El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó recomendaciones a los usuarios de ambas plataformas.
El organismo estatal indicó a través de una declaración pública está a la espera del pronunciamiento sobre el particular del Consejo para la Transparencia.
De contar con una normativa actualizada, podrían cursarse sanciones millonarias a empresas que incumplan estándares de seguridad de sus clientes y usuarios.
Del total de las municipalidades que informaron haber implementado estas medidas de prevención y planificación de emergencias, un 43% no lo ha actualizado en los últimos tres años.
La entidad es la única chilena que partiipa en la 40° Conferencia Internacional de Comisionados en Protección y Privacidad 2018 organizada por la Unión Europea en Bruselas.
Esto adquiere especial relevancia ante los 80 millones de visitas a los sitios web que se esperan en los tres días de la actividad coordinada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), apuntó el organismo.
El presidente del Consejo para la Transparebncia afirmó que desde ahora “las empresas chilenas tienen que empezar a transparentar políticas de privacidad claras, donde no se permitan las compraventas atadas a la entrega del número del RUT.”
Fórmula anti evasión se aplicaría en Transantiago y Metro Valparaíso.
El oresidente del CPLT, Marcelo Drago, indicó que tras el reconocimiento de la responsabilidad de esta empresa en la filtración de datos personales de clientes de la banca “es deber de la empresa transparentar a la brevedad las medidas de seguridad que implementará para que esto no vuelva a ocurrir”.
El CPLT ha recibido casi 120 mil solicitudes el primer semestre de 2018 en su portal, lo que según su presidente, Marcelo Drago, respondería a que la gente se está dando cuenta “que la información es de su propiedad”.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago valoró los lineamientos de la iniciativa. Se “abre el debate en la línea de tener nuevos sujetos obligados, de establecer reglas de transparencia más estrictas para los órganos autónomos constitucionales, para otros poderes del Estado, y avanzar en los organismos privados que reciben fondos públicos”, apuntó.
Las cifras históricas fueron dadas a conocer por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en el marco de la conmemoración de los 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia este mes.
-Las solicitudes de acceso a la información alcanzan cerca de 477 mil entre 2009 y 2018.
-333 entidades públicas han sido sumariadas en los diez años de vigencia de la Ley de Transparencia.
Presidente del Consejo para la Transparencia valoró el objetivo final de la iniciativa pero advirtió sobre sus problemas en la protección de datos personales.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) hizo llegar al Servicio Nacional del Consumidor una serie de recomendaciones vinculadas con la seguridad, confidencialidad y tratamiento de los datos personales de todos aquellos solicitaron la compensación.
Entre las propuestas del Consejo está generar no sólo listados de personas naturales sino también de empresas que cometan delitos y faltas a la probidad.
- Los planteles que respondieron al CPLT con más casos son las universidades de Chile, Valparaíso y La Frontera.
- Consejera Gloria de la Fuente destacó la respuesta de las entidades a una demanda ciudadana y valoró esfuerzos por promover el derecho de acceso a la información, a 10 años de la promulgación de la ley de Trasparencia.
El presidente del organismo, Marcelo Drago, sostuvo que el hecho pone en evidencia, una vez más, la urgencia de avanzar en una legislación moderna y así evitar el pánico financiero, la incertidumbre en el mediano plazo y que el sistema bancario se deslegitime.
Tras un proceso de fiscalización a 53 entidades comunales de todo el país, el Consejo para la Transparencia constató que el 85% (45 de ellas) ha adoptado un Modelo de gestión e informan vía Portal de Transparencia, y destacan por sobre el resto por su mejor desempeño en materia de acceso a la información
y transparencia activa, respondiendo a un convenio de colaboración suscrito entre la instancia y la Subseretaría de Desarrollo Regional.
Para el Presidente de la entidad, Marcelo Drago, es necesario velar por una legislación que junto con normar el proceso migratorio reconozca las características especiales de destinatarios con culturas diferentes y barreras idiomáticas importantes.