Infraestructura al servicio de la niñez y adolescencia
En la búsqueda constante por mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se vislumbra una oportunidad innovadora en el horizonte: la incorporación en el sistema de concesiones de obras públicas para la construcción y operación de casas de acogida. Esta medida no solo representa una respuesta tangible a una necesidad apremiante de la sociedad, sino que también abre la puerta a un enfoque más sostenible y eficiente en la protección de los derechos de la infancia.
En muchos países, incluido el nuestro, el problema de los niños y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad es un desafío persistente. Estos jóvenes, debido a circunstancias como el abandono, el maltrato o la pobreza extrema, se encuentran en la encrucijada de la desprotección, enfrentando obstáculos que amenazan su desarrollo integral y su bienestar emocional y físico. Ante esta realidad, las casas de acogida han sido, tradicionalmente, un recurso fundamental para dar un entorno más seguro.
Sin embargo, la capacidad del Estado para satisfacer esta demanda ha sido desafiada en numerosas ocasiones. La falta de recursos, la burocracia y la dificultad para fiscalizar y para mantener instalaciones adecuadas y personal capacitado han sido obstáculos recurrentes en la búsqueda de una respuesta efectiva. Es en este contexto es que la inclusión de las casas de acogida en el sistema de concesiones de obras públicas emerge como una alternativa prometedora.
Imaginemos un escenario donde empresas privadas, bajo un marco regulatorio sólido y transparente, se comprometen a construir y operar casas de acogida de alta calidad. Estas firmas, motivadas por incentivos financieros y sociales, con su experiencia podrían aportar innovación en el diseño de estos espacios y eficiencia en su gestión, garantizando estándares óptimos de atención y bienestar para los niños y adolescentes acogidos.
La implementación de este modelo tiene beneficios potenciales. En primer lugar, permite una mayor agilidad en la construcción y puesta en marcha de nuevas instalaciones, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la capacidad de respuesta ante necesidades urgentes. Además, al involucrar al sector privado, se abre la posibilidad de innovación en la gestión y prestación de servicios, fomentando la adopción de mejores prácticas y enfoques más centrados en el bienestar integral de los niños.
No obstante, es fundamental abordar ciertas consideraciones y precauciones a la hora de su implementación. La protección de los derechos de los niños y adolescentes debe ser prioritaria en todo momento y se requiere un riguroso sistema de supervisión y fiscalización para garantizar el cumplimiento de estándares éticos y legales. Asimismo, es necesario incorporar una concepción más integral e innovadora, que asegure la priorización de los niños y adolescentes en el diseño y funcionamiento de estos recintos.
En última instancia, la incorporación de las casas de acogida en el sistema de concesiones de obras públicas representa un paso adelante en la búsqueda de soluciones innovadoras y efectivas para proteger y promover los derechos de la infancia. Es una invitación a pensar más allá de los límites convencionales y a explorar nuevas formas de colaboración y acción que nos permitan construir un futuro más justo y seguro para todos nuestros niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En este camino, la creatividad y el compromiso son nuestros mejores aliado.
Catalina Binder,
Vicepresidenta Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
