​¿Cómo afectará el sobreendeudamiento del MINVU al próximo Gobierno?

La consultora Colliers analizó a fondo la situación por la que atraviesa el MINVU, que aún no ha transparentado sus compromisos financieros futuros, tras aumentar sostenidamente desde 2022 el volumen de subsidios entregados sin contar con un respaldo financiero proporcional. El Ministro Montes ya reconoció una deuda vencida de US$130 millones, pero aún no se conoce a ciencia cierta qué otros compromisos financieros vencerán en los próximos meses y a cuánto asciende la deuda total.

“El impacto ya es evidente. Las empresas constructoras enfrentan retrasos que superan los 60 días en el pago de subsidios, y algunas reportan deudas acumuladas por más de $300 mil millones. Para mantener la continuidad de las obras, muchas han debido recurrir a adelantos de facturas con costo financiero, lo que reduce sus márgenes y pone en riesgo su viabilidad. A futuro, esta situación podría generar una paralización de proyectos, una menor participación del sector privado en los programas habitacionales del Estado y una pérdida de capacidad operativa. En particular, las Pymes del rubro están en una posición crítica, ya que no cuentan con la espalda financiera para sostener estos descalces prolongados”, señala Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers.

De acuerdo al ejecutivo, “la falta de transparencia del MINVU responde a una gestión que ha priorizado la ejecución política por sobre el control presupuestario. El ministerio ha comprometido subsidios sin entregar una contabilidad clara de cuántos están pendientes de pago ni cómo se distribuyen en el tiempo. Esta opacidad impide que el Congreso evalúe con precisión el presupuesto y que el sector privado pueda planificar su participación en nuevos proyectos. La ausencia de una proyección consolidada de obligaciones futuras genera incertidumbre estructural y debilita la credibilidad institucional del Estado en materia habitacional”, detalla el análisis.

Según Colliers, “el principal error ha sido comprometer más subsidios de los que puede pagar, generando un desbalance entre las expectativas ciudadanas y la capacidad real del Estado. Desde 2022, el volumen de subsidios entregados ha crecido de forma acelerada, especialmente en el programa DS49, sin que exista un respaldo financiero proporcional. Además, se ha recurrido masivamente a mecanismos de pago anticipado a través de instituciones financieras, lo que ha trasladado el costo de la deuda a las constructoras. Esta estrategia, lejos de resolver el problema, ha encarecido los proyectos y afectado la sostenibilidad del sistema. A esto se suma una débil priorización territorial, con una concentración excesiva de recursos en la Región Metropolitana, en desmedro de otras zonas con alta demanda habitacional”.

Correa señala que esta situación deja en mal pie la construcción de nuevas viviendas sociales para la próxima administración, perjudicando a las familias que requieren de una solución habitacional. “El déficit habitacional en Chile supera las 700 mil viviendas, considerando campamentos, hacinamiento y viviendas irrecuperables. Esta cifra refleja una crisis estructural que requiere una respuesta sostenida y masiva. Sin embargo, si el presupuesto se destina mayoritariamente a pagar compromisos anteriores, no habrá espacio para nuevas soluciones. Esto implica que miles de familias seguirán esperando por años una vivienda digna, mientras el Estado se ve atrapado en una lógica de deuda y postergación. El riesgo es que el déficit no solo se mantenga, sino que aumente, especialmente si se reduce la participación del sector privado por falta de incentivos y garantías”.

El experto enfatiza que “la crisis financiera del MINVU no es solo un problema contable, sino una advertencia estructural sobre cómo se están abordando las políticas sociales en Chile. El modelo de subsidios habitacionales requiere una revisión profunda, tanto en su diseño financiero como en su lógica de ejecución. Si no se produce un cambio sustancial en la planificación y gestión, los pasivos pendientes se trasladarán inevitablemente al siguiente periodo gubernamental, afectando directamente a las familias que esperan una solución habitacional. La vivienda debe dejar de ser una meta política y convertirse en un derecho garantizado por una institucionalidad sólida, transparente y sostenible”.

De acuerdo al ejecutivo de Colliers, la situación actual se podría haber evitado “con una gestión más eficiente que hubiera sincerado los compromisos asumidos y establecido límites claros en la entrega de subsidios, alineados con la disponibilidad presupuestaria real. También habría sido clave implementar mecanismos de seguimiento financiero robustos, que permitieran anticipar los descalces y corregirlos a tiempo. La coordinación con el sector privado debió ser más estrecha, para evitar que las empresas asumieran riesgos que no les corresponden. Además, una mejor priorización territorial habría permitido distribuir los recursos de forma más equitativa, atendiendo las zonas con mayor déficit habitacional y evitando la concentración excesiva en ciertas regiones”.