivos.

Ahí está, a la vista de todos, la destrucción, en sólo tres años, de más de 67 mil armas, lo que equivale al 30% de todas las armas destruidas en Chile desde 1990. Porque, pese a lo que promueven algunos, menos armas circulando es más seguridad para todos.

Ahí está el descenso significativo de los actos de violencia en la Macrozona Sur. La cantidad de lesionados ha disminuido en más de un 70%, hubo un 60% menos de ataques incendiarios, y se redujeron en 82% los inmuebles que han sido atacados. Pero no nos conformamos, queremos que todo eso sea cero.

Ahí está el reforzamiento de la frontera norte –nuestra ministra estaba el día de ayer en Arica con las Fuerzas Armadas– mediante la reforma constitucional que habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas, aprobada también transversalmente, en una zona que se encontraba, digámoslo, desprotegida. El resultado es que, durante nuestro Gobierno, ha habido un descenso del 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior.

Ahí está también la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y los 24 centros de atención especializada en violencia de género. Falta aún la aprobación de la Defensoría de Víctimas que requiere un último esfuerzo y no cabe ninguna duda que va a contar también con apoyo transversal, pese a las diferencias que tenemos.

Ahí está la recuperación de espacios públicos a lo largo de todo Chile, que es deber de todos cuidar, no sólo de las autoridades, sino de la sociedad entera. Ahí está la eliminación de los narcomausoleos, la implementación y mejora continua del Plan Calles Sin Violencia. De esto pueden dar fe los vecinos de la plaza Los Cuncos en Renca, o de la plaza Augusto D’Halmar Oriente en San Ramón y tantas otras comunas que se han visto beneficiadas y ven cómo se transforman en espacios llenos de vida lugares que antes les fueron ajenos o que estaban abandonados o tomados por la delincuencia.

Ahí está también el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que va a permitir que en cinco años –esto, por tanto, es una tarea de Estado– sumemos más de 15 mil nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles.

Los logros que he mencionado son hechos concretos, son indiscutibles en cuanto a realizaciones, pero no dan para celebrar ni tampoco para relajarse. Quiero decirles a todos que tenemos que seguir con más fuerza, con más decisión, con unidad, pese a las diferencias que tenemos, estimados y estimadas parlamentarias.

También resulta fundamental el trabajo en reinserción y prevención del delito. Porque quiero decirles que es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia: hay que prevenir, y una vez ocurrido el delito no podemos dejar a esas personas a su suerte. Porque muchos de los jóvenes que caen presos ya tienen algún familiar preso en la cárcel. Romper ese destino trágico es un deber moral de la sociedad. Y se puede, se puede lograr. Ese es el objetivo que tiene el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que fue puesto en marcha el 2023.

En esto los municipios juegan un rol fundamental, en la prevención del delito. Déjenme decirles que antes de nuestro Gobierno, los municipios tenían que competir por recursos para proyectos de seguridad, competir entre ellos y donde generalmente ganaban los que ya tenían más recursos porque tienen más capacidad para elaborar proyectos. Desde el 2023 implementamos el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que entrega recursos permanentes a 120 comunas y financiamiento rotativo para otras 255 comunas año por medio.

En definitiva, mi mensaje respecto a la seguridad ciudadana es que reconozcamos todos juntos lo que se ha hecho y, a la vez, no nos conformemos con ello. Es lo que la sociedad nos exige.

Y, para seguir avanzando, necesitamos estar unidos. Porque cuando nos unimos, el crimen retrocede. Falta para ello una comprensión más profunda de largo plazo de que la seguridad no puede ser una bandera partidista que se use para tratar de sacar réditos para la próxima elección, sino una condición necesaria para que toda la sociedad pueda prosperar y vivir en paz como se merece.

En este camino, que es largo y difícil, Carabineros de Chile, la PDI y las Fuerzas Armadas han sido piezas fundamentales. Por ello, les rindo homenaje, por su compromiso cotidiano, muchas veces silencioso y siempre arriesgado, por protegernos. El sacrificio de funcionarios como Daniel Palma, Rita Olivares, Alex Salazar, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal de Carabineros, o Camila Silva y Daniela Salazar de la PDI no puede pasar al olvido. Ellos no son mártires ni de un gobierno, ni de un sector. Son mártires de Chile y, como tales, debemos honrarlos.

Hoy, las policías cuentan con más dotación, con mejores tecnologías y con un mayor respaldo jurídico y social. Pero también tienen un mandato ético claro: actuar con determinación ante el delito y siempre dentro del estado de derecho. Defender la seguridad de todos y todas, siempre con respeto a los derechos humanos. Porque desde esa legitimidad es de donde se construye una fuerza eficaz, confiable y respetada por toda la ciudadanía.

El compromiso que tenemos es seguir avanzando. No con promesas vacías, sino con hechos concretos como los que he demostrado, hechos que devuelvan la tranquilidad a nuestros barrios. En San Pedro de la Paz, donde se vivió hace pocos días un incidente inaceptable, donde adolescentes fueron baleados en su mismo colegio. No podemos permitir ni naturalizar que eso suceda. Ahí falló la sociedad entera. Tenemos que trabajar con más fuerza porque queda mucho por hacer. Hechos que hagan de Chile un país seguro, justo y digno para todos.

