Tribunal Constitucional da luz verde a acusación de alcalde Jadue como imputado por prevarucación
El Tribunal Constitucional (TC), por la mayoría de sus integrantes, resolvió que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, puede ser acusado penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias, en el juicio que le interpuso la empresa Desarrollo Inmobiliaria Bellavista, a la que el edil le ha negado insistentemente desde 2013 la recepción de una de las torres del proyecto emplazado en la comuna, pese a los contundentes fallos de la Corte Suprema que lo han obligado a ello.
El TC acogió el reclamo de inconstitucionalidad presentado por la inmobiliaria a raíz de la decisión de no perseverar en la investigación anunciada por el fiscal a cargo de las indagatorias de la querella que se presentó en contra del alcalde Jadue, que se sigue en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
A juicio de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, el fiscal no sólo ha actuado con desidia al no formalizar al alcalde, sino que también en contra de lo que dispone la Constitución, al querer abandonar la investigación. Ello, pese a haber ordenado las diligencias solicitadas por la defensa de Jadue y luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de sobreseimiento definitivo, confirmando así la calidad de imputado del edil.
El TC estimó que el fiscal de alta complejidad no podía tomar la decisión de no perseverar sin antes haber formalizado a Jadue, ya que se le privó al querellante, en este caso la inmobiliaria, “su derecho a ejercer la acción penal pública que establece la Constitución”.
Asimismo, el TC resolvió que la decisión del fiscal “viola el derecho a un procedimiento racional justo que brinde protección al derecho a ejercer igualmente la acción penal”. Agrega el fallo que “el derecho del querellante -la inmobiliaria- es a ejercer la acción penal, que implica la posibilidad en la pretensión punitiva- por la vía de la acusación adhesiva o autónoma- con independencia de la decisión unilateral del Ministerio Público”.
En síntesis el TC resolvió que el que la inmobiliaria “pueda forzar la acusación es realmente una exigencia constitucional que se desprende de la facultad conferida al ofendido para ejercer igualmente la acción penal”.
La querella fue presentada en 2017 por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista para investigar los actos reñidos con la ley y probidad por parte del alcalde de Recoleta y de todos quienes resulten responsables en el litigio generado por los decretos de demolición decretados por el alcalde Jadue de los últimos años.
