Consultor recursos hídricos

Durante décadas, los sucesivos gobiernos han postergado las inversiones significativas en infraestructura hídrica, ya sea por los tiempos de ejecución -que pueden durar más de 10 años desincentivando cualquier beneficio político-, por falta de recursos o, simplemente, porque no se ha tenido la convicción de que son necesarias. Sea cual sea la razón, en la actualidad hay sectores que están solicitando que se construyan embalses o plantas desaladoras, lo que ha dado origen a la Ley 21.639 para facilitar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de este tipo de infraestructura, pero además se incluyeron las soluciones basadas en la naturaleza.

La Región de Coquimbo no se preparó adecuadamente para enfrentar la crisis hídrica que está viviendo hace años y que pronto se verá agudizada con la llegada del fenómeno meteorológico de “La Niña”. Los sectores público y privado no visualizaron adecuadamente lo que está ocurriendo y, si lo previeron, no tuvieron la capacidad de gestionar soluciones ante la emergencia, como tampoco de informar a la comunidad. 

La última evaluación de desempeño ambiental de Chile entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante este mes no sorprendió, en particular, por el análisis que hace sobre la gestión del agua. Se hicieron sugerencias conocidas que ya han sido planteadas en al menos los últimos tres gobiernos. 

Una buena parte de los territorios rurales de Chile se abastece de agua a través de los 2.450 Servicios Sanitarios Rurales (SSR ex APR), reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pese a su importancia, estos se encuentran en extrema vulnerabilidad, administrativa y operacional debido a la escasez hídrica y a la compleja puesta en marcha del nuevo marco normativo de la Ley N°20.998 de 2020. La norma lleva tres años de aplicación y no se logran avances concretos.