​Patrimonio cultural y desarrollo sostenible

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Catalina Binder



El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo encargado de velar por la protección y conservación del patrimonio cultural y arquitectónico del país. Sin embargo, en los últimos años se ha generado cierta controversia en torno a las demoras en el proceso de aprobación de proyectos de infraestructura por parte de este consejo.


Estos retrasos han generado preocupación en diversos sectores, especialmente en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano, donde se han visto afectados múltiples proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población.

Uno de los principales motivos de las demoras en el proceso de aprobación de proyectos de infraestructura por parte del Consejo es la complejidad de los trámites y la falta de claridad en las evaluaciones. Muchas veces, los desarrolladores de proyectos se enfrentan a requisitos ambiguos o contradictorios, lo que dificulta la correcta presentación de la documentación requerida y genera retrasos en la revisión.


Otro factor que incide en las demoras es la falta de recursos humanos y técnicos en esta entidad. La creciente demanda de evaluación de proyectos de infraestructura ha sobrepasado la capacidad operativa del consejo, lo que ha generado cuellos de botella en la tramitación de solicitudes y ha retrasado la toma de decisiones. La escasez de personal especializado y la falta de presupuesto para la contratación de consultores externos también han contribuido a las demoras en los análisis.


Un ejemplo de las demoras generadas en proyectos de infraestructura por parte del consejo se refiere a un hospital que beneficiaría a más de 600.000 habitantes, cuyas obras estuvieron detenidas por dos años. Otro caso es la construcción de una nueva carretera que atraviesa un área arqueológica protegida. A pesar de contar con todos los estudios técnicos y ambientales necesarios, el proyecto se vio afectado por las demoras en la evaluación por parte del consejo, debido a la falta de personal y recursos para llevar a cabo una revisión exhaustiva del impacto en el patrimonio cultural. Esto generó retrasos en la ejecución de la obra y mayores costos, que recaen en el Estado, y en definitiva, en todos los chilenos. .


Estos hechos no solo afectan a los inversionistas y constructores, sino también a la población en general, que se ve privada de la posibilidad de acceder a servicios e infraestructuras que mejoren su calidad de vida. Además, estas demoras pueden desincentivar la inversión privada y la generación de empleo en el sector de la construcción, impactando negativamente en la economía.


Para abordar este problema, es necesario promover una mayor coordinación entre el Consejo de Monumentos Nacionales y los organismos encargados del desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura, la planificación urbana y el desarrollo territorial.


Se requiere establecer mecanismos de trabajo conjunto que agilicen la evaluación de las iniciativas, sin descuidar la protección del patrimonio. Asimismo, es fundamental fortalecer la capacidad técnica y operativa de esta institución, dotándolo de los recursos necesarios para cumplir su labor de manera eficiente.


En definitiva, las demoras en las aprobaciones por parte del consejo constituyen un desafío que debe ser abordado integral y colaborativamente, buscando un equilibrio entre la protección del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible del país.


Catalina Binder,

Vicepresidenta,

Consejo de Políticas de Infraestructura

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