La violencia en comunidades de edificios y condominios en Chile ha crecido en los últimos años, afectando la convivencia y seguridad de los residentes. En marzo de 2025, se han documentado casos de agresiones que afectan especialmente a conserjes y otros trabajadores de la comunidad, evidenciando la falta de prevención y protocolos adecuados.
Las agresiones a conserjes han aumentado, sobre todo en edificios con un alto número de departamentos. Estas situaciones suelen estar vinculadas a tensiones internas, incumplimiento de normas de convivencia y ausencia de medidas de seguridad claras. A esto se suma el preocupante diagnóstico de la Defensoría de la Niñez, que alerta sobre los entornos violentos que afectan a niños, niñas y adolescentes en Chile.
Uno de los principales desafíos es la falta de herramientas legales para enfrentar agresiones dentro de las comunidades. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria ofrece algunas soluciones, pero sigue siendo insuficiente para abordar conflictos graves. Frente a ello, administradores y comités de edificios han comenzado a reforzar sus reglamentos internos, estableciendo sanciones claras para quienes incurran en actos violentos. Por eso, la capacitación de administradores y personal de conserjería es esencial para enfrentar este problema.
La violencia en comunidades se ha normalizado en algunos sectores, lo que hace urgente la implementación de protocolos de acción más estrictos. La tecnología también juega un papel clave en la prevención, con sistemas de vigilancia avanzados y la conserjería remota, que reduce riesgos al minimizar la exposición del personal a situaciones conflictivas.
Esta última herramienta conecta las cámaras de seguridad del edificio con operadores altamente capacitados, que realizan todas las funciones de un conserje pero a distancia y en un ambiente seguro. Además, integra inteligencia artificial para identificar a quienes ingresan y priorizar las cámaras que detectan comportamientos inusuales o sospechosos.
El equilibrio entre el avance tecnológico y un marco normativo robusto es fundamental para garantizar la privacidad de los residentes y avanzar hacia comunidades más seguras y automatizadas. De hecho, este tipo de soluciones, además de mejorar los índices de seguridad, disminuyen el gasto en recursos humanos dentro de las comunidades hasta en un 40%, lo que representa un ahorro considerable en el gasto común de cada edificio.
La implementación de redes vecinales fortalece la comunicación y el apoyo mutuo, permitiendo detectar señales de riesgo y actuar en conjunto antes de que una situación se agrave. Fomentar actividades comunitarias genera un sentido de pertenencia y disminuye la fragmentación social, reduciendo la posibilidad de conflictos que deriven en violencia. La formación de comités de seguridad y la colaboración con instituciones locales permiten desarrollar estrategias preventivas adaptadas a cada entorno.
Por: José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro