Grave conflicto en empresa logística de Pudahuel origina querellas

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SL GROUP

En el más complejo sigilo se habían tramitado -hasta ahora- al menos dos querellas que incluso podrían tener ribetes de conflicto económico internacional dado que en ellas se acusa a un grupo de personas presuntamente vinculadas a una empresa japonesa y su filial local de haber ingresado sorpresivamente y sin autorización alguna, a las oficinas de una empresa chilena, en Pudahuel, accediendo de manera indebida a sus sistemas informáticos.


Según se detalla en uno de las querellas, los hechos se remontan a 2018, cuando Inversiones SL Group, fundada por Marco Jofré Marín, vendió el 51% de SL a OSI South América Holdings SpA “OSA” (cuyo controlador es la empresa japonesa Outsourcing Inc., transnacional que transa en la bolsa de Tokio) y que es representada en Chile por Cristián Carvajal y Cristian Yarur, ambos actualmente querellados, mientras que el 49% quedó en manos de Inmobiliaria e Inversiones San Enrique, propiedad de Jofré, quien ejerció como Gerente General de SL Group desde diciembre del 2019 hasta junio de 2022.


Luego de la venta, Outsourcing Inc. entregó a SL la facultad de administrar los correos del grupo (@slgroup) y este contrató, para dichas tareas y para toda la informática en general, a TD360 Group.


Al mismo tiempo, SL negoció el año 2020 con la empresa Full Logistic Services el arriendo de oficinas y bodegas (en Pudahuel), además de flota, equipamiento y soporte informático, para lo cual esta última contrató la prestación de servicios de soporte TI y del Datacenter de la empresa TD360.


Sin embargo, la relación entre los chilenos y japoneses se quebró abruptamente el 22 de junio de este año a las 9 de la mañana, cuando se efectuaba una reunión del directorio de SL, encabezada por su presidente, Kazuhiko Suzuki, los directores Yoichi Hasegawa, Naoshi Sasaki y varios otros ejecutivos de SL, además de Marco Jofré.


Jofre se dio cuenta que algo andaba mal – según declaró- cuando, en plena reunión, se percató que su cuenta de correo electrónico laboral (marco.jofre@slgroup.cl) había sido bloqueada al haber sido modificada por alguien (seguramente por instrucción de otras personas). Al menos otros cuatro ejecutivos de SL que también estaban allí sufrieron el bloqueo de sus cuentas de correos electrónicos sin autorización alguna.


Pese a que el objetivo de la reunión era otro, en ella se decidió remover a Jofré en el acto y designar a otro gerente, que hasta ese momento era gerente general de otra de las filiales de OSI en Chile. Ante ello, el empresario decidió abandonar las oficinas cerca de las 12 horas.


Apenas él se retiró, los ocupantes de cinco automóviles, en los cuales se movilizaba una decena de sujetos, ingresaron al recinto, haciéndose pasar por los nuevos dueños de SL Group.


A ellos se sumaron pronto los tripulantes de otros tres vehículos. Todos, según describe una de las querellas, llegaron de manera muy agresiva y no solo eso: intimidaron al personal de acceso, “para luego entrar derechamente a las oficinas y proceder a intimidar e interrogar al personal administrativo que se encontraba en el lugar, de la empresa que fuere”. Así lo aseveró a este medio Remberto Valdés, uno de los abogados querellantes de una de las compañías perjudicadas y que son – según señala- víctimas del conflicto. Agregó que existen además una querella por el delito de sabotaje informático de su parte y una demanda civil en donde se ha ordenado el embargo contra SL Group por más de un centenar de millones de pesos. Estas querellas y demanda, señala, ya cuentan con grado de avance en su investigación y ya han comparecido a declarar los testigos.


Dentro del grupo de intrusos había varios ejecutivos chilenos y al menos dos ejecutivos japoneses. Además, entre ellos se encontraban dos trabajadores de una empresa vinculada a OSI y supervisados por Carvajal, los cuales “comenzaron a recorrer las oficinas y dependencias, requiriendo algunos de los sujetos desconocidos que acompañaban a estos personajes la entrega, bajo presión y amedrentamiento, de las claves de los sistemas y equipos computacionales de los colaboradores y ejecutivos de SL y de FLS, para luego tomar posesión de la oficina en donde se encontraban los equipos y servidores de TD360 y FLS”, según indica una de las acciones judiciales.


En definitiva, tal como señala uno de los escritos, el objetivo era “tomarse el edificio” por medio de la presión que los recién llegados ejercían, “al punto de provocar angustia y miedo a los trabajadores de diversas empresas, que se sentían amenazados”. Se mencionan varios ejemplos de ello, destacando el caso de un ingeniero del área de IT, a quien amenazaron diciéndole que, si no entregaba las claves de acceso, tanto él como su empleador sufrirían “graves consecuencias”. Fue tal el nivel de estrés y angustia que vivió, que apenas terminó este verdadero asalto a las oficinas presentó su renuncia a la empresa.


Por cierto, la acción duró 48 horas, pues se prolongó hasta el día siguiente, el 23 de junio, cuando “las cosas solo empeoraron. Llegaron más desconocidos a primera hora, nuevamente sin identificarse. Derechamente ocuparon el escritorio del funcionario de otra empresa, el subgerente Joaquín Tirapegui, sin su consentimiento. Después se tomó conocimiento de que su correo había sido bloqueado y simplemente no pudo trabajar”.


Por su parte Marco Jofré señaló que de ello existen no solo testigos, sino también grabaciones, que muestran, además del recorrido de los sujetos por las instalaciones, los horarios de entrada y salida a las oficinas centrales en donde se encuentra la sala de servidores, de donde habrían sustraído información contenida en dos de ellos.


En efecto, peritajes particulares que les fueron efectuados muestran los accesos no autorizados a dichos equipos, así como la extracción de información que corresponde a empresas de Jofré que nada tienen que ver con SL Group, incluyendo datos comerciales claves, especialmente relacionados con sus clientes, pero también información del área de finanzas, antecedentes contables, bancarios y tributarios.


En función de ello, el ejecutivo presentó dos querellas ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, la primera por acceso indebido y sabotaje informático, y la segunda por la figura de acceso ilícito, contemplada en la Ley de Delitos Informáticos, solicitando que ambas presentaciones se acumulen a otra similar, interpuesta por Full Logistic Services.

Además, pidió que la Fiscalía emita una orden de investigar, que se le tome declaración a distintas personas y que se practique una pericia informática a los dos servidores a los cuales se habría accedido sin permiso.


Cabe mencionar que Marco Jofré declinó emitir mayores declaraciones, limitándose a decir que “los hechos están claros y en poder de la justicia, la que confiamos hará un buen trabajo”.


europapress