Segundo eje, la seguridad social. La esencia de un gobierno progresista como el nuestro es que su práctica política apunte a la universalidad. Es cierto que en nuestra sociedad persisten diversas formas de discriminación injusta que deben ser enfrentadas, pero no podemos olvidar que, aunque se presente como radical, la política identitaria cuando es aislada suele terminar en una política de defensa de grupos de interés que no cambia la estructura de las desigualdades en una sociedad.

Desde esta convicción, en el ejercicio de mi Gobierno hemos hecho políticas que son universales. Por eso impulsamos el Copago Cero, las 40 horas, la incorporación de un seguro social en pensiones, el Royalty a la Gran Minería, la modernización y ampliación del transporte público, el Sistema Nacional de Cuidados o el aumento del sueldo mínimo.

Y es que, en materia laboral específicamente, los avances para las y los trabajadores –no colaboradores, trabajadores, digámoslo claramente– son claros. No fue fácil hacerlo porque en 2022, cuando asumimos el Gobierno de manera responsable, implementamos un duro ajuste fiscal a una economía que estaba sobrecalentada, con alta inflación y precios de muchos servicios importantes congelados, de manera razonable, por la pandemia. Mi primera definición en el Gobierno fue que este necesario ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los bolsillos de las familias.

Y cumplimos porque aumentamos el sueldo mínimo de 350 mil pesos a 539 mil pesos mensuales, lo que significa la mayor alza de las últimas décadas y nos posiciona como el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica. Además, y esto es muy importante, lo hemos hecho bajando a tasas históricas la informalidad laboral. Es parte de la palabra que exigí que me cobraran, porque es la amenaza permanente a la que recurren quienes siempre encuentran una excusa para oponerse a aumentar los ingresos de los trabajadores.

Concretamos este aumento al mismo tiempo que las cifras de inflación interanual cayeron de 14% a 4.5%, en conjunto con el trabajo tremendamente importante del Banco Central. Se han creado cerca de 600 mil nuevos empleos en el país, de los cuales más del 90% son empleos formales. Hemos recuperado la participación laboral de las mujeres a niveles prepandemia, y hemos apoyado a las pequeñas empresas en este esfuerzo colectivo.

Tenemos que seguir en esta senda, porque el número de desempleados en Chile sigue siendo alto. Por ello, anuncio que enviaré a este Congreso un proyecto de ley que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para incentivar justamente la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo.

Pero sabemos que para alcanzar el pleno empleo no hay receta mágica ni atajos. Tenemos que crecer más. Me detendré en este punto más adelante.

Uno de los avances emblemáticos de nuestro Gobierno es la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Todos recuerdan cuando se presentó este proyecto en 2017, que muchos afirmaron que era una fantasía, que iba a tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, insistimos, aunamos voluntades y buscamos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Y ese acuerdo social es el que lo hizo posible. Eso es gobernabilidad, generar acuerdos sociales entre quienes piensan distinto.

Son cientos de empresas las que, de hecho, se adelantaron y bajaron sus jornadas laborales a 40 horas. Por ejemplo, la empresa Photio, donde trabaja Pamela Martínez quien nos está acompañando hoy día en esta Cuenta Pública.

Eso es justamente la Ley de 40 horas: la posibilidad de alcanzar a tomar once en familia, de participar en una organización social, de hacer deporte, de llegar a casa antes de que tus hijos duerman. Es ser más dueños de nuestro propio tiempo.

Además, gracias a la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, desde el 2024 las y los trabajadores que cuidan de sus hijos menores de 14 años o de familiares con discapacidad o dependencia severa, pueden teletrabajar.

Y muy importante: en Chile –y este es un desafío que tenemos como sociedad y lo podemos abordar en el corto plazo– hay más de 1 millón de mujeres que queriendo no pueden trabajar remuneradamente porque tienen que cuidar a sus familias, lo que también es trabajo. El mercado laboral chileno está marcado históricamente por las brechas de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral es sólo del 53%, la de los hombres un 72%. Las mujeres tienen más obstáculos para conseguir trabajo formal y derecho efectivo a la seguridad social.

No es que tengan lagunas previsionales, como decían las AFP, es que habían tenido que trabajar sin remuneración, cuidando. Tenían más dificultades y eran discriminadas a la hora de buscar trabajo. También reciben menos ingresos que los hombres, una diferencia que incluso aumenta luego de tener al primer hijo.

Por ello es que quiero insistir en la urgencia de sacar adelante el proyecto Sala Cuna para Chile. De aprobarse este proyecto que está en discusión actualmente, se reducirán de manera significativa las barreras a la contratación laboral femenina y las brechas salariales entre hombres y mujeres, se va a incentivar la participación laboral femenina en el mercado laboral formal, se va a incorporar la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de sala cuna en establecimientos públicos, incrementando de esta manera su financiamiento y también la creación de nuevos jardines, que fue una de las políticas públicas notables –aprovechando que está aquí presente– que hizo la Presidenta Bachelet durante su mandato.

También, de aprobarse esta ley, se van a mejorar los estándares educativos tanto para instituciones públicas como instituciones privadas. Porque las salas cuna deberán contar siempre con reconocimiento oficial.

