60 años de acceso a agua potable rural
Este año se cumplen 60 años del programa de Agua Potable Rural (APR) creado por el Ministerio de Salud en 1964, luego del compromiso internacional de la XIII Asamblea Mundial de la Salud de 1959.
Los APR -que pasaron a manos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la década de los 70-, han sido una política pública exitosa reconocida nacional e internacionalmente, que logró una cobertura de agua potable cercana al 98%, en localidades rurales concentradas y el 50% en semiconcentradas, abasteciendo a dos millones de personas distribuidas en más de 2.400 localidades y una inversión estimada de US$1.500 millones. Hoy, queda pendiente dotar de suministro de unas 500 mil personas, distribuidas en diversas comunidades, donde la cobertura del saneamiento efectivo, no alcanza al 8%.
Este aniversario llega en pleno proceso de cambio institucional y operacional, tal vez uno de los más relevante desde 1977. El proceso marca el término un ciclo exitoso del APR y el inicio de otro, donde lo más relevante es la incorporación del saneamiento de las aguas servidas al servicio de agua potable existente.
La relevancia y profundidad de esta nueva etapa, está en los nuevos estándares de eficiencia exigidos en la gestión y operación, que no son alcanzables, ni sustentables con los procesos actuales. En consecuencia, la transformación de los APR a Servicios Sanitarios Rurales, dependerá de la capacidad de cambio de las cooperativas y comités y sobre todo de la capacidad de gestión del cambio del MOP, encargado de este proceso.
Los factores que respaldan este cambio son los requerimientos de una sociedad globalizada, tecnificada y exigente, junto a una prolongada y severa escasez hídrica estructural, que necesita una gestión distinta, técnicamente eficiente, una tarifa o subsidio que esté conectado a los costos de explotación, pero que asegure a las personas el acceso universal a estos servicios. También influye el reconocimiento de Chile el 2010 del derecho humano al agua potable y el saneamiento en la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2016, donde el agua es un recurso relevante en la calidad de vida de las personas, además de la enorme brecha en la cantidad y calidad del servicio sanitario urbano con el rural.
La Ley 20.998 generó un cambio y con el que quedaron fuera de este proceso más de 1.200 localidades con agua potable pero que son gestionados por terceros. Esta ley que sin ser excelente es un importante avance que exige mayor profesionalismo y tecnología en la gestión y operación, nos hace ver que en la actualidad, ya no basta la participación voluntaria de las comunidades, que cuentan con una asesoría técnica precaria por el MOP.
Este proceso es complejo y largo, serán las cooperativas o comités rurales los que deberán soportar el cambio, aun cuando la mayoría de ellas no están preparadas. Todo esto, en un entorno donde los procesos deben ser sostenibles, incorporados a economías circulares, con infraestructura resiliente y energías renovables. Todo, considerando que el país tiene una escasez hídrica permanente.
Gabriel Caldes,
Miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
