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El solo anuncio de que el Ejecutivo estudiaba una iniciativa en esa perspectiva, provocó una enorme cantidad de cuestionamientos críticos, aún sin que se conocieran los detalles de la propuesta concreta.

En promedio, alguien que fue a la universidad tendrá ingresos 2,2 veces más que alguien sin educación superior. ¿Qué pretende el gobierno, entonces, destinando recursos a quienes más ganan en lugar de a los más desaventajados?

El académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, considera que el proyecto del Gobierno que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario debe contemplar una mayor inyección de recursos para sus planteles. Esto, porque los estudiantes del 60% más pobre no pagarán nada mientras estudian, siendo las propias instituciones las que deberán cubrir la diferencia entre el monto del beneficio y el arancel real. “Se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Universidades del Estado con muy pocos recursos”, critica.

En régimen, anualmente, los potenciales beneficiados del Sistema de Financiamiento Solidario (SFS) serían 319.132.  El nuevo instrumento será administrado por el Estado, sin participación de la banca, y que contempla un plazo máximo a pagar de 15 años con cuotas que no podrán ser mayores al 10% de los ingresos.