Sistema «solidario», una estafa piramidal
Sr. Director,
La «solidaridad» en las pensiones es una de las mayores mentiras en la historia política reciente y una de las tácticas de manipulación emocional más usadas por aquellos políticos que ansían tomar el control absoluto del dinero ahorrado por los trabajadores. A menudo, dicho concepto se utiliza en el contexto de las pensiones para referirse a un sistema de reparto. En este sistema, las cotizaciones de los trabajadores activos se destinan a un fondo común para pagar las pensiones de los actuales jubilados. De forma similar, una estafa piramidal (esquema Ponzi) se caracteriza por utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Esto contrasta con el sistema de capitalización individual en Chile, donde cada trabajador ahorra para su propia pensión.
Así, es fácil comprender que cualquier tipo de sistema de reparto o «solidario» conlleva a un sistema Ponzi, pues los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales y no las suyas futuras. Además, esto es una injusticia para quienes más se esfuerzan en su trabajo y buscan sobresalir en sus áreas, ya que terminan pagando las jubilaciones a personas que, por diversas razones, no han ahorrado. Podríamos decir que el sistema simplemente es inviable; sin embargo, eso no le quita su componente piramidal.
Un ejemplo es Argentina, donde las pensiones fueron estatizadas por Cristina Fernández en 2008. Allí, las pensiones entregadas por el Estado rondan los 350 mil pesos argentinos mensuales ($331 USD) y la Canasta Básica Total (CBT), la cual marca la línea de la pobreza en dicho país, se encuentra en 964 mil pesos según los datos del INDEC. Si lo comparamos con las cifras del año 2011, cuando la pensión era de 1.650 pesos ($380 USD) y la CBT tenía un valor de 375 pesos, podemos ver la gran caída producida por la insostenibilidad del sistema, pues en aquel momento con una pensión se podían adquirir más de 4 canastas, mientras que en la actualidad la pensión solo consigue cubrir un tercio de una CBT.
En el país transandino, al igual que en Chile, se aprecia un aumento de la esperanza de vida, lo que genera que las personas vivan más tiempo después de jubiladas y, por ende, necesitan más dinero para poder vivir, y una bajada constante en las tasas de natalidad, por lo que, a medida que esto ocurre, menos jóvenes se integran al mercado laboral, lo que, sumado al dato del envejecimiento, nos deja como resultado una menor proporción de trabajadores por jubilado, generando un desequilibrio financiero insostenible en el tiempo, pues, aunque el Estado intervenga inyectando dinero en el sistema para mantener las pensiones a cierto nivel, esto solo se podrá llevar a cabo mediante el aumento de la carga fiscal, dígase impuestos.
En Chile, la idea de un sistema de aportes «solidarios» (de reparto) ha tomado fuerza tanto en la izquierda como en ciertos partidos de derecha. Sin embargo, como se puede apreciar en encuestas como CADEM o Panel Ciudadano, la idea de que el Estado administre todos o una parte de los fondos de pensiones es rechazada por al menos el 55% de la población y aprobada por menos del 30%. Si bien nuestro país está al debe con el monto de las pensiones de los jubilados, el sistema se caracteriza por su sostenibilidad, no por nada Chile se encuentra en la posición 9 en los mejores sistemas de pensiones en el Mercer CFA Institute Global Pension Index, y aunque necesita ser actualizado y ajustado, es mucho mejor este sistema sostenible pero imperfecto, a una estafa piramidal hecha para llenar las arcas fiscales y así los bolsillos de la clase política bajo el eslogan de la «solidaridad».
Tomás Ojeda Aravena,
Fundación para el Progreso
