Estudio del CPI revela brecha entre recursos disponibles para obras públicas y capacidad de ejecución

El Reporte de Infraestructura mostró que los ministerios de Obras Públicas y Salud registraron el menor porcentaje de ejecución presupuestaria en 2023, aun cuando en ambos casos el monto de inversión creció respecto del año anterior.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) entregó el nuevo “Reporte de infraestructura, ejecución de presupuestos 2006-2023”, donde se analiza en detalle la materialización efectiva de inversión pública del Gobierno central, con foco en las carteras de Obras Públicas, Vivienda, Interior, Salud y Educación.

El informe -elaborado en base a datos de la Ley de Presupuestos y antecedentes de la Dirección de Presupuestos al 31 de diciembre de cada año desde el 2006 en adelante- consideró la “Adquisición de activos no financieros” (ítem29); la “Iniciativas de inversión” (ítem 31) y las “Transferencias de capital” (ítem 33). En 2021 y 2022 se agregó el Fondo de Emergencia Transitorio “FET-COVID”, sobre partidas destinadas a inversión pública.

Una de las conclusiones más relevantes es que los últimos gobiernos han aumentado los recursos disponibles para la inversión en forma sostenida, salvo en dos ocasiones en las que se registran disminución del presupuesto. Estos corresponden a 2014, período de la presidenta Bachelet, y 2017, último año de su mandato. El 2014 fue compensado con un crecimiento del presupuesto el 2015 del 31,45%, el mayor registrado por esta serie histórica.  

El incremento de la disponibilidad de recursos no siempre ha ido acompañado de una mayor ejecución.  De hecho, en el informe se advierte que “la capacidad de inversión de las agencias ejecutoras ha aumentado más lentamente que los montos asignados para tal efecto”. En los últimos cuatro períodos presupuestarios, la ejecución ha estado por debajo del 90% de la asignación presupuestaria para inversión. El porcentaje de ejecución anual de la Ley de Presupuestos -en los subtítulos señalados- alcanzó en 2023 a un 83,7% y en 2022 a 89,3%.

“Aun cuando los porcentajes de ejecución de los años 2022 y 2023 son menores a lo asignado en la Ley de Presupuestos, sus montos absolutos son los más altos de la serie histórica. Eso se explica por el fuerte aumento en los recursos dispuestos por la Ley de Presupuestos”, detalla Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.

“El desafío para este año es elevar el nivel de ejecución, tal como la ministra de Obras Públicas anunció en su último reporte al Congreso. Alcanzar el 41% de ejecución durante los primeros seis meses del año es récord para esa cartera”, dice. 

Así, la ejecución anual promedio de la ley entre 2006 y 2023 fue de 96,9%, descendiendo a partir del 2020.

Si se compara cada gobierno, la actual administración muestra mayor inversión que los años anteriores pero menor porcentaje de ejecución, llegando a 86,5%, en lo que va de su periodo. En tanto, la ejecución del primer gobierno de Michelle Bachelet llegó a 106,5%; Sebastián Piñera (I) alcanzó 95,6%; en la segunda administración de Bachelet fue de 98,6% y el último periodo del presidente Piñera se llegó a 92%.

A nivel de los ministerios que más invierten, las carteras presentaron cifras dispares. Así, en Obras Públicas el porcentaje de ejecución de la ley de Presupuestos en 2023 registró un 76,5%; en Vivienda fue de 98,6%; Salud, un 63,3%; el ministerio del Interior y Seguridad Pública, un 96,9%; y Educación, un 74,7%.

“En el caso del MOP la menor ejecución se explica por el aumento de recursos otorgados en la Ley de Presupuestos”, explica Cruz.

Propuestas del CPI

Ante este escenario, el CPI ha planteado una serie de propuestas que tienen por propósito aumentar la ejecución presupuestaria.

Una de ellas es que los proyectos de infraestructura de carácter estratégico sean declarados como “prioridad presidencial”. Esto, pues el país requiere aumentar la inversión para recuperar su capacidad de crecimiento y la infraestructura pública es fundamental para ese efecto.

En paralelo, se ha propuesto la creación de una Consejo Asesor Presidencial para Infraestructura, independiente de los ministerios, con capacidad propia para identificar políticas de carácter nacional y regional; proponer un Plan Nacional al Presidente de la República y generar las coordinaciones entre las agencia ejecutoras.

Al respecto, Carlos Cruz enfatiza que es relevante esta nueva institucionalidad, pues la complementariedad entre las inversiones llevadas a cabo por las diferentes agencias ejecutoras “es fundamental para aumentar el alcance de las iniciativas desarrolladas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a infraestructura”.