Tal vez uno de los aspectos más llamativos de la reciente ceremonia de asunción al cargo del Presidente Donald Trump fue el desfile de los máximos zares de la tecnología como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai.
Lo anterior, no es más que el reflejo del peso que Trump les otorga a los líderes de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo y la clara evidencia de que la eventual regulación a sus negocios y particularmente, su tributación en otras jurisdicciones distintas a EE.UU., se hace cada vez más lejana, pues apenas el presidente electo pisó la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva indicando que todo acuerdo sobre el pacto tributario global firmado por Joe Biden quedaba nulo.
Y es que en la última década, la discusión se ha centrado en definir cómo gravar modelos de negocios altamente digitalizados en que la creación de valor no tiene nada que ver con la presencia física, sino por ejemplo, con cuantos usuarios se conectan a una red. Así, una compañía puede tener una presencia económica significativa o generar valor económico relevante en un mercado sin estar física o jurídicamente allí, lo que representa un desafío para los sistemas impositivos.
Por ello, la OCDE con su proyecto BEPS 2.0, propuso una solución en la cual una parte de las utilidades de estas empresas tecnológicas pudiera gravarse en países donde ellas no tenían presencia. Aun cuando este proyecto no ha estado exento de críticas y estuvo a punto de morir, la administración americana anterior, luego de muchas negociaciones, parecía haber logrado un acuerdo con miras a garantizar una tributación más equitativa. Un plan, sin embargo, que se termina de venir abajo sin la participación de Estados Unidos, puesto que la mayoría de estas empresas tienen sede allí.
Ahora bien, Trump no sólo anuló el pacto tributario global, sino que anunció medidas de castigo en caso de la aplicación de impuestos extranjeros a personas o empresas americanas sometidas a una tributación discriminatoria, sin contar con la creación de un “Servicio de Impuestos Externos”.
Esto no sólo tensiona las relaciones económicas internacionales, sino que podría ser un golpe de gracia al trabajo de una década de la OCDE y de la cual Chile es parte.
Sandra Benedetto
Socia del Área Legal y Tributaria de PwC Chile