Ahora, el proyecto sabemos que se puede perfeccionar, pero no podemos seguir postergándolo en discusiones infinitas, porque es una prioridad para la sociedad y llamo a que también sea una prioridad para este Congreso.

Para terminar sobre materia laboral, vamos a insistir en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años y, como Presidente de la República, no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad.

La Reforma de Pensiones es otro gran hito no de este Gobierno, sino de este ciclo político. Y es que quiero insistir en esto: veo acá a varios quienes participaron activamente de haber logrado destrabarla, porque no es un logro exclusivo del Gobierno sino una demostración de la buena política. Sepan que hubo más de un momento en que la posibilidad de llegar a acuerdo estuvo a punto de naufragar. Se soportaron ingentes presiones de todas partes, incluidas por cierto las AFP, que fueron las principales opositoras a la reforma. Fueron muchos los que nos conminaron, los que nos dijeron que teníamos que abandonar la reforma por no tener mayoría en el Congreso o por la distancia que existía entre oficialismo y oposición. Pero fuimos persistentes.

Y aquí quiero hacer un punto. Porque muchas veces se discutió en el comité político la posibilidad de poner en votación la reforma sin acuerdo y, por ende, esto significaba que se rechazaba. También lo planteaban sectores de oposición cuando veíamos que estaba difícil conseguir un consenso. Eso hubiese permitido que cada sector pudiera decir a los suyos que había defendido sus banderas hasta el final. Pero quienes participamos de esta difícil negociación tuvimos la convicción de que los chilenos y chilenas no podían seguir esperando que la política continuara peleando por más de 10 años, mientras millones de trabajadores seguían con pensiones de miseria. Todos tuvimos que ceder respecto de nuestras posiciones originales y hubo que pensar fuera de la caja. Esto nos valió enfrentar enconadas críticas de quienes afirmaban vehementemente que cualquier concesión equivalía a una derrota. No fue fácil, pero logramos sacar adelante la reforma y es, al final del día, la gente la que se va a ver beneficiada. Quiero, desde esta tribuna, agradecer a quienes, de derecha, centro e izquierda, a los técnicos, académicos, sindicatos, fuerzas sociales actuaron pensando en Chile.

Por ello, desde septiembre aumentará la PGU a 250 mil pesos mensuales, comenzando con los mayores de 82 años; tendremos un nuevo seguro social y un bono para corregir la discriminación hacia las mujeres; los empleadores pasarán a aportar a la cotización; y las AFP estarán más reguladas, reduciéndose el espacio para su abuso. En definitiva, son las pensiones de 2,8 millones de personas mayores las que se van a ver aumentadas entre un 14% y un 35%, fortaleciendo, además, de esta manera, el ahorro nacional.

Esta es una buena política hecha por todos nosotros. Casi todos. Esto es gobernabilidad.

En materia de salud, la pandemia del Covid-19 fue un desafío gigante para el mundo entero, pero sobre todo para los sistemas de salud. Y si casi siempre cuando un Presidente en ejercicio ocupa la frase “el gobierno anterior” lo hace para lanzar una crítica, hoy quiero cambiar esta lógica y reconocer aquí la gestión del gobierno anterior en el difícil manejo de la pandemia en su aspecto sanitario, que muchas veces en ese momento no fue justamente evaluada. Porque tanto en la gestión de vacunas como en la reconversión del sistema para hacer frente a la emergencia, Chile, con todos los dolores que nos dejaron las pérdidas de compatriotas, estuvo a la altura.

En esto el gobierno que me antecedió tuvo un rol central y el principal reconocimiento se lo llevan, sin duda, las y los trabajadores de la salud, que dieron todo de sí. Chile entero les agradece por ello. Pero sabemos –y me imagino que hay muchos trabajadores de la salud escuchando– que no basta con palabras, agradecimientos ni aplausos. Por eso hemos impulsado mejoras concretas para estos trabajadores, como la materialización del reconocimiento histórico que nuestro país debía a quienes sostienen nuestro sistema público de salud, los TENS, mediante la creación de la asignación especial técnica para más de 57 mil trabajadores, de los cuales 85% son mujeres. Esto representa mucho más que una mejora salarial. Y quiero destacar que esta medida logró respaldo unánime en el Congreso. Esto se suma a las indicaciones que ingresamos para incorporar definitivamente a los TENS al Código Sanitario.

Estamos trabajando para que en Chile todas y todos puedan ejercer su derecho a la salud de manera oportuna y con calidad, sin importar sus ingresos ni donde viven.

Los mejores ejemplos de esto son los planes pilotos que hemos impulsado en la política universal de APS y el Copago Cero. Y permítanme ilustrar, a propósito del Copago Cero, los beneficios que ha tenido con un ejemplo muy concreto.

En 2022, Alessandra y Eduardo, de Alto Hospicio, tuvieron trillizos que al nacer estuvieron hospitalizados más de 80 días. Su primera preocupación fue siempre la salud de sus niños, pero no sabían cómo iban a poder pagar los más de 7 millones de pesos que les costó el tratamiento. Gracias al Copago Cero, no tuvieron que pagar ni un peso. Esta es una política pensada para nuestra clase media.

Otra política universal, de la cual Chile tiene una larga tradición, es la vacunación. En 2024 nos convertimos en el primer país del hemisferio sur en implementar la inmunización contra el virus sincicial. Esta medida significó que el año pasado por primera vez no fallecieran niños menores de un año producto del virus en invierno. Además, una disminución muy significativa en la hospitalización y, por lo tanto, un ahorro significativo para el sistema de salud.

En esto quiero ser muy claro: quienes se oponen a las vacunas, desconocen la ciencia y amenazan la salud de la población.

En materia de fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, nuestro Gobierno –y esta también es una política de Estado– va a alcanzar un total de 70 nuevos dispositivos de atención primaria a lo largo del país, desde la Posta de Salud Rural de Cariquima en la comuna de Colchane hasta el nuevo Cesfam Thomas Fenton de Punta Arenas. Esta expansión de la red de atención primaria significa acercar la atención médica de calidad a cada rincón del país.

También algo que era muy anhelado, en abril pasado cumplimos con promulgar la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, un trabajo por años de organizaciones de pacientes y sus familiares, que también contó con un apoyo transversal de parlamentarios. También ingresamos un proyecto de ley que mejora y da sostenibilidad al Fondo Ricarte Soto.

Quiero aprovechar la ocasión para anunciar que después de haber escuchado a cientos de mujeres que por diversos motivos no han podido tener hijos deseándolo, he instruido a nuestra ministra de Salud elaborar y presentar un proyecto de ley para regular y facilitar la fertilización asistida, tomando como base las mociones que han sido presentadas en este Parlamento.

Compatriotas:

Cumpliendo con el compromiso que adquirí en este mismo lugar hace un año, hemos ingresado a este Congreso un proyecto de ley que termina con la ilegalidad y penalización del aborto. Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. Son miles de mujeres al año, aunque no las quieran ver, y se les ha obligado a la clandestinidad. Son muy pocas las que tienen los recursos y contactos para poder hacerlo de manera segura, y la gran mayoría camina por la cornisa sin saber si lo que pagaron a escondidas va a resultar, o si deberán enfrentar dolores, urgencias y hasta poner en riesgo su propia vida. Temen desangrarse y muchas llegan de todas formas a urgencias, venciendo el miedo.

Lo que le quiero pedir a este Congreso que en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta de legalizar el aborto con plazo que hemos ingresado, no se nieguen a la discusión. Esta diversidad que se expresa hoy día en el Parlamento tiene que analizarse de manera civilizada, discutiendo, no vetando la discusión y no negándoles el derecho a las mujeres a decidir. Son generaciones de mujeres que han vivido y peleado por esto. Lo que les pido es que no les nieguen el debate democrático como ciudadanas plenas, capaces de decidir. No neguemos el debate democrático.

Promover y proteger la salud mental ha sido otro de los énfasis de nuestra gestión en salud. Creamos la línea telefónica de prevención del suicidio *4141, aumentamos las becas de especialidad en psiquiatría e ingresamos el proyecto de Ley Integral de Salud Mental, como anuncié en la Cuenta Pública anterior. Además, cuando finalicemos el Gobierno, vamos a haber habilitado 15 nuevos centros de salud mental, como comprometimos, y dejaremos al menos otros 23 centros en desarrollo para que inaugure el próximo gobierno.

Igualmente, avanzamos en algo que es muy sentido y que me toca verlo mucho en terreno, la implementación de la Ley del Trastorno del Espectro Autista, la Ley TEA. Gracias a ella hemos destinado recursos para implementar decenas de salas y equipos multidisciplinarios en la Atención Primaria de Salud para poder atender a niños, niñas y adolescentes con autismo a lo largo de todo el país. Además, hemos fortalecido la red de salud con especialistas como neurólogos, pediatras y fonoaudiólogos. Para 2025, tenemos programado implementar otras 48 salas y equipos en la salud primaria e incorporar 47 equipos de psiquiatras, terapeutas ocupacionales y psicólogos.

Hay un hito que no olvido, que para mí fue muy significativo. Hace cerca de un año ya fui a la comuna de Mejillones, a la localidad rural de Michilla, donde se ubica la escuela Lucila Godoy Alcayaga, que es una escuela unidocente, donde la profesora Rosa Contreras me mostró en esa única escuela de Michilla la sala de contención que habían implementado el año pasado en la escuela para los dos niños con TEA de los 17 estudiantes que tenía. Esta es una realidad que viven miles de familias. Ahí están los niños de Michilla, bienvenidos, es un honor tenerlos aquí. Fue realmente conmovedora esa visita, me presentaron la obra de El Quijote cuando fui, recorrimos toda la escuela, fue realmente hermoso. Son un orgullo para Chile. Pero como 2 de los 17 niños de esa escuela eran TEA, sepamos todos que esta es una realidad que viven miles de familias que durante demasiado tiempo vivieron invisibilizados y discriminados. Ya no más.

Espero también que el Estado prontamente tenga los recursos cuando se firme el siguiente Decreto GES para poder incorporar, en un futuro cercano, al TEA a las Garantías Explícitas de Salud (GES).

Uno de los desafíos más importantes que tenemos en lo que resta en nuestro Gobierno es seguir reduciendo las listas de espera en un sistema que ha sido muy presionado por el crecimiento de la demanda por consultas tras la pandemia y por el aumento de beneficiarios de Fonasa, después de la crisis de las Isapres producto de su propio abuso.

