El Largo Brazo de la Ilegalidad
La dictadura judicial (la peor de todas, según Tocqueville) impera ya por 28 años. Lo es porque no respeta las leyes. Ahora acaba de conseguir que sea apresado en Argentina, para ser extraditado a Chile, el coronel (r) Sergio Jara, por un delito que no cometió. En efecto, en 1973 conducía una camioneta del Ejército que llevaba dos detenidos tras ser interrogados en el Regimiento de San Felipe, vigilados por un conscripto con un fusil ametralladora. Al descender el entonces teniente Jara para poner bencina, los detenidos intentaron fugarse, lo que motivó al conscripto a dispararles, causándoles la muerte. Los hechos fueron juzgados entonces y no hubo condenas, por considerarse que el soldado cumplió con su deber de impedir la fuga de los detenidos.
El anterior gobierno de Sebastián Piñera (su subsecretario Ubilla) se querelló por esos hechos, que estaban juzgados, prescritos y, en caso de haber habido culpa, amnistiados. Además, el autor de los disparos había fallecido. Pero la dictadura judicial condenó ilegalmente al ahora coronel (r) Jara a 18 años de presidio por una muerte en que no tuvo nada que ver. Asimismo, condenó a igual pena al comandante del Regimiento, hoy nonagenario y con demencia senil, general (r) Héctor Orozco, por haberse asomado desde el cuartel en 1973 a inquirir el motivo de los disparos que escuchó desde el interior.
Con toda razón el coronel (r) Jara procuró eludir la prevaricación y se ocultó en Argentina, pero allá ha sido ahora detenido y seguramente será extraditado a Chile para cumplir una pena por un delito que no cometió y ni siquiera existió. Porque ¿qué conducta era exigible de un conscripto al cual se le había dado un arma y ordenado impedir una fuga, si ésta se intentaba?
Pero la dictadura judicial hace caso omiso de los hechos y de lo que dicen las leyes sobre cosa juzgada, amnistía, prescripción, presunción de inocencia, obligación de probar los delitos y demás normas básicas del derecho penal chileno y mundial.
El coronel (r) Jara pasará a ser, en consecuencia, un preso político más de dicha dictadura judicial, de la que es coautor y cómplice el Poder Ejecutivo actual.
Hermógenes Pérez de Arce
