Zonas de sacrificio exigen justicia ambiental
La semana pasada todo Chile pudo constatar por sí mismo las amenazas a las que están expuestas los habitantes de Quintero –Puchuncavi. Las emanaciones de metil cloroformo, nitrobenceno, tolueno, isobutano y dióxido de azufre de una o varias empresas del complejo tuvieron como consecuencia una población intoxicada, entre los cuales casi 200 niños debieron ser hospitalizados.
Ouintero Puchuncavi es una de las 5 zonas de sacrificio en Chile donde además de parque industrial están concentradas las 28 termoeléctricas a carbón que operan en Chile Tocopilla con 7 termoeléctricas, Mejillones con 8 termoeléctricas, Huasco con 5 termoeléctricas, Quintero Puchuncavi con 4 termoeléctricas y Coronel con 3 termoeléctricas. Todas estas comunas han sido declaradas zonas latentes o saturadas de contaminantes atmosféricos, y 4 de ellas tienen deficientes Planes de Descontaminación. Además de los impactos permanentes de vivir en ciudades donde se superan las normas de contaminación, en todas estas comunas en los últimos años se producen permanentemente emergencias que intensifican gravemente los impactos sobre la población, especialmente sobre los niños. Por eso estas regiones se denominan “zonas de sacrificio”
El caso específico de Quintero Puchuncavi, en los últimos años al menos se han constatado 10 emergencias entre 2008 y 2018 Los eventos más graves fueron 3 episodios en 2011, con 94 intoxicados, la mayoría de los cuales fueron niños de la Escuela La Greda; pero se volvieron a repetir en 2015, 2017 y 2018. Este año ya llevamos 4 eventos de contaminación (en marzo, mayo y agosto), destacándose los ocurridos el 21 y 23 de agosto donde fueron intoxicados en diversos grados centenares de niños y adultos, 180 de los cuales debieron ser hospitalizados en el hospital de Quintero, hospital de campaña y hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Es la evidencia de una “zona de sacrificio”.
Durante estos 8 meses de 2018 además, las organizaciones sociales de Quintero –Puchuncavi han denunciado a la autoridad 25 varamientos de carbón, 2 derrames de petróleo y 26 peaks de dióxido de azufre (SO2), además de la grave emergencia de la semana pasada. ¿No será mucho? Someter a seres humanos a estos riesgos con sus consecuentes daños es inaceptable e insostenible. Desde la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, estas emergencias sanitarias y ambientales reiteradas, evidencian un grave abandono del Estado de sus deberes éticos y políticos; y un comportamiento ilegal y criminal de las empresas contaminantes. ¡Esto debe terminar!
El gobierno debe mantener la alerta hasta la identificación de todos los responsables e iniciar de inmediato una política de reparación de los daños; de mejoramiento de las normas de calidad ambiental y prevenir de futuras emergencias. Ello requiere examen epidemiológico a la población de Quintero-Puchuncavi , empezando por todos aquellos intoxicados, pero incorporando morbilidad y mortalidad de la población en estas comunas y aumentos significativos de la atención en salud. Requiere instalar estaciones de monitoreo de la calidad del aire independientes de los que manejan las empresas y cuya información sea asequible por la ciudadanía. Requiere iniciar ahora la actualización de las normas de calidad del aire que para material particulado grueso y fino, para dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno duplican los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente requiere programar el cierre de las industrias contaminantes, empezando por las termoeléctricas con más de 30 años de operación y el parque petroquímico causante de las emergencias; ello junto a los cambios del ordenamiento territorial que impida la instalación de nuevas industrias contaminantes en estas “zonas de sacrificio”.
Sara Larraín
Chile Sustentable
