Tres nuevas leyes despachó en la presente semana de diciembre la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Asimismo, envió al Senado otros dos proyectos, aprobó una acusación constitucional y respaldó una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur.
La primera propuesta derivada a fase de promulgación prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2029, el régimen normativo excepcional establecido en la Ley 21.450. Este se relaciona con la integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y Plan de Emergencia Habitacional.
La iniciativa (boletín 17780) permitirá garantizar la continuidad de proyectos. También, seguir avanzando con la gestión de suelo y la construcción de viviendas sociales.
Cabe recordar que la citada Ley 21.450 estableció, como una política prioritaria de Estado, el Plan de Emergencia Habitacional. Este programa habilitó un régimen excepcional y transitorio para agilizar la gestión de suelo. Asimismo, buscó facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales con alto impacto urbano y social.
El segundo proyecto (boletín 16720) aprobado por la Sala de la Cámara fortalece las exigencias para acreditar aptitudes físicas y psíquicas para la obtención de licencias de conducir. Específicamente, incorpora la obligación de suscribir declaraciones juradas donde las personas acrediten no padecer enfermedades inhabilitantes o restrictivas.
La evaluación de la idoneidad física y psíquica de postulantes y titulares de licencias de conducir deberá realizarse según un reglamento.
Por último, se aprobó un texto (boletín 17442) que modifica la Ley 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Su finalidad es regular nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. Busca prevenir los efectos negativos que podría generar un aumento abrupto de los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía a partir de enero de 2026.
La norma advierte que este aumento podría reducir significativamente la cantidad de estudiantes. Esto pondría en riesgo la sostenibilidad de los programas y la disponibilidad de futuros docentes.
Proyectos enviados al Senado por la Cámara
Dos fueron los proyectos que la Sala de la Cámara aprobó y envió al Senado. El primero de ellos permitirá aumentar en 819 nuevos cargos, en un plazo de cuatro años, la dotación del Ministerio Público.
Con esta propuesta (boletín 16374), derivada a tercer trámite, se llegará a 1034 fiscales adjuntos. De tal modo, se espera reforzar el personal destinado a la tramitación de causas. Esto incluye la creación y reforzamiento de unidades especializadas dedicadas a delitos de mayor complejidad y violencia. También considera fortalecer la operación de los sistemas de turnos y flagrancia, entre otras metas.
Igualmente, considera la modernización de mecanismos de gestión institucional. En este marco, se entregan nuevas facultades al fiscal nacional, por ejemplo, para distribuir anualmente las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía regional y de la Fiscalía Supraterritorial. Esto se realizará mediante resolución fundada, de acuerdo con las necesidades de la operación.
Finalmente, entre otras materias, se perfecciona la atención de víctimas y testigos. La idea es tener una atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios. De igual modo, se mejorará la cobertura y oportunidad, junto con equilibrar la carga actual en las unidades regionales.
El segundo proyecto (boletín 17581), enviado a segundo trámite, moderniza el decreto ley 1939, para regular normas de adquisición, administración y disposición a los accesos a bienes públicos del Estado.
El texto actualiza la norma vigente para asegurar el acceso a bienes públicos efectivos y garantizados para todas las personas. Lo anterior se promueve considerando que hoy persisten dificultades porque no existe un sistema claro y permanente que establezca los límites reales entre las zonas de uso público, como playas, riberas y cauces, y los terrenos privados.
Estado de excepción y acusación constitucional
En la presente semana, la Sala de la Cámara también aprobó una nueva solicitud del Presidente de la República para prorrogar, por 30 días, el estado de excepción en la macrozona sur.
Adicionalmente, la Corporación analizó y declaró ha lugar la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes.
El proceso continuará ahora en el Senado, donde una comisión especial de la Cámara defenderá la decisión de la Sala. Dicha instancia estará integrada por la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Ratgheb.
