Con el respaldo de OneTrust, AlayIA Trust entrega a las compañías los mecanismos necesarios para que sus clientes y trabajadores puedan ejercer los derechos que establece la nueva ley, tales como pedir acceso, corrección o eliminación de sus datos de manera digital.
La próxima entrada en vigencia de la nueva Ley 21.719 de Protección de Datos a fines de 2026 significa una cuenta regresiva para el sector corporativo, ya que trae consigo una serie de cambios en el tratamiento y protección de los datos personales de las personas naturales por parte de organizaciones y compañías que manejan grandes cantidades de información.
Pensando en este urgente desafío, Alaya Digital Solutions lanza al mercado AlayIA Trust, una solución de tecnología que, con uso de Inteligencia Artificial, permite a las empresas mantenerse actualizadas y cumplir eficazmente con las nuevas regulaciones sobre protección de datos personales.
AlayIA Trust cuenta con el respaldo de OneTrust, plataforma líder a nivel mundial en trust intelligence, especializada en soluciones de privacidad, seguridad, gobernanza de datos, riesgo y cumplimiento normativo. Con presencia en América del Norte, Europa, Asia y Oceanía, OneTrust trabaja con más de 14.000 organizaciones —incluyendo a la mitad de las Global 2000— ayudándolas a cumplir con leyes como el GDPR y la CCPA. Esta alianza en Chile, posiciona a Alaya a la vanguardia tecnológica y regulatoria en un momento clave para el país.
Luis Sepúlveda, CEO de Alaya Digital Solutions, apunta a la urgencia que significa hoy para las empresas chilenas adaptarse operativamente a la puesta en marcha de la Ley de Protección de Datos no sólo desde un punto de vista legislativo, sino también para proteger y fortalecer la relación con sus clientes. “Este no es un tema opcional, es una inversión en reputación, confianza y seguridad que se traduce en una ventaja competitiva frente a la competencia. Para áreas como la banca, las finanzas, la salud o los seguros, el manejo de datos personales es un elemento base para construir confianza corporativa. Quedarse atrás significa poner en riesgo la reputación, la base de clientes y el negocio en su totalidad”.
Cómo funciona AlayIA Trust
Con más de 20 años de presencia en el mercado local, Alaya Digital Solutions se enfoca en el desarrollo de soluciones digitales para Chile y el extranjero, siendo capaces de optimizar procesos y reforzar modelos de negocio en industrias como finanzas, banca, retail, minería, energía, manufactura y agricultura, entre otras.
Luis Sepúlveda explica que gracias a este expertise, son capaces de implementar en las compañías los mecanismos necesarios para que los clientes, proveedores y trabajadores puedan ejercer los derechos que establece la nueva ley, tales como pedir acceso, corrección o eliminación de sus datos de manera digital.
“Lo primero que hacemos es un diagnóstico de gestión de datos, donde evaluamos cómo la empresa maneja actualmente los datos personales y se detectan brechas frente a la Ley 21.719. Luego, se diseña un plan de acción legal, operacional y tecnológico, que de manera realista, permita cumplir con la ley en etapas y sin fricciones innecesarias”.
El ejecutivo añade que en todo momento existe un asesoramiento legal en protección de datos hasta lograr una correcta implementación de la gestión de consentimientos y derechos. “Entendiendo que este proceso implica cambios operacionales y manejo de la información a nivel corporativo, añadimos el ítem de capacitación, es decir, entrenamos a los equipos para que conozcan las obligaciones de la ley y sepan cómo actuar ante incidentes”.
Cabe destacar que la Ley 21.719 entrará en vigencia en Chile a partir del 1 de diciembre de 2026. Las empresas que no cumplan con lo que estipula la normativa arriesgan multas de hasta 60.000 UTM y un daño reputacional permanente.
“Puede que algunos vean fines de 2026 como un plazo aún lejano, pero la realidad es que el correcto manejo de los datos de las personas es un tema que debe abordarse cuanto antes para que la transición se logre de manera fluida. Lo que está en riesgo es la pérdida de confianza de clientes e inversionistas y el riesgo de filtración o mal uso de datos, que a partir de entonces será sancionado. Cumplir con la ley no es solo una obligación legal: es una oportunidad para liderar con transparencia y construir confianza desde ya”, concluye Sepúlveda.