No obstante, el tiempo de espera para consultas nuevas de especialidad bajó en torno a 90 días respecto a diciembre de 2021, y para cirugías disminuyó en 366 días respecto de la misma fecha: es decir, el tiempo de espera para cirugías se redujo en un año. Ahora esto, estimados y estimadas, sé que no es suficiente, sé que hay demasiados chilenos y chilenas esperando y que acá tenemos que poner más esfuerzo, que acá tenemos que poner más pasión, que acá tenemos que poner más consenso para poder sacar adelante las listas de espera. Seguimos trabajando para disminuir estos plazos.

Justamente con el objetivo de brindar acceso oportuno a la salud y de manera equitativa en todo el territorio nacional, hemos continuado con la política de Estado, no de Gobierno, de Estado, de ampliación de la Red Hospitalaria que les cambia la vida a los habitantes de los lugares donde estos se instalan.

Nuestro Gobierno ha concretado la entrega a la fecha de hospitales en Putaendo, Quillota-Petorca, Carahue, Huasco, Curicó, Makewe-Padre Las Casas, Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Collipulli, Lonquimay y Villarrica. Asimismo, iniciarán su operación y marcha blanca para antes de marzo del 2026 los hospitales de Diego Almagro, Marga Marga, Melipilla, Curacautín, Queilén, Chile Chico, Cauquenes, Parral, El Salvador, el Instituto Nacional de Geriatría y el hospital de Quellón. Los hospitales, como los futuros de Ancud, Ñuble, Buin-Paine y Constitución, son una política de Estado que va más allá de este gobierno, porque esto no lo hace un presidente en particular, lo hace el Estado de Chile con una política de largo plazo.

Recordando que este año se cumplen 20 años desde que se crearon las Garantías Explícitas de Salud y otorgó derechos exigibles en salud a los ciudadanos sin listas de espera, anunciamos el nuevo Decreto GES que representa la mayor inversión desde la creación del sistema con aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales adicionales. Este decreto va a incorporar tres nuevos problemas que son prioritarios y que afectan a muchísimos compatriotas: hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, tratamiento tras el alta por cirrosis hepática para asegurar continuidad terapéutica de esta enfermedad frecuente y cesación del consumo de tabaco para mayores de 25 años incluyendo terapia farmacológica y apoyo psicológico.

Además, vamos a fortalecer significativamente 10 problemas actualmente existentes con tratamientos de vanguardia como sensores de glucosa para diabéticos menores de 18 años y embarazadas, ampliación de detección de virus papiloma humano, mejores coberturas para epilepsia refractaria, leucemia, tumores del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, asma bronquial grave y enfermedad renal crónica. Puede sonar un poco específico decirlo, pero seguro cuando ustedes, parlamentarios y parlamentarias, recorren sus distritos conocen a mucha gente que padece estas enfermedades y que requiere de más apoyo.

En materia de Isapres, estamos impulsando un proyecto de ley que termina con la discriminación por edad y estado de salud, las famosas preexistencias, porque ya terminamos con la discriminación por sexo con la ley corta, que además obliga a las Isapres a cumplir plenamente con los principios de la seguridad social en el uso de las cotizaciones obligatorias de salud.

Es menester reconocer que si bien durante nuestro período no pudimos hacer la reforma estructural de seguro único al sistema de salud que nos hubiera gustado –porque hay que decir también lo que no pudimos hacer– hemos avanzado en esa dirección, porque hoy Fonasa no sólo garantiza atención gratuita en el sistema público, sino que a través de su nueva Modalidad de Cobertura Complementaria va a ampliar las opciones para sus asegurados, permitiéndoles acceder a prestadores privados a menor costo y con mayor libertad de elección. Esta modalidad representa un paso fundamental hacia una complementariedad público-privada que sea más virtuosa, donde los usuarios de Fonasa se beneficien de lo mejor de ambos mundos: la seguridad del sistema público y la flexibilidad del sector privado, todo bajo un esquema de protección financiera mucho más robusto.

En materia de infancia, cada familia forja el futuro de nuestro país y cuando las apoyamos, protegemos también a la niñez y a la adolescencia en toda su diversidad.

En esa línea, un cambio que ha pasado desapercibido quizás para los grandes titulares, pero que ha beneficiado a muchísimas familias en Chile es que el Subsidio Único Familiar llega a 471 mil personas más que en 2022, y desde el 2024 se asigna sin necesidad de postulación a los menores de 18 años del 40% más vulnerable.

Otro hito importante de nuestro Gobierno es la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que muchos conocen como Ley Papito Corazón. Esta ley ha sido una ayuda concreta para principalmente madres que llevan en soledad la tarea de mantener a sus hijos y a sus hijas. A dos años de su implementación, gracias a esta ley se ha ordenado el pago de casi 2,5 billones de pesos, que es equivalente para que nos hagamos una idea a lo que recaudan 52 teletones. Imagínense toda la plata que padres irresponsables debían.

