Patricio Herman

Es frecuente escuchar a los arquitectos lamentarse, primero por la falta de concursos para edificación pública y luego porque los pocos proyectos adjudicados por esa vía son descartados. El asunto no es fácil para las autoridades que deben tomar esas decisiones. Detrás de la organización de un concurso hay mucho tiempo y un gran esfuerzo invertido

La Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús ha tomado la decisión de terminar su noble cometido a fines del año en curso pues, por falta de alumnos, por el alto costo de mantención y por otras razones que explican en una circular interna, carecería de sustentabilidad económica la continuidad del colegio.

Hace un tiempo atrás una pyme de la construcción nos pidió asistencia porque la empresa Tecsa, adquirida por Salfacorp, que edificaba una torre de oficinas en el sector El Golf de Las Condes no le pagaba unas facturas, ante lo cual le contestamos que se consiguiera en la municipalidad una serie de documentos, los que una vez examinados se concluyó que el permiso de edificación respectivo estaba mal otorgado. Gracias al apremio judicial finalmente la deudora morosa cumplió su obligación.

En algunos medios digitales criticamos el proyecto de ley de los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Sergio Bobadilla, Carlos Abel Jarpa, Raúl Leiva, Christián Moreira, Erika Olivera, Pablo Prieto, Matías Walker, Rodrigo González y Marcelo Díaz en materia de Vivienda y Urbanismo, pues querían simplificar las exigencias reglamentarias y legales necesarias para la obtención de permisos de edificación y otras materias relacionadas. Dos de esos diputados, Rodrigo González (PPD) y Marcelo Díaz (PS), oportunamente borraron sus firmas en dicho bochornoso proyecto de ley, pues entendieron que fueron sorprendidos por sus colegas.

A pesar de que el funcionario municipal tenía la obligación de entregarle al solicitante esos documentos públicos, por algún extraño motivo que habrá que investigar más adelante, se los negó a pesar de que el arquitecto Zulueta leyó en su presencia dicho artículo de la OGUC. Debido a que la petición de los permisos se hizo verbalmente, a sabiendas que en Chile todo se debe hacer por escrito, el 28 de febrero de 2019, el arquitecto Zulueta ingresó en la oficina de partes de la Municipalidad de Pucón una nota formal dirigida a la funcionaria Lorena Fuentes, en su calidad de directora de obras, requiriendo copia de esos 4 permisos, señalándole que ella sí debía respetar el artículo 1.1.7 de la OGUC.

En materias de ciudad, desde hace años estamos denunciando a los gobiernos de nuestro país, como simples comparsas de aquellos que tienen el poder económico, lo cual se entiende debido a que éstos son los que financian sus campañas políticas, platas mal habidas con las cuales, los principales y más mediáticos dirigentes tanto de la Concertación como de la Derecha han llegado a La Moneda y al Congreso Nacional como diputados y senadores, a sabiendas que hay ciertas excepciones.

El Minvu ha anunciado por la prensa que le pedirá a la Contraloría una reconsideración a su dictamen y en paralelo la fundación Defendamos la Ciudad, dentro de la próxima semana, le hará notar por escrito al ente fiscalizador que ratifique en todas sus partes su resolución pues interpreta correctamente la aplicación de la ley.

bajo ninguna circunstancia hay un vacío legal, como pretende hacernos creer la DDU del Minvu de la actual administración, sino tan solo existió un intento empresarial de engañar a la débil institucionalidad.

No siempre se respetan las protecciones de estos diferentes tipos de áreas verdes y ya sabemos cómo en esta ambientalmente saturada región se perdieron miles de hectáreas verdes con la impúdica caducidad, fijada por una ley del año 2004, de las declaratorias de utilidad pública, la que se derogó tiempo después cuando ya se había ocasionado el irreversible.

Para lograr mayor certeza jurídica de los permisos de edificación, se requiere partir por someter la totalidad de los Planes Reguladores Comunales al trámite de Toma de Razón por Contraloría, de manera que el examen de legalidad sea preventivo y no a posteriori. Pero nada de eso recoge el proyecto de ley de tales diputados.