​Las últimas y precipitadas 24 horas del 'caso Conde'

El procedimiento abierto contra Mario Conde por blanqueo de capitales hace dos años y seis meses pasó en 24 horas de ser una investigación viva, con nuevas pruebas vinculadas a los presuntos delitos fiscales investigados, a ser archivada sin consultar con la Fiscalía Anticorrupción porque, según el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, no estaba "debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa".A expensas de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre la posible reapertura de la investigación, fuentes conocedoras de la misma advirtieron al diario El Mundo de que el magistrado archivó el caso sin someter a un acto pericial un nuevo informe que llegó a su mesa un día antes del sobreseimiento sobre los importes declarados a Hacienda por Conde en los años 1983, 1987 y 1989. Fue el pasado 24 de octubre, a las 14.20 horas, cuando la Audiencia Nacional informó a la opinión pública de que el juez decretó el archivo provisional de la investigación abierta contra el empresario y ex banquero, y otras 17 personas, por ocho presuntos delitos fiscales, uno de blanqueo, otro de organización criminal y un delito continuado de frustración de la ejecución, antes llamado de insolvencia punible.Apenas 24 horas antes, un perito en funciones de auxilio judicial -asignado en apoyo al perito inicial nombrado por el juez- compareció en el Juzgado Central de Instrucción número 1 e hizo entrega del citado informe provisional sobre la tributación de Mario Conde. Esta nueva documentación contradecía en parte la remitida por el perito inicial, José Lacasa, siete meses antes, según confirmaron las mismas fuentes. Lacasa concluyó que no hubo defraudación tributaria.Tras la comparecencia del auxilio judicial el 23 de octubre para hacer entrega de ese informe -tal y como consta en el auto de sobreseimiento-, el magistrado instructor dictó una providencia en la que dio un día de plazo a Lacasa para pronunciarse sobre la nueva documentación aportada, según confirmaron fuentes jurídicas. Esta providencia le fue remitida por correo electrónico. En sólo 24 horas, el perito jubilado José Lacasa analizó el nuevo informe aportado y respondió al juez, que en la mañana del 24 de octubre dictó el auto de sobreseimiento. El Ministerio Público conoció la noticia del archivo al tiempo que le fue notificado el auto, junto con el informe del auxilio judicial y un nuevo escrito de la defensa de Conde como documentos adjuntos, según precisaron fuentes jurídicas.La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la celebración de un acto pericial ante la aportación de la prueba de un perito. A dicha vista deben concurrir la parte querellante y el investigado, siendo el acto presidido por el juez instructor. No obstante, "si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella", según advierte esta ley.Según las fuentes consultadas, el informe del auxilio judicial no pasó por ese acto, pese a que se trataba de nuevas pruebas sobre presuntos delitos fiscales de Conde. El juez lo remitió al perito judicial Lacasa y éste le respondió que los datos aportados "no influyen para nada ni en ningún aspecto en cuanto a la posible existencia de posibles delitos contra la Hacienda Pública", según el auto de Pedraz. Lacasa entregó su informe el pasado 15 de marzo y se jubiló un día después para empezar a trabajar en la empresa Iusfinder Madrid, propiedad de Francisco Barrilero. Éste es hermano del socio de Conde en una de las sociedades que, presuntamente, empleó ex banquero para blanquear dinero, como publicó este diario el pasado 12 de noviembre. Se trata de Fernando Barrilero y la sociedad Cooper Verde, según consta en el informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregó en el juzgado el 12 de julio de 2017 y que obra en el sumario del caso. El pasado 5 de noviembre, el Ministerio Público recurrió ante la Sala de lo Penal de la Audiencia el auto de archivo dictado por el juez Pedraz. La Fiscalía pidió la reapertura de la investigación tras alegar que existen "indicios sólidos" de que Conde oculta, presuntamente, "un considerable patrimonio" en el extranjero. Los fiscales acusaron al juez de haber cerrado "en falso" el procedimiento porque "no atiende las propuestas de investigación formuladas por la UCO".Casualmente, la Abogacía del Estado también recurrió el archivo, pero lo hizo ante el juez y fuera de plazo, como avanzó el diario La Razón el pasado 3 de diciembre. Los servicios jurídicos del Estado, que representan los intereses de Hacienda, presentaron un recurso el 19 de noviembre. Pedraz lo rechazó por estar fuera de plazo, pero remitió a la Sala de lo Penal la adhesión de la Abogacía al recurso de la Fiscalía.