Y es que hay mujeres como Esperanza Núñez, que hoy está aquí con nosotros, para quienes esta ley llega como un acto de reparación, años después de haber sacado sola adelante a sus hijos. Son demasiados los casos de padres irresponsables que abandonan a sus hijos y dejan toda la carga económica de la crianza en la madre. Con esta ley a ellas y sus familias les hacemos justicia. Sé que muchas nos están escuchando y que muchas han vivido el beneficio que significa.

También implementamos la ley que crea el Sistema de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que demoró más de 10 años en tramitarse, y que consiguió también acuerdo transversal. Hoy las Oficinas Locales de la Niñez van a estar presentes en todas las comunas del país.

Por eso les quiero hablar a los niños y a las niñas de Chile, que además nos han dado tanto cariño y apoyo. Aunque no puedan votar, no importa, los hemos estado escuchando. Le hablo también a la Violeta del futuro próximo. Quiero decirles a estos niños y niñas que sueñen, que jueguen, que se expresen porque Chile también es de ustedes. no están en el Parlamento, pero están representados acá, estamos trabajando para ustedes.

En materia de cuidados. En Chile, cuidar ha sido históricamente un trabajo invisible, que ha sido sostenido casi siempre por mujeres que han debido postergar su vida para hacerse cargo de otras personas. Durante décadas, esto se entendió como una responsabilidad privada, sin reconocimiento ni apoyo. Esa realidad no puede continuar. Lo vemos –y ustedes lo saben– cuando una mujer cuida a su hijo con dependencia severa y, a la vez, a su madre con Alzhéimer, cuando una persona mayor cuida a otra que es aún más frágil y tantos casos que nos toca ver en el día a día.

Por eso, como Gobierno decidimos hacer del cuidado una prioridad y Chile Cuida es el camino que hemos trazado para poder enfrentarlo. Hemos creado la credencial de persona cuidadora, que las reconoce y les permite acceder a atención preferente en el Estado y a descuentos en las empresas privadas que se han ido sumando a esta red. Hemos extendido la Red Local de Apoyos y Cuidados. También estamos habilitando 100 Centros Comunitarios de Cuidados en todo Chile, donde, por ejemplo, ya en Cerro Navia una mujer puede dejar a su madre por unas horas para asistir a espacios de autocuidado. Esto no significa que todos estén inaugurados a marzo 2026, pero sí quedarán todos habilitados durante el 2026.

Una mujer me dijo un día, que cuidaba a su hijo con dependencia severa, que ella tenía recursos monetarios, pero que era pobre de tiempo. Esa pobreza también existe, principalmente en las mujeres y eso es lo que estamos enfrentando justamente con el Sistema Nacional de Cuidados.

Ahora, el compromiso con una sociedad que envejece rápidamente requiere también, como lo hemos estado haciendo, fortaleciendo los Centros Diurnos para personas mayores, los Establecimientos de Larga Estadía y los Condominios de Viviendas Tuteladas, como el que, por ejemplo, hoy en Punta Arenas acoge a personas mayores que necesitan autonomía, comunidad y seguridad.

Les quiero decir que los cuidados no pueden depender solamente de una administración. Por eso insto a este Parlamento a aprobar la ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Compatriotas:

Una educación de calidad es la mejor herencia que una generación puede dejar a la siguiente. Hemos trabajado, en conjunto con profesores y profesoras, con asistentes de la educación, para abordar las consecuencias de la pandemia en las escuelas, para fortalecer la educación pública y para reparar deudas que llevaban demasiado tiempo sin solución en esta área.

Parto por la educación inicial, que es clave para abrir oportunidades y reducir las brechas de aprendizaje y desarrollo en niños y niñas. Después de años sin actualizaciones legislativas, logramos aprobar la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, lo que va a permitir mejorar la calidad y el acceso a los jardines infantiles.

También con la asesoría de un grupo transversal de especialistas, formulamos el Plan de Reactivación Educativa para poder mejorar la asistencia que quedó muy debilitada después de la pandemia y enfrentar las dificultades en el aprendizaje que se derivaron de la misma.

En esto se ha avanzado con hechos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, más de 17.000 estudiantes que habían salido del sistema volvieron a las salas de clases. 17.000 niños que habían dejado el colegio volvieron. Y entre 2022 y 2024 logramos bajar la inasistencia grave en casi diez puntos.

Asimismo, los puntajes del Simce 2024 en cuarto básico fueron los más altos desde el año 2002, donde los grupos socioeconómicos más bajos alcanzaron su mejor registro histórico. Sabemos, sin embargo, que los resultados en sexto básico y las brechas de resultados entre hombres y mujeres siguen siendo profundas y, por lo tanto, se requiere mucho más trabajo en educación.

Para ello hemos dado un impulso decidido a la nueva educación pública. Hemos escuchado las opiniones de expertos y expertas, hemos hecho ajustes para avanzar de forma responsable. Cuando llegamos al Gobierno, había 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en régimen, pero con muchos problemas heredados, como lo evidenció la crisis en el servicio de Atacama.

Al finalizar el Gobierno, vamos a tener 38 servicios instalados, lo que equivale al 50% de la educación pública, que se va a encontrar en una situación mucho más sólida que la que recibimos, porque recordemos que las municipalidades no eran capaces de hacerse cargo con equidad territorial de este tremendo desafío.

