Este año comenzaron a tomar forma distintas iniciativas legales y normativas para corregir vacíos históricos en la protección de las personas mayores en Chile. Aunque muchas de ellas avanzaron sin mayor visibilidad pública, su impacto tocó la vida cotidiana de miles de adultos mayores, especialmente en materias de patrimonio, acceso a beneficios y protección frente a abusos.
Así lo explica Iván Cifuentes, perito judicial, asesor tributario y especialista en procedimientos ciudadanos, quien destaca tres iniciativas clave impulsadas este año que marcan un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda los derechos de los adultos mayores.
1. Correcciones a la rebaja de contribuciones para adultos mayores
Una de las principales iniciativas de 2025 apunta a corregir los requisitos de la Ley N°20.732, que regula la rebaja de contribuciones para personas mayores. En la práctica, la aplicación de criterios copulativos (ingresos, edad y avalúo fiscal, terminó dejando fuera a miles de beneficiarios, especialmente a quienes, pese a contar con viviendas de alto avalúo fiscal, disponen de ingresos limitados.
“Lo que nació como un beneficio social terminó convirtiéndose, en muchos casos, en una carga injusta para personas mayores que vieron amenazado su patrimonio, pues los constantes avalúos aplicadas por el servicio aumentaron el valor de los bienes, dejando fuera a muchas propiedades por el alto valor fiscal de las mismas”, explica Cifuentes. Las modificaciones buscan flexibilizar estos criterios y evitar que adultos mayores enfrenten deudas o la pérdida de su vivienda por no cumplir exigencias desalineadas con su realidad económica.
2. Aplicación y fortalecimiento del marco legal contra el maltrato y abuso patrimonial
En 2025 continuó la aplicación y el reforzamiento del marco normativo que protege a las personas mayores frente a distintas formas de maltrato, incluyendo el abuso económico y patrimonial, en línea con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile y vigente en el ordenamiento jurídico nacional.
Este marco reconoce expresamente el derecho de las personas mayores a la integridad física, psíquica y patrimonial, y obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicar prácticas como la administración indebida de bienes, presiones familiares, contratos abusivos o desinformación en decisiones económicas relevantes.
“Uno de los principales problemas es que muchas personas mayores no saben que estas situaciones constituyen vulneraciones de derechos y que existen mecanismos institucionales para denunciarlas”, señala el especialista, quien advierte que el desafío sigue siendo el acceso efectivo a la información y a canales de protección oportunos.
3. Ajustes y discusión normativa sobre apoyos económicos y trato preferente
Durante 2025 se mantuvo activa la discusión legislativa y administrativa en torno a los sistemas de apoyo económico para personas mayores, particularmente en relación con la Pensión Garantizada Universal (PGU) y su suficiencia frente al costo de la vida, así como su articulación con otros beneficios sociales.
Paralelamente, se reforzó, a nivel normativo y administrativo, el principio de trato preferente a las personas mayores en servicios públicos, especialmente en ámbitos como salud, atención municipal y trámites administrativos, un derecho que ya se encuentra reconocido en la legislación vigente y en la Convención Interamericana.
“Más allá del monto de los beneficios, el problema muchas veces está en el acceso efectivo, la información y la forma en que las personas mayores son atendidas por el sistema”, indica.
Para Iván Cifuentes, el principal reto que dejan estas iniciativas es asegurar que las personas mayores conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos. “No basta con legislar. Si la información no llega de manera clara y oportuna, los avances quedan en el papel”, concluye.
