Patricio Herman

Dejándose en evidencia entonces que en esta vulgar operación comercial el Tribunal Constitucional fue un simple “ayudista” del poder ejecutivo y del poder legislativo.

La asimetría en la información disponible y las ventajas indebidas que obtienen algunos bien relacionados, por parte de las Direcciones de Obras Municipales, corrompen este sector gravitante de la economía, lo que no parece importarle mayormente a las asociaciones gremiales empresariales, a las autoridades de los distintos gobiernos y hasta a los colegios profesionales ligados a la construcción.

El mandamás de la Sofofa se equivocó de interlocutor ya que la Justicia, un Poder independiente del Estado, sólo aplica la ley vigente la que es aprobada por los parlamentarios a instancias de los gobiernos y grupos de poder. Si Larraín desea que las tramitaciones ambientales en Chile sean más apresuradas, debe relacionarse con quienes ejercen cargos de ministros o con los diputados y senadores que manejan a sus pares, pero en ningún caso con la máxima autoridad del Poder Judicial.

Esta iniciativa de la Presidenta Bachelet, aprobada por el Congreso Nacional, constituye un fenomenal blanqueo o perdonazo de permisos ilegales, contradiciendo de paso y sin pudor alguno, los categóricos dictámenes de la Contraloría General de la República referidos a diferentes PRC que tienen disposiciones prohibidas.

Si alguien de San Antonio hubiera judicializado este proyecto, el que tiene la misma omisión de no enfrentar la vía pública idónea, según su carga de ocupación, el máximo tribunal de la República lo hubiera declarado ilegal y por ello destacamos lo que dijo el concejal Jorge Jorquera en publicación del 27/04/15 en el diario Líder de San Antonio, en orden que “el mall fue mal construido ya que no cumplió con los requisitos mínimos de acuerdo a las normativas".