Controversias en el Sistema de Monitoreo de Tobilleras para reos
En el actual escenario, donde la seguridad es el eje central para el gobierno, el tema penitenciario es central. De hecho, el tema se trató en la sesión del 23 de enero pasado en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. La sesión fue catalogada como secreta, y se centró en “analizar diversos aspectos relacionados con la situación penitenciaria en el país”. En esa instancia participó el Ministro de Justicia, Luis Cordero y el Director Nacional (s) de Gendarmería, Víctor Provoste, entre otros.
Dentro de varios temas vinculados a la situación carcelaria nacional, se encuentra la vigilancia telemática, que en el caso de Chile se materializa a través de tobilleras electrónicas, cuyo proveedor es la empresa Track Group, que debió extender vía trato directo el contrato que tiene por concepto de vigilancia de violencia intrafamiliar, que venció el 6 de enero pasado.
Una externalidad positiva del monitoreo telemático v/s el encarcelamiento, es que se trata de una medida mucho más económica, que además permite disminuir el hacinamiento carcelario y concentrar en los establecimientos penitenciarios a aquellas personas que efectivamente requieran estar allí por razones de seguridad.
Para el logro de objetivos, es relevante que el proceso de licitación sea claro y transparente en cada una de sus etapas y así no repetir la experiencia de la licitación anterior en el año 2017, proceso que sufrió demoras y reparos por parte de los oferentes, cuando Gendarmería adjudicó la licitación a la empresa Global Systems Chile que obtuvo el tercer puntaje, hecho que se enmienda tras un proceso extenso de judicialización. Esta decisión generó controversia entre las dos firmas no seleccionadas, Pegasus S.A. y Track Group, quienes presentaron recursos y realizaron declaraciones en la prensa para impugnar la elección, y que, tras un prolongado proceso, en julio de 2020, Gendarmería anunció a Track Group como la empresa ganadora, la cual ha sido su proveedor exclusivo desde 2013 en Chile.
Sin embargo, la controversia persiste, ya que Track Group hoy en día se encuentra sometida a una serie de multas millonarias que le cursó Gendarmería de Chile por no cumplimiento de los contratos, lo que motivó que la empresa interpusiera una demanda en el 11º Juzgado Civil de Santiago para revertir el pago de estas multas que dicen relación con el atraso en la puesta en marcha de un centro de monitoreo en la ex cárcel de Chin Chin, ubicada en la ciudad de Puerto Montt.
Track Group ha iniciado acciones legales contra Gendarmería, alegando un incumplimiento grave del contrato por parte de la institución. Esta situación ha vuelto a poner en tela de juicio la transparencia y eficacia del proceso de licitación y contratación de servicios de televigilancia en el país y el hecho que este proveedor dedique mucho tiempo a litigar en tribunales.
Gendarmería recientemente publicó las bases de licitación para el suministro del servicio de televigilancia a través de dispositivos electrónicos, específicamente tobilleras electrónicas, destinadas a personas condenadas a penas sustitutivas en libertad, con este hecho nos encontramos en proceso de esta gran licitación internacional con presupuestos que superan los 50 mil millones de pesos y que debiera ser parte de los ejes centrales de las políticas de seguridad penitenciaria
Falencias en tobilleras para agresores de violencia intrafamiliar.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, designa como una de las medidas la implementación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de agresores de violencia familiar, pero esta plantea una serie de desafíos y preocupaciones, especialmente en lo que respecta a la seguridad y protección de las víctimas involucradas en estos casos sensibles.
En la prevención de la violencia de género, desde la prevención del acoso hasta la mejora de garantías procesales, en el que la ley establece el monitoreo telemático para casos de violencia intrafamiliar (VIF), es protagonista de diversos cuestionamientos en su implementación.
La complejidad del proceso se ve reflejada en el caso del contrato de monitoreo de medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar, que actualmente se encuentra en ejecución con la empresa Track Group, con cuestionamientos sobre la operatividad y la gestión de estos mecanismos, que deja a las víctimas bajo la vigilancia de tobilleras electrónicas enfrentando una situación de vulnerabilidad extrema. Estas personas, que han sido sometidas a situaciones de abuso y agresión en sus propios hogares, dependen en gran medida de la efectividad de estos dispositivos de monitoreo para garantizar su seguridad y bienestar.
Sin embargo, la realidad muestra que las tobilleras electrónicas no son infalibles y presentan fallas técnicas que pueden poner en riesgo la integridad de las víctimas. El hecho de que estas tobilleras “se caigan con frecuencia”, como se ha señalado en informes recientes, representa una amenaza directa para la protección de las víctimas.
Es de esperar que este nuevo proceso licitatorio permita corregir las falencias que presenta el actual sistema y que la participación de importantes consorcios nacionales y extranjeros eleve el nivel de seguridad con que cuenta hoy Gendarmería de Chile
