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En una nueva ceremonia de juramento de abogadas y abogados, la presidenta de la Corte Suprema se refirió al tema de los muros y el Derecho y la importancia de reconocer estas barreras para que las personas obtengan un efectivo acceso a la justicia.
En el fallo, el magistrado David Bravo Villarroel, establece que el empleador infringió las obligaciones del contrato de trabajo e incurrió en conductas que lesionan los derechos fundamentales de la trabajadora.
El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó el viernes pasado a alcalde de la comuna, Richard Alfonso Godoy Aguirre, sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de aumento malicioso del crédito fiscal de IVA u otros gravámenes de retención mediante el uso de facturas falsas reiterado y simulación o adulteración de operaciones (artículo 97 número 4 inciso segundo del Código Tributario). Ilícitos perpetrados entre 2016 y 2021.
“Que, en tal situación, la jurisprudencia ha reconocido, sobre la base de los artículos 889 y 895 del Código Civil, la procedencia de la acción reivindicatoria ejercida por el dueño y poseedor inscrito de un bien raíz contra quien detenta su posesión material”.
La jornada, orientada a fortalecer las estrategias de vinculación y apertura de la magistratura con la ciudadanía, contó en esta oportunidad con las exposiciones de dos destacados expertos académicos: la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Paulina Gómez Lorenzini, y el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio Barentin.
Estas reflexiones las realizó en el contexto de una nueva ceremonia de juramento de abogados y abogadas, en la que se refirió al aniversario del tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional y al rol de la comunidad jurídica frente a los derechos fundamentales.
“En conclusión, el proyecto de ley analizado busca fortalecer la persecución penal de la distribución digital ilícita de contenidos protegidos, mejorar la eficacia de las resoluciones judiciales en entornos digitales y reforzar la protección de los consumidores frente a dispositivos, aplicaciones o servicios que faciliten el acceso no autorizado a contenidos audiovisuales o expongan a riesgos de seguridad digital”.