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Catalina Binder |
Chile, un país geográficamente largo y variado, ha enfrentado históricamente desafíos en términos de conectividad, gestión de recursos y sostenibilidad de sus infraestructuras. Estos obstáculos no solo afectan la competitividad del país, sino también la calidad de vida de millones de ciudadanos.
En un país que aspira al desarrollo, resulta incomprensible que cientos de miles de estudiantes vivan su experiencia escolar en condiciones indignas. Chile enfrenta un déficit crónico de infraestructura educativa que no solo limita el acceso a la educación, sino que daña profundamente su calidad y equidad. Es una deuda silenciosa, de esas que no generan escándalos ni portadas, pero que erosiona día a día la promesa de ofrecer igualdad de oportunidades desde la sala de clases.
La aprobación del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales por parte del Congreso representa un paso importante en la búsqueda por reducir las trabas administrativas que por años han dificultado el desarrollo de inversiones en Chile. Con más de 400 permisos sectoriales —muchos de ellos duplicados, mal diseñados o descoordinados— nadie duda de que el sistema necesita modernización urgente. Sin embargo, reducir burocracia no es sinónimo automático de eficiencia ni de institucionalidad robusta.
En un mundo donde más de la mitad de la población reside en áreas urbanas y se espera que esta cifra aumente en las próximas décadas, la planificación sostenible se ha convertido en un tema crucial.
En el umbral de 2025, Chile enfrenta una serie de retos críticos en el ámbito de la infraestructura, fundamentales para mantener su desarrollo económico y social. Las demandas del crecimiento poblacional, los efectos del cambio climático y la necesidad de una transición energética sostenible exigen soluciones innovadoras y coordinadas.
Hoy la industria de la construcción enfrenta grandes desafíos. Escasez de productos y problemas logísticos que afectan la planificación y el oportuno abastecimiento, además de la enorme alza en el precio de insumos y materiales. Esto genera un desequilibrio en los contratos licitados cuya oferta se presenta con meses de antelación al acto adjudicatorio y en base a condiciones económicas establecidas en contextos más favorables, entre otros factores.
Chile tiene múltiples desafíos en materia de infraestructura y uno de ellos es que las instituciones públicas que cuentan con recursos destinados a llevar adelante las grandes obras que el país necesita, puedan ejecutar de manera eficiente ese presupuesto.
El crecimiento de la economía es una condición indispensable para disminuir las brechas de desigualdad y elevar el nivel de bienestar de las personas y para lograrlo se requiere mantener altos niveles de inversión y aumentos sostenidos en productividad.
El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo encargado de velar por la protección y conservación del patrimonio cultural y arquitectónico del país. Sin embargo, en los últimos años se ha generado cierta controversia en torno a las demoras en el proceso de aprobación de proyectos de infraestructura por parte de este consejo.
En la búsqueda constante por mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se vislumbra una oportunidad innovadora en el horizonte: la incorporación en el sistema de concesiones de obras públicas para la construcción y operación de casas de acogida. Esta medida no solo representa una respuesta tangible a una necesidad apremiante de la sociedad, sino que también abre la puerta a un enfoque más sostenible y eficiente en la protección de los derechos de la infancia.