¿Echando a perder se aprende?
Hay situaciones recientes que hacen dudar si nuestra democracia será sostenible de no hacerse serios esfuerzos por profundizar nuestra cultura cívica. En los periodos eleccionarios y en la ocupación de los cargos por los ciudadanos electos, se ha visto que muchas de nuestras autoridades no conocen las funciones para a las cuales están postulando, y que la ciudadanía no conoce las funciones que deben desempeñar los elegidos.
Plantearé algunos ejemplos. A) Alcaldes y concejales que llenan su programa de propuestas que no dependen de ellos, ni de sus municipios, sino del Congreso y/o del gobierno central, ya que requieren nuevas leyes o modificaciones de las existentes. Por ejemplo: reformas a las pensiones, reformas al sistema de salud, etc. B) Concejales que se atribuyen inversiones públicas que se han hecho autónomamente desde el gobierno central o con recursos que ha asignado el CORE, en el cual los concejales no tienen ninguna participación, salvo un ocasional lobby o cabildeo, difícilmente atribuible. C) Candidatos a diputado que se presentan a la comunidad con programas llenos de acciones ejecutivas, que corresponden al gobierno central o a los gobiernos municipales, etc. La lista es larga, y a todos nos ha correspondido ver a candidatos y autoridades que actúan como si desconocieran las funciones para las cuales postulan o las funciones del cargo que van a desempeñar.
Sin embargo, hay dos errores observados últimamente que son insostenibles para el funcionamiento de la democracia y el control a la corrupción.
Constituyentes. La única tarea para la cual fueron electos los Constituyentes es para redactar una nueva Constitución para Chile. Eso quedó claramente establecido en el juramento que los instaló en sus respectivos cargos. La composición de la Convención Constituyente fue determinada por el 19.6 % de los chilenos que estaban inscritos en los registros electorales y que concurrimos a votar. (Es demasiado tarde para los que no participaron el buscar, ahora, empañar ese resultado). ¿Cómo se explica entonces que un puñado de constituyentes planteen que no se instalarán a menos que se libere a los Presos Políticos del Estallido Social? En primer lugar, el Estado Chileno ha declarado que no hay presos políticos. Eso es un comportamiento típico de los gobiernos totalitarios, no daré los ejemplos para no distraer la atención. Por otra parte, entre los detenidos en el Estallido social hay un número importante de delincuentes procesados, que estaban siendo buscados por las fuerzas de orden cuando fueron detenidos, darles impunidad por haber participado del estallido es un absurdo. Adicionalmente, muchos de los detenidos fueron apresados robando en propiedad privada o destruyendo mobiliario y edificaciones públicas. ¿Quieren esos constituyentes aceptar la destrucción de bienes públicos y privados como una herramienta legítima para manifestarse en Chile?
Como debieran saber los constituyentes, la institucionalidad de Chile está conformada por tres poderes autónomos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de ellos con facultades claramente establecidas en la Constitución Vigente. (Hay varias cosas de ella que no me gustan, pero sigue siendo la constitución vigente) Los redactores de la nueva constitución no pueden atribuirse funciones de ninguno de los poderes del Estado. Nuestro país debe seguir funcionando como siempre, hasta que la nueva Constitución sea elaborada y posteriormente aprobada por la ciudadanía. Cualquier intento de los constituyentes por usurpar las funciones de algunos de los poderes del Estado es eso, una usurpación inconstitucional de poderes. No importa que las causas y solidaridad de esos constituyentes sean bien intencionadas. ¿Cómo es posible que hayamos elegido a constituyentes que desde el primer día de trabajo quieran desconocer la institucionalidad vigente? ¿Los que no estén de acuerdo con la nueva constitución también tendrán el derecho a desconocerla? Los partidos políticos, las organizaciones civiles, los familiares pueden abogar y presionar por la liberación de los detenidos en el Estallido Social, pero es inadmisible que se intente convertir a la Convención Constituyente en un “chantajista” hacia los poderes del Estado. ¿Cómo es posible que nuestra institucionalidad política no nos prevenga de elegir a autoridades que no respetan la institucionalidad vigente?
B) Concejales. Se vio en esta última elección municipal que varios candidatos a concejales hacían campaña en dupla con un candidato a alcalde, aun siendo de distintos partidos y pactos políticos. ¿No sabían esos candidatos que la función más importante que le asigna la Ley a un concejal es fiscalizar las decisiones que toman el alcalde y los directivos municipales? ¿Cómo podrán entonces cumplir con la tarea que les impone la ley si hicieron campaña en conjunto? ¿No se convertirá el Consejo Municipal en un ente decorativo si la mayoría de los concejales hicieron campaña en dupla con el alcalde electo? ¿Dónde se frenarán entonces los conocidos actos de corrupción que suelen ocurrir en las municipalidades?
Estos dos ejemplos muestran un vacío que podría ser fácilmente corregible. Todo candidato debiera, al momento de inscribir su candidatura, aprobar un test relativo a las funciones que debe desempeñar. En la gestión de las políticas públicas y administración de recursos del Estado no sirve el dicho “echando a perder se aprende”. Nuestras autoridades, de cualquier nivel, debieran conocer sus funciones, derechos y deberes antes de ser electos.
Mario Astorga De Valenzuela
