Patricio Cartagena

Chile tiene una oportunidad minera que no admite demoras. La transición energética y la demanda de cobre, litio y otros minerales estratégicos exigen que el país recupere dinamismo productivo y convierta sus recursos en desarrollo real. El llamado del Gobierno a simplificar la tramitación y avanzar hacia un Estado facilitador responde, en ese sentido, a una necesidad concreta: menos burocracia, certezas jurídicas, y una inversión que efectivamente avance.

Esta columna recoge y desarrolla los planteamientos centrales expuestos en el III Congreso Iberoamericano PREVETEK 2026.

La discusión pública ofrece hoy dos respuestas contrapuestas al mismo problema. Por una parte, la Contraloría General de la República optó, mediante la Resolución N°14 de julio de 2026, por sustituir el control preventivo sobre determinados actos societarios de las empresas productoras de cobre por un régimen de información posterior, dentro de diez días hábiles.

Los recientes episodios que han involucrado a Codelco —desde la controversia por la sobreestimación de cifras de producción hasta el debate jurídico con la Contraloría General de la República respecto del alcance de sus facultades de control sobre determinados actos societarios— han vuelto a instalar una discusión que trasciende ampliamente ambos casos. Más que revelar fallas puntuales de gestión, estos acontecimientos exponen una cuestión de política pública largamente postergada: si el modelo institucional mediante el cual el Estado ejerce la fiscalización de sus empresas mineras continúa siendo adecuado para organizaciones cuya escala, complejidad y relevancia estratégica distan considerablemente de aquellas para las cuales fue concebido hace casi cinco décadas.

Chile lleva dos décadas discutiendo la misma pregunta sin responderla con precisión: ¿qué hace que un sistema regulatorio sea verdaderamente capaz de sustentar decisiones de inversión de largo plazo? El debate público ha girado en torno a la velocidad de los permisos, la extensión de los plazos y la densidad burocrática de los procedimientos. Esas son variables reales, pero no son las más importantes. La experiencia acumulada en proyectos de minería, energía e infraestructura muestra que el problema de fondo no es la duración de los trámites, sino la solidez de las decisiones que los culminan.

El 18 de mayo de 2026, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el Mensaje N° 039-374, que propone modificar el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y N° 21.649 en materia de amparo minero