Por eso los servicios locales tienen que funcionar mejor. No se imaginan el nivel de trabajo y de gestión que le están poniendo el ministro, la subsecretaria, los directores de servicios para poder sacar esto adelante porque es una pega muy difícil.

Y más allá de lo que permanentemente repiten quienes no creen en la educación pública, lo cierto es que los estudiantes de los SLEP en el Simce del 2024 tuvieron mejores resultados que el año anterior en prácticamente todas las asignaturas y niveles, mejoraron su rendimiento a un ritmo más elevado que los colegios privados, de esta manera las brechas de desigualdad. Pero sabemos que aún queda demasiado por hacer.

No me olvido de dónde venimos: de las grandes movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública y contra el negocio y el endeudamiento en educación. Por eso cumplimos con un importante compromiso con las y los jóvenes de Chile y sus familias: enviamos un proyecto de ley para poner fin al CAE y crear un nuevo Financiamiento de la Educación Superior, que sea más justo y solidario. Espero que este Congreso se ponga del lado de las familias y apruebe esta iniciativa. Con lo que muchas generaciones van a ver que su deuda se alivia significativamente o derechamente se termina, y los futuros estudiantes van a poder cursar sus carreras sin la mochila del endeudamiento que tanto pesa, retribuyendo cuando ya sean profesionales con un monto que sea acorde a sus ingresos.

Además, de esta manera, el Estado va a utilizar de manera más eficiente esos recursos. Ya se han desembolsado más de 9 mil millones de dólares para financiar este crédito. Esto es un absurdo que no puede continuar. Por lo tanto, insisto, tal como nos lo repiten permanentemente también en todos los lugares donde vamos, a este Congreso a que apoye y promulgue la ley que ponga fin al CAE.

Ahora, esto por cierto no resuelve los desafíos estructurales de la educación superior. Por eso, hemos iniciado una modernización integral del sistema, porque queremos instituciones inclusivas, tecnológicas, descentralizadas y más vinculadas a sus territorios, con mejores condiciones para la investigación y la innovación, porque el desarrollo nacional exige más y mejor conocimiento especializado.

Y eso implica abordar desafíos como la sobreduración de las carreras, la salud mental en las carreras, la igualdad de género y el fortalecimiento de lo público. Ha habido algunos avances: en las carreras STEM, por ejemplo, la representación femenina ha aumentado significativamente; el programa PACE hoy llega a todas las comunas en las que hay un liceo público diurno; y las matrículas en los CFT estatales pasaron de 8.400 a 18.000 estudiantes y tenemos la meta de llegar a 25.000 antes de cerrar nuestro periodo.

Además, antes de terminar el mandato, vamos a contar con la primera Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior y no vamos a dejar de insistir en la necesidad de aumentar el financiamiento basal a las universidades estatales.

Algo que considero también muy importante y emblemático, este año promulgamos la ley que reconoce y se hace cargo de la Deuda Histórica de los profesores, para dar justicia a más de 50 mil profesores y profesoras, tras más de 40 años de espera y lucha sostenida. Les cumplimos. Pienso en Patricia Garzo, Nora Palma o Nora Zurita, quien ya no está con nosotros: ellas, y muchos otros profesores y profesoras, se encargaron de recordarles permanentemente a todos gobiernos que había que saldar esta deuda. Así, insisto, se hace la buena política, escuchando, conversando y llegando a acuerdos, porque el proyecto de ley que consagró esta solución fue apoyado por la gran mayoría de los aquí presentes.

En materia de vivienda, sin duda lo más significativo ha sido el Plan de Emergencia Habitacional, bajo el cual nos comprometimos a construir 260 mil viviendas durante nuestro período de Gobierno: ya llevamos más de 200 mil, pese a las dificultades que post pandemia ha enfrentado el sector de la construcción.

Para reactivarlo creamos un Fondo de Garantía estatal para el Crédito Hipotecario, una nueva Ley de Subsidio al Dividendo que fue recientemente aprobada por este Congreso y el Programa de Arriendo a Precio Justo.

Cada vez que con el ministro entregamos un conjunto habitacional sentimos esa alegría de los nuevos vecinos y les transmitimos que los barrios integrados, donde la comunidad se conoce, donde la comunidad se organiza, se cuida y cultiva sus espacios comunes, son a la vez lugares más seguros. Ejemplos de esto son las Villas Frei y Portales en Santiago. Estamos replicando las experiencias justamente de estas villas con el Plan Ciudades Justas, construyendo conjuntos habitacionales integrados que van a contar con espacios públicos como parques, jardines infantiles, centros comunitarios de cuidados y de salud mental, por ejemplo, en Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Quinta Normal, San Miguel, La Pintana, Cerrillos, Talca, Valdivia y Punta Arenas.

Ahora, la reconstrucción ha sido una tarea constante de este Gobierno, porque nos ha tocado enfrentar grandes catástrofes como los incendios forestales en el sur del país y las inundaciones de la zona centro sur en 2023 y el mega incendio urbano-forestal de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Sabemos que el camino para volver a empezar es largo y doloroso. Por eso, hemos buscado desplegar una respuesta integral que aborde no sólo la reconstrucción de barrios, viviendas e infraestructura, sino también la recuperación de ingresos familiares, apoyos psicosociales, apoyos mientras dure la emergencia.

