Corte Suprema

Para el máximo tribunal, “las tres compañías han incurrido en una conducta anticompetitiva al adjudicarse bloques en la licitación del concurso público de la banda 700, sin respetar el límite de 60 MHz impuesto como máximo que puede tener cada incumbente en el mercado de servicios avanzados de comunicaciones móviles”.

La instancia ordenó el pago de 25 mil UF (cerca de $679 millones) y  anuló lo determinado en abril de 2017 por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocaba la multa arguyendo el principio judicial “non bis ibídem".  De esta forma, el máximo tribunal confirmó la sanción impuesta por la ex Superintendencia de Valores y Seguros.

Ante tal viveza, la municipalidad de Lo Barnechea que colinda con la de Vitacura, denunció la obscena situación en la Contraloría General de la República, ente que declaró que el actuar del Seremi de Vivienda y Urbanismo era contrario a derecho y por ello el particular alegó en la Corte de Apelaciones de Santiago que la burocracia le impedía ejercer su derecho de propiedad sobre un terreno en donde quería construir espectaculares residencias.

Si bien aún existe un trámite judicial en curso. “Debe bajar a primera instancia, tiene que dictarse un cúmplase. Estamos hablando de unos 10 días hábiles para que se firme y este ejecutoriada”, explicó el director del Sernac.

Luego de ello, dijo, en dos meses se empezará a realizar el pago, es decir, en julio. Primero recibirán el pago 10 millones de usuarios, de manera automática, luego los restantes.

El mandamás de la Sofofa se equivocó de interlocutor ya que la Justicia, un Poder independiente del Estado, sólo aplica la ley vigente la que es aprobada por los parlamentarios a instancias de los gobiernos y grupos de poder. Si Larraín desea que las tramitaciones ambientales en Chile sean más apresuradas, debe relacionarse con quienes ejercen cargos de ministros o con los diputados y senadores que manejan a sus pares, pero en ningún caso con la máxima autoridad del Poder Judicial.