Sr Director,
La alarmante escalada de violencia que afecta a nuestros niños y adolescentes exige una respuesta urgente y contundente del Estado. Las cifras son desoladoras: 141 menores fallecidos por armas de fuego desde 2022 y ya 10 en lo que va de este año, incluyendo el reciente y trágico caso de la niña de siete años en La Granja.
Estas muertes no son solo un fallo de seguridad, sino una deficiencia fundamental del Estado en la protección de la vida de la niñez y son un fracaso de la gestión gubernamental. Medidas como fortalecer la protección en comunidades vulnerables, con equipos especializados; crear unidades exclusivas en Fiscalía y PDI para homicidios y reclutamiento infantil; y la implementación de una "alerta temprana" con cruce de datos sobre ausentismo escolar y violencia intrafamiliar podrían ayudar a evitar nuevas muertes.
También hay que articular eficazmente las políticas públicas existentes y a los diversos actores, ahora sumando al Ministerio de Seguridad.
No podemos seguir impasibles. La protección de nuestros niños es una obligación irrenunciable. El Estado debe actuar con la urgencia que la gravedad de la situación demanda.
Juan Castañeda Alcaíno,
Cientista político y académico,
Universidad Autónoma de Chile