Seguridad Pública: el rol de la política
El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema social que ha desafiado a las autoridades y a la sociedad en general (la percepción del aumento de la delincuencia en el país el año 2022 fue en promedio de 90,6%, con una variación de 3,7 p.p., respecto del año anterior, ENUSC 2022). El dato objetivo, (CEAD, SPD) al año 2023 evidencia que las denuncias crecen 1,8% respecto del año 2022. El mayor crecimiento se observa en los delitos con mayor connotación social que crecen un 5,1%; Infracción a la Ley de Armas (11,1%) Abigeato (19,6%), entre otros.
Este problema no conoce límites geográficos ni territoriales, ya que nadie está exento de ser víctima, así, la inseguridad se ha transformado en un problema que enfrenta gran parte el mundo y cuyas causas se han estudiado desde distintas disciplinas. Sin embargo, los diversos aportes desde perspectivas biológicas, sociológicas, económicas, ambientales y antropológicas no sólo confirman la complejidad del fenómeno, sino que también con sus aportes y propuestas tensionan la política y a los políticos para la definición de acciones específicas.
A esto se suman los resultados de discusiones ideológicas de larga data que reconocen que la delincuencia se genera también por la falta de igualdad, inequidad y acceso a servicios básicos como educación, vivienda y salud que afectan a millones de personas en el orbe.
Cómo claramente no se puede hacer todo y menos al mismo tiempo -dada la limitación de recursos- las soluciones no logran ser sistémicas, sino que tan solo parciales al igual que sus resultados.
En el caso de Chile, se han implementado estrategias de prevención a nivel primario, con el objetivo de reducir las inequidades sociales, económicas, culturales, ambientales y educativas que afectan a grupos en situación de riesgo. También se ha abordado la inseguridad ciudadana desde la perspectiva de la prevención situacional, interviniendo en las condiciones estructurales y el desarrollo urbano que pueden facilitar la comisión de actos delictivos.
Se han realizado también cambios institucionales significativos en el sistema de justicia, como la reforma procesal penal y la mejora de los sistemas de registros y estadísticas policiales. El avance tecnológico también ha desempeñado un papel importante, con la implementación de programas de prevención en base a data, mecanismos para control biométrico, lectura de placas patentes y se ha fomentado y regulado el desarrollo de la industria de la seguridad municipal y privada.
En el ámbito policial, Carabineros de Chile ha colaborado en estas estrategias, implementando hace un tiempo un sistema de vigilancia por cuadrantes, mejorando continuamente su infraestructura técnica y capacitando a sus integrantes. Una vez más, como se ha insistido en los últimos 15 años, en conjunto con el Gobierno buscan revertir la tendencia a la baja de su dotación y generar espacios para plantas administrativas que sean ocupadas por exfuncionarios o civiles, con el objetivo de aumentar su capacidad de respuesta operativa. En este contexto se da también la discusión del aporte de elementos de las fuerzas armadas en el ámbito de la vigilancia y cuidado de la denominada infraestructura crítica.
A pesar de todos estos esfuerzos bien encaminados e intencionados, las situaciones de violencia continúan siendo titulares en la agenda pública. La seguridad debe abordarse como una política de estado y para ello la política y los políticos tienen que estar a la altura. Debe ser una política de consensos y de largo plazo que impida a los ciudadanos tener que optar entre mayor libertad o mayor seguridad.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
