¿Quién administra y gobierna en la región?
La modernización del Estado y la descentralización son dos procesos fundamentales para el desarrollo y la eficiencia de la administración pública y son materias políticamente transversales de cuasi consenso entre los distintos partidos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que la modernización del Estado implica la actualización y mejora de sus estructuras y procesos, adaptándolas a las demandas y desafíos de la sociedad contemporánea. Por otro lado, la descentralización busca redistribuir el poder y la toma de decisiones desde el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, como las regiones y los municipios. Este enfoque pretende lograr una gestión más eficiente y cercana a las necesidades de la población, dado que las autoridades locales conocen mejor las realidades y problemáticas de sus territorios debido a su proximidad con la comunidad.
A pesar de los beneficios que puede aportar, la implementación de la descentralización en nuestro país no ha estado exenta de dificultades. En la actualidad, dos figuras separadas, el Delegado Presidencial y el Gobernador Regional, pueden entrar en contradicción en el mismo territorio, lo que añade complejidad al proceso. El Gobernador Regional, según la Ley 21.074, tiene la responsabilidad de la administración superior de cada región del país, con el objetivo de promover el desarrollo social, cultural y económico en su área de influencia. Debe velar por un desarrollo armónico y equitativo de los territorios, tanto en aspectos económicos como sociales y culturales. Por otro lado, el delegado Presidencial Regional es responsable del gobierno interior de la región y de coordinar, fiscalizar y supervisar los servicios públicos que operan en la región y que dependen o están relacionados con el presidente de la República a través de un ministerio. Esta diferenciación entre la función de administrar y gobernar sin duda genera tensiones y obstáculos para la implementación efectiva de políticas públicas a nivel regional.
La normativa actual establece que la representación presidencial en la región abarca todas las competencias relacionadas con la representación ministerial en cada territorio, lo que limita la capacidad del Gobernador Regional para establecer un gabinete sectorial regional. Esto coloca al Gobernador en el desafío de coordinar acciones interministeriales a nivel regional, estando condicionado a la voluntad del Delegado Presidencial y de los jefes de Servicios Regionales para implementar iniciativas de desarrollo regional. En este contexto, se destaca la importancia del poder de negociación del Gobernador, que más allá de su liderazgo personal, radica en la capacidad de obtener financiamiento para impulsar estrategias nacionales con enfoque regional.
A casi terminar el primer período de gobernadores regionales electos, este diseño normativo, suscrito por todos los sectores políticos merece revisarse ya que limita drásticamente los procesos de modernización del Estado y de descentralización que buscan mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública. Sí estamos de acuerdo en qué esos son los principales objetivos, mantener el actual e imperfecto marco legal nos demuestra el cortoplacismo, egoísmo y miopía de los partidos y sus parlamentarios, que insisten en declarar públicamente una promesa a la ciudadanía imposible de lograr.
Américo Ibarra Lara,
Director Observatorio en Política Pública del Territorio,
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido,
Universidad de Santiago de Chile