Pero sabemos también que eso no es suficiente. Porque en un país donde cada vez se hacen más frecuentes las catástrofes naturales producto de la crisis climática, el Estado hoy día tiene limitaciones que son muy estructurales para poder responder con la rapidez y la coordinación a la complejidad de las acciones que estas tragedias exigen.

Cuando llegamos al Gobierno, había todavía procesos de reconstrucción de tragedias de hace 10 años que no habían terminado. Por ello, el nuevo Ministerio del Interior ha incorporado la tarea de reconstrucción dentro del ciclo de gestión de riesgos en desastres, asumiendo así la conducción de procesos que históricamente estaban dispersos entre distintas instituciones, para darles una solución con más rapidez a las familias que lo necesitan.

En materia de transporte, cuando llegamos al Gobierno le hice al ministro de Transportes y Telecomunicaciones un encargo muy concreto: que no se olvide de las regiones y que siguiera mejorando el transporte público, que se asegurara de que todos los avances que impulse siempre tuvieran como horizonte la equidad territorial en todo Chile.

Por eso, cuando comparo el avance respecto de la primera Cuenta Pública, destacan trenes, buses y barcazas. Porque queremos recuperar y estamos recuperando los trenes para Chile, nuestra rica historia ferroviaria. Ya conectamos Puerto Montt con Alerce, Puerto Varas y Llanquihue. Llegaron dos trenes nuevos que van a modernizar el querido ramal Talca-Constitución, trenes para el Metro Tren de Valparaíso, la línea 2 de Biotrén y Tren Araucanía. Quiero destacar también el inicio de obras del servicio de Melipilla a la futura estación de Metro en Lo Errázuriz y la adjudicación de las obras del tren que va a ir de Batuco a Quinta Normal. Queremos llegar a transportar a más de 150 millones de pasajeros al año. También ya está en proceso de adjudicación el estudio integral para el futuro tren que unirá Valparaíso con Santiago.

Y nuestros buses eléctricos se han vuelto un motivo de admiración internacional. Hoy en Santiago operan más de 2.500 buses y pretendemos cerrar el Gobierno con 4.400. Esto significa que para entonces dos de cada tres buses en Santiago van a ser eléctricos. La ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos. Ahora, esto lo estamos replicando también en regiones en Antofagasta, Coquimbo-La Serena, Valparaíso, Colina, Rancagua, Puerto Montt y Copiapó.

Y tenemos licitaciones adjudicadas por 304 buses adicionales en Arica, Iquique-Alto Hospicio, Ovalle, Tiltil, Rancagua, Temuco. Además, la aplicación Red Regional, que entrega información de cuando van a pasar las micros por los paraderos, permite planificar de mejor manera los viajes, modernizando el sistema de transporte público.

Algo muy importante porque seguramente todos conocen a alguien que ha sufrido o ha perdido a un familiar en un accidente vial es que el 2024 fue el año con menos personas fallecidas en siniestros viales en las últimas tres décadas, gracias al Plan Calles Protegidas. Trabajemos en conjunto para que esta estadística siga disminuyendo.

El Metro es una política de Estado a la que cada Gobierno aporta su parte para ir construyendo una red más amplia y robusta. En este período nos tocó inaugurar obras que comenzaron en gobiernos anteriores, las extensiones de las líneas 2 y 3, beneficiando especialmente a vecinos de Quilicura, El Bosque y San Bernardo. La futura línea 9 está próxima a iniciar obras y conectará Bajos de Mena, Puente Alto y La Pintana directamente con el resto de Santiago.

Además, quiero anunciar con mucho orgullo la futura llegada del Metro al Aeropuerto de Santiago, desde la estación Huelén de la línea 7. Así, en tan sólo siete minutos, una persona va a poder conectar desde Cerro Navia hasta el terminal aéreo por vía subterránea, lo que pondrá a nuestro país y a nuestra capital a la altura de las grandes ciudades del mundo. Vamos a ser los primeros de Sudamérica en contar con una conexión directa vía metro al aeropuerto.

Y como estas son tareas de largo plazo, el próximo objetivo de la red de Metro, apenas esté asegurado su financiamiento, va a ser llegar con la extensión de la Línea 4A a la comuna de Lo Espejo, y una nueva extensión de la Línea 6 para llegar al poniente de Maipú.

Un ámbito de especial preocupación ha sido el desarrollo portuario y en esto los proyectos más emblemáticos son el Puerto Exterior de San Antonio que es el mayor proyecto de infraestructura portuaria en desarrollo en Latinoamérica y el Acuerdo por Valparaíso que logró, después de años de divergencias, destrabar la expansión portuaria en la ciudad con participación del Gobierno Regional, la municipalidad y la comunidad. A estos se suman la modernización de los puertos que van a ser parte del Corredor Bioceánico en Antofagasta, Iquique y Mejillones. Además, en nuestro querido sur austral, el muelle Mardones de Punta Arenas va a contar con una inversión de más de 65 millones de dólares para su ampliación.

También estamos dejando en marcha un plan para modernizar los aeropuertos del país, con mejoras en los de Valdivia, Santiago, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas, y la ampliación de los de Rapa Nui, Puerto Natales y Concón.

En materia de conectividad digital. La conexión 5G qu