En Chile, hablar de infancia vulnerada se ha convertido en una frase recurrente, cargada de dolor, pero vacía de consecuencias reales. Mientras la clase política intercambia buenas intenciones y discursos, las residencias que acogen a niños, niñas y adolescentes víctimas de abandono, violencia o negligencia extrema enfrentan una crisis financiera profunda, prolongada y peligrosamente invisibilizada. Una crisis que, si no se enfrenta con decisión, puede terminar por clausurar décadas de trabajo silencioso, comprometido y profundamente humano.
