¿Se cumplió realmente el Plan Oncológico de 90 días?
El Ministerio de Salud ha destacado durante las últimas semanas los avances de la alerta sanitaria oncológica y del denominado Plan Nacional de 90 días. Sin embargo, pese a la magnitud del esfuerzo desplegado y de los anuncios realizados, todavía no existe una respuesta clara a la pregunta más importante: ¿el plan cumplió el objetivo para el cual fue creado?
Sorprendentemente, hoy no es posible responder esa pregunta con la información pública disponible.
El Plan de 90 días nunca tuvo como propósito resolver todos los retrasos oncológicos del país. Su objetivo fue mucho más específico: abordar la situación de los pacientes que, al 31 de enero de 2026, conformaban el stock crítico reconocido por el propio Ministerio. Esa línea de base incluía cerca de 30 mil casos prioritarios entre garantías GES retrasadas, pacientes No GES y consultas de especialidad con sospecha de cáncer.
Esa cohorte fue el motivo de la intervención extraordinaria y, por lo mismo, es sobre ella donde debiera evaluarse su éxito.
Sin embargo, la información entregada posteriormente al Congreso, a través de la Glosa 6, señala que al 31 de marzo aún existían más de 21 mil garantías GES oncológicas retrasadas. Esa cifra ha dado origen a interpretaciones completamente opuestas. Algunos concluyen que demuestra el fracaso del plan. Otros sostienen que corresponde principalmente a pacientes nuevos incorporados durante febrero y marzo.
El problema es que ninguna de esas afirmaciones puede comprobarse.
La razón es metodológica, pero tiene enormes consecuencias para la política pública. No es lo mismo medir un stock de casos pendientes en una fecha determinada que seguir la evolución de una cohorte específica de pacientes.
Entre enero y marzo ocurrieron múltiples situaciones: personas que iniciaron tratamiento, pacientes que fallecieron, otros que salieron del seguimiento y, al mismo tiempo, nuevos casos cuyos plazos GES vencieron durante ese período. Por ello, el stock informado en marzo no representa necesariamente a los mismos pacientes que motivaron el Plan de 90 días.
La evaluación correcta exige responder una pregunta distinta: ¿qué ocurrió con quienes integraban la cohorte original?
Ese indicador sigue sin conocerse.
Bastaría transparentar información muy simple: de los pacientes identificados al 31 de enero, cuántos fueron atendidos, cuántos continúan esperando, cuántos fallecieron y cuántos dejaron de estar en seguimiento por otras causas. Separadamente, debería informarse cuántos nuevos retrasos ingresaron durante febrero y marzo.
Sólo así sería posible distinguir entre dos escenarios radicalmente distintos. Uno, que el plan haya resuelto exitosamente la mayor parte de la cohorte inicial, mientras el sistema continúa generando nuevos retrasos. Otro, que buena parte de esos pacientes siga esperando, evidenciando un impacto limitado de la estrategia extraordinaria.
Ambos escenarios exigen respuestas diferentes y conducen a conclusiones muy distintas. Sin embargo, hoy permanecen mezclados en una misma cifra, haciendo imposible evaluar con precisión una de las intervenciones sanitarias más relevantes de los últimos años.
Las políticas públicas no se validan únicamente por la magnitud de los recursos comprometidos ni por la intensidad de los anuncios. Se validan cuando sus resultados pueden medirse y verificarse. En este caso, la pregunta sigue siendo la misma desde el primer día: ¿qué ocurrió con los pacientes que dieron origen al Plan Oncológico de 90 días? Mientras esa respuesta no sea pública, cualquier balance sobre su éxito o fracaso seguirá siendo, inevitablemente, incompleto.
Luis Castillo,
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma
Ex subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal
