Recientemente se ha completado un ciclo legislativo fundamental para uno de los motores más importantes de nuestra economía. Con la publicación de la Ley 21.718 (y la reciente entrada en vigencia de su Decreto Supremo N°10/2025 de Vivienda), sumada a las últimas modificaciones introducidas por la nueva Ley 21.826 publicada el 24 de junio, el congreso ha buscado enfrentar la histórica burocracia que afectaba a los proyectos inmobiliarios y de construcción en nuestro país que daba como resultado la excesiva demora y discrecionalidad en la tramitación de permisos ante las Direcciones de Obras Municipales (DOM) que paralizaba inversiones y restaba competitividad.
