¿Es inconstitucional la Ley de Texas que penaliza la inmigración ilegal?

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un reciente fallo permitió a Texas aplicar la controvertida ley conocida como S.B. 4., aprobada por el Senado de Texas, la cual tipifica como delito la entrada ilegal de extranjeros en su territorio–es decir, fuera de los controles inmigración de ese Estado- lo que a su vez permite a la policía detener a cualquier inmigrante que haya ingresado de manera ilegal. Luego, los jueces podrán ordenar su regreso de manera inmediata si estos aceptan salir del país, evitando cumplir la pena asociada al delito de ingreso ilegal. Una parte controvertida de la ley es que se podría arrestar a personas sospechosas de haber entrado ilegalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, el fallo de Corte Suprema no era una decisión final, sino que se pronunciaba solamente sobre la procedencia de la mantención de medidas cautelares en ese caso. La administración de Biden, había presentado una demanda para impedir la aplicación de esta ley, la que debía regir inicialmente el 5 de marzo de 2024. Se presentó además una demanda paralela, por el condado de El Paso y dos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, a las cuales se les dio tramitación conjunta.

La demanda está consiguiendo su objetivo, ya que, a fines de febrero, el juez David Ezra, magistrado federal del Distrito de Texas, San Antonio y Austin- emitió una orden cautelar, que prohibía a Texas aplicar la ley mientras continuara el litigio. Esta decisión fue apelada por Texas ante la corte de apelaciones del 5 Circuito de tribunales, con base en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, estado vecino a Texas y se está a la espera de este fallo.

Los argumentos para declarar la ley inconstitucional son variados.

Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración", argumentó Estados Unidos en su demanda, que dice haber presentado para preservar "la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos."

Y es que en Estados Unidos la defensa de la Constitución está entregada a todos sus jueces, aunque la última palabra la tiene la Corte Suprema del país ya que sus sentencias tienen efectos vinculantes no sólo para las partes del juicio, sino para todos los restantes poderes del país, estatales y federales. Es por esto que en Estados Unidos se habla de la supremacía del poder judicial (judicial supremacy), la cual se estableció desde muy antiguo en el célebre caso Marbury v. Madison, en la que el juez John Marshall puso en evidencia el poder del juez para aplicar la Constitución por sobre una ley, pudiendo dejar de aplicarla.

Por su parte, el gobierno de Texas argumenta que no había otro camino que esta ley, ya que la Administración Biden ha abandonado a este Estado y no hace frente a una invasión a gran escala de los cárteles criminales transnacionales a través de la frontera sur. El gobernador de Texas Abbot realizó una declaración de "invasión" de lo que señala ser una afluencia repentina y sin precedentes en Texas de actores no estatales hostiles lo que justifica las iniciativas de la Operación Estrella Solitaria, y además la promulgación y aplicación de la SB4.

Este argumento se basa en una disposición constitucional, que establece que los Estados no pueden entrar en guerra "a menos que sean realmente invadidos". Pero claro, muchos expertos jurídicos, citando la historia de la redacción de la Constitución, han señalado que incluso un gran número de solicitantes de asilo y migrantes económicos desarmados no constituyen una "invasión".

El gobierno de Estados Unidos argumentó que "bajo ningún punto de vista razonable, la migración irregular o las actividades de contrabando de los cárteles criminales pueden equivaler a una 'invasión' que justifique que Texas entre en “guerra'", argumento que recepcionado por el juez Ezra al señalar durante los alegatos en su corte, que no se trata de una invasión militar. Este razonamiento es correcto, porque una invasión es una acción militar que consiste en la entrada de las fuerzas armadas de un país extranjero en el territorio de otro país, normalmente con el objetivo de conquistarlo o de cambiar el gobierno establecido.

Y entonces las bandas de narcotraficantes que ciertamente no son fuerzas armadas de un país extranjero, pero que sí generan claramente un grave peligro y daño permanente en el país, ¿no deberían ser consideradas como un tipo de invasión? Claro, es distinta a la militar, pero igual de letal.

Los argumentos en juego son muchos más y lo único cierto es que este caso volverá a escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

Y en Chile, mientras tanto ¿Qué ocurre? Se sabe que por las fronteras completamente abiertas del norte de nuestro país y por pasos ilegales ingresan no solo inmigrantes en busca de una vida honrada y de trabajo, sino todo tipo de delincuentes y organizaciones criminales. El país entero tomó conocimiento del secuestro y asesinato por móviles políticos planificado según, el Fiscal a cargo del caso, desde Venezuela, de un ciudadano de ese país. Los asesinos entraron y salieron sin ningún tipo de control.

¿Cuáles serán las variaciones que se introducirán a nuestras políticas migratorias?

Francisco José Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Ll.M California Western School of Law

Profesor de Derecho Procesal Civil

Universidad Católica de Chile