Gonzalo Polanco
La opinión pública se ha visto sorprendida por el llamado “mega fraude”, a través del cual contribuyentes emitían facturas falsas, para facilitar que otros las compraran y así abultar el crédito fiscal IVA. Con este mecanismo, se busca pagar menos impuestos o, incluso, solicitar la devolución.
A pocos días de aprobar o rechazar una nueva propuesta de Constitución, conviene mencionar algunos aspectos en materia tributaria. Cabe destacar que el numeral 31, que se refiere a los tributos, reitera conceptos ya consagrados en la Constitución actual.
Hace unos días, el Colegio de Contadores publicó un documento, en el que aplicó una metodología, que muestra que el porcentaje de evasión es un 39% menor en el Impuesto a la Renta, respecto a cifras del estudio de Michel Jorrat, que es el más conocido sobre el tema a la fecha. Actualmente, no se conocen cifras oficiales y recientes sobre evasión en el Impuesto a la Renta.
Esta semana se dio a conocer que el Senado de EE.UU. aprobó el tratado para evitar la doble tributación con Chile. Tras su firma en febrero de 2010, han pasado más de 13 años.
En la legislación, se ha incluido beneficios tributarios en favor de sectores de la economía o áreas geográficas. En la Ley del IVA o de Impuesto Territorial, por ejemplo, existe una acumulación de exenciones por décadas de las que ni siquiera se recuerda su origen, si han cumplido el objetivo o han tenido una evaluación pública de su efecto.
Existen tres requisitos, para la existencia de la prestación de un servicio: la existencia de una acción o prestación, a favor de otra persona; por dicha prestación, se debe recibir una remuneración; y el servicio debe ser prestado o utilizado en el territorio nacional.
La Ley 21.420 que en cuanto a los servicios profesionales empieza a regir en enero de 2023, señala que estos serán gravados con IVA, a menos que la ley establezca una excepción. Una de ellas son las sociedades de profesionales, concepto respecto del cual no define sus características esenciales.
Con las modificaciones introducidas por la Ley 21.420 de febrero de este año, que eliminan o reducen ciertas exenciones tributarias, con el fin de aumentar la recaudación para financiar la PGU, a partir del 2023, entrará a regir el límite de dos viviendas que se pueden acoger a los beneficios de los DFL2 por persona natural, independientemente del año de adquisición.
Se han conocido los lineamientos de la reforma tributaria del gobierno, pese a que aún no se conoce en detalle el texto. La discusión se ha centrado en los ejes estructurales del sistema. Sin embargo, en las últimas reformas se ha acentuado la falta de espacio para corregir detalles, que complementan la implementación de la reforma. La normativa presenta problemas específicos, que parecen no prioritarios, pero que en su aplicación generan dificultades interpretativas, que complejizan las operaciones.
Algunos elementos a considerar sobre el aumento de la recaudación tributaria son la disminución de la evasión fiscal y el cumplimiento tributario.
Tras el anuncio de la eliminación de cinco exenciones, para financiar la cobertura del pilar solidario, en la reforma a la ley corta de pensiones, es necesario realizar algunos comentarios.
En nuestro país, se han entregado beneficios tributarios en favor de los donantes que ayudan a financiar las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que cumplen a veces funciones que los ciudadanos entregan al Estado, pero que este no puede llevar a cabo por distintas limitaciones.
El Gobierno estudia aumentar en un punto o más la tasa del impuesto a las ventas y servicios, con el fin de financiar la reforma de pensiones. Por no existir aún un anuncio formal, resulta difícil estimar sus implicancias, pero es posible hacer algunos alcances sobre el tema.
Muchos países están discutiendo cómo enfrentar los problemas fiscales, a raíz de la crisis provocada por la pandemia.
En el actual escenario, se discute cómo financiar las medidas de ayuda del Gobierno, surgiendo como propuesta la utilización del FEES, endeudarse, o una combinación de ambos. Estimaciones indican que el déficit estructural podría llegar el año 2020 a 3,2% del PIB y recién el año 2022 estaríamos en una situación similar a la del 2017. El financiamiento del presupuesto es un tema que nos acompañará por un tiempo.
En días recientes, se dio a conocer un acuerdo tributario que permitirá dar salida al proyecto de Ley de modernización tributaria. Esta nueva propuesta constituye otro anuncio de reformas sobre las parchadas leyes impositivas que rigen en nuestro país.
Tras las movilizaciones sociales, la agenda del Gobierno se ha visto modificada para atender a un número importante de demandas, lo que pondrá presión al aumento del gasto estatal, por lo que el sistema tributario será nuevamente puesto en el escrutinio público.
Debido a la actual coyuntura social que vive el país, se ha dispuesto una reorientación del proyecto de modernización tributaria.