Comisión de Hacienda de la Cámara despachó a Sala el Proyecto para Combatir el Sobreendeudamiento

|

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el Proyecto de Ley que Adopta Medidas para Combatir el Sobreendeudamiento, Enfrentar el Fraude Bancario e Incentivar el Uso Responsable de los Medios de Pago, despachándolo a la Sala para ser viso la próxima semana. Esta iniciativa fue respaldada la jornada del martes por la Sala del Senado, por unanimidad, tras ser objeto de más de 50 indicaciones que perfeccionaron su contenido.


En la sesión de este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado de la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, y el Coordinador de Mercado de Capitales, Alejandro Puente, expusieron los principales lineamientos de este texto, que incluye varios temas relacionados al programa Fogaes vivienda y construcción, el nuevo programa de refinanciamiento de deudas de personas sobreendeudadas, la regulación de los pagos mínimos de las tarjetas de crédito y modificaciones para enfrentar el incremento de fraudes bancarios y otros delitos asociados.


En su exposición, Marcel, en el contexto del nuevo programa de garantías para el refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales dentro de Fogaes, que incentiva a las instituciones financieras a refinanciar las deudas de personas con un alto nivel de endeudamiento (relación deuda/ingreso), explicó que “dado que estamos hablando de situaciones de alto endeudamiento y con algún grado de morosidad, significa del punto de vista del banco para efectos de sus provisiones que ese tipo de préstamos (de consumo) tendrán una provisión alta. Entonces, qué es lo que hace este proyecto: al ofrecer una garantía del Estado, sube la calidad o baja el riesgo a ese crédito y por lo tanto se traduciría en un préstamo que era riesgoso a un préstamo considerablemente menos riesgoso”.


Cabe recordar que en el Senado se introdujeron cambios consistentes en ajustes a los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) de Construcción y Vivienda, a fin de potenciar el apoyo a los sectores inmobiliario y de la construcción. Esto, debido a que el aumento en los costos y la caída en la demanda han comprimido sus márgenes y deteriorado la capacidad de pago de las empresas de estos sectores. En esta línea, ambos programas extenderían su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.


Por otro lado, se trasladó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito, evitando que el pago de montos muy por debajo de lo facturado genere un costo no previsto por el deudor.


También se incorporaron mejoras a la Ley de Fraudes para combatir el alza que se ha registrado en el desconocimiento de transacciones bancarias, los llamados auto fraudes, y otros delitos asociados a comportamientos oportunistas, que se han incrementado significativamente en el último tiempo afectando tanto a los consumidores financieros como a las instituciones financieras, especialmente BancoEstado. Esta institución, señaló el ministro, solo en la primera semana de marzo recibió reclamos por desconocimiento de transacciones equivalentes a US$11 millones, por lo que también se genera una afectación a las arcas fiscales al generar menores utilidades. Se destacó la creación de un nuevo procedimiento de suspensión, cualquiera sea el monto reclamado, cuando el emisor tuviere indicios suficientes de la existencia de dolo o culpa grave del usuario, para luego presentar los antecedentes al juzgado de policía local respectivo solicitándole autorización para mantener dicha suspensión.


Por lo mismo, indicó la autoridad, se incorporan tres cambios sustanciales en el procedimiento: “Primero, se cambian los plazos a diez días hábiles en términos generales y 15 en el caso de giros de cajero automático. Esto permite que haya alguna acción legal de por medio, porque cuando hay solo cinco días para efectuar un reembolso y cuando se trata de miles de operaciones, obviamente los bancos no tienen la capacidad para efectuar las denuncia los juzgados de Policía Local. En segundo lugar, permite que el límite, el umbral dentro del cual se efectúa esta devolución, se pueda hacer distinto a la forma actual, dentro de márgenes fijados entre 15 UF y 35 UF. Y tercero, se hacen cambios al procedimiento en el sentido de que la persona tenga que hacer una declaración jurada y también una denuncia con validez jurídica, para que se efectúe el reembolso”, finalizó.


europapress