El TJUE avala negar igualdad en licitaciones a empresas extranjeras cuyo paÃs no tenga acuerdo con la UE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes que las empresas extranjeras cuyo paÃs no haya suscrito un acuerdo internacional con la Unión Europea en materia de contratación pública puedan quedar fuera del derecho a reclamar igualdad de trato en las adjudicaciones de contratos públicos que se decidan en los paÃses de la Unión.
La sentencia, además, deja clara la competencia exclusiva de la Unión en materia de polÃtica comercial común y aclara que por ello las autoridades nacionales no están facultadas para aplicar las disposiciones nacionales derivadas de la legislación comunitaria sobre licitaciones a operadores económicos de paÃses terceros que no tengan acuerdo con la UE.
El caso responde a una demanda de una compañÃa turca que impugnó el proceso de adjudicación a otro operador en Croacia de un proyecto para la construcción de una infraestructura ferroviaria para la conexión de varias localidades croatas.
En su explicación, el Tribunal con sede en Luxemburgo recuerda que la UE está vinculada a determinados paÃses terceros por pactos internacionales como el Acuerdo Mundial del Comercio sobre Contratación Pública (ACP) que garantizan el acceso a los contratos públicos de manera recÃproca y por igual.
Por ello, la directiva sobre contrato público establece que los adjudicatarios en la UE no pueden ofrecer un trato menos favorable a operadores extracomunitarios de paÃses que formen parte de dicho convenio y, de hecho, esas sociedades podrán invocar las disposiciones de la directiva en cuestión.
Sin embargo, añade el Alto Tribunal europeo, las empresas de paÃses que, como TurquÃa, no hayan celebrado dicho acuerdo internacional con la Unión no pueden participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público en la Unión reclamando la igualdad de trato con respecto a los licitadores de los Estados miembro o de los paÃses terceros vinculados por tal acuerdo.
Tampoco pueden invocar las disposiciones de la normativa pertinente en materia de contratación pública para impugnar la decisión de adjudicación del contrato de que se trate.
