(www.dipres.gob.cl)
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, participó este martes en el seminario "Punto de inflexión del gasto público" organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. El encuentro comenzó con una exposición de la autoridad de Dipres y siguió con un panel integrado por el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Sebastián Izquierdo; por el representante de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo; por el senador Ricardo Lagos Weber; y moderado por la directora de la Escuela, Andrea Repetto.
La directora de Presupuestos comenzó su presentación enumerando cinco claves sobre el gasto público en Chile. En primer lugar, explicó que el gasto público en el país ha aumentado desde el 2000 a la fecha, pero continúa siendo menor que el promedio entre países de la OCDE y que en países de similar PIB per cápita. En segundo punto, detalló que el país está "frente a un necesario punto de inflexión en el crecimiento del gasto público", lo que se refleja en que el indicador como porcentaje del PIB se ha estabilizado, luego del ajuste de 2022, en los niveles previos a la pandemia (24,4% del PIB).
Como tercer punto, la directora Martínez precisó que el gasto social ha empujado la expansión del gasto público, lo que se traduce en que, en los últimos 20 años, destaca el crecimiento en salud, educación y previsión social, junto con los intereses de la deuda. En cuarto lugar, la autoridad recordó que hay un alto porcentaje del gasto rígido y una oferta programática fragmentada. La quinta clave que señaló la autoridad -y que se abordó en profundidad en el panel posterior- fue que Chile cuenta con una robusta institucionalidad fiscal en materia de gasto que se ha ido sofisticando con el tiempo.
Posteriormente, la directora detalló los tres principales desafíos de la política fiscal actual. En primer punto, indicó que las mayores presiones de gasto hacia 2040 para los países de la OCDE podrían encontrarse entre un 4% y 10% del PIB, según el propio organismo. También relevó que las transacciones bajo la línea y pasivos contingentes se pueden convertir en presiones de gasto, y que los intereses de la deuda son equivalentes a casi la totalidad del gasto del MOP o tres veces el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Como último desafío, resaltó que el poco espacio fiscal a futuro pondrá más en tensión al gasto corriente y al gasto capital.
Para hacer frente a estos desafíos, recordó que el Ejecutivo presentó en abril un conjunto de acciones correctivas para retornar a la convergencia fiscal, y que posteriormente la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó un conjunto de 34 propuestas.
Así, la autoridad enumeró cinco principales consensos para avanzar en la rebaja y contención del gasto: las licencias médicas por su impacto fiscal en ingresos y gastos; revisar los gatillos para la expansión de gratuidad, la asignación de beneficios para la misma, y la racionalización de los actuales beneficios (becas, CAE); revisar y reasignar recursos de programas mal evaluados; el traspaso de la educación pública del nivel municipal al central conlleva una sobredotación importante a nivel de los SLEP, se requiere gestión, monitoreo y atribuciones reforzadas; y que la contención del gasto (y no solo la rebaja) también juega un rol importante a través de la eficiencia gasto en salud, reforma al empleo público y Agencia de Políticas Públicas.
Finalmente, Martínez concluyó que "a nivel internacional existen fuertes presiones de gasto sobre salud y pensiones. En Chile, si bien la reforma previsional fue un importante paso para la sostenibilidad del sistema, aún se requiere un foco especial en fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud. Es el desafío en términos estrictamente fiscales más importante".
Añadió que "la convergencia fiscal después de la pandemia ha descansado principalmente en la contención del gasto, por lo que se vuelve necesario avanzar en mayores ingresos estructurales, es decir más ingresos efectivos y mejores parámetros estructurales".
Agregó que "se requiere un acuerdo político transversal que respalde el desafío de la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo", y resaltó que "Chile cuenta con una institucionalidad fiscal sólida, con reglas claras y altos niveles de transparencia, que permite una mejor observación de las decisiones de política fiscal y refuerza la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas".