Instrumentos de evaluación de desempeño: mejor gestión pública o justificación de incentivos

Así como otros países de AL y el Caribe, Chile ha destinado recursos (humanos, tecnológicos, físicos y financieros) al diseño e implementación de instrumentos destinados a mejorar los desempeños institucionales. De esta manera, el Estado se ha hecho responsable no solo de resolver los problemas de interés público, sino de imaginar e implementar una metodología que permita la evaluación sobre el conjunto de compromisos que las instituciones de la administración del estado ha definido para cada periodo. La agenda de modernización del Estado, una reforma administrativa y un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño sobre la gestión pública son condiciones esenciales para promover un crecimiento y desarrollo económico sostenible y estable.

Lograr una gestión pública efectiva, eficiente, eficaz y de calidad es clave en el proceso de intermediación entre la implementación de las políticas públicas y sus resultados. Mejorar la gestión pública implica definir estrategias que optimicen la productividad del gasto público y mejorar directamente los bienes y servicios, contribuyendo no sólo a aumentar el bienestar de la población, sino que también la productividad y competitividad del sector privado. Evaluar la gestión implica medir y contrastar sistemáticamente los resultados obtenidos con los comprometidos. Lograr una gestión más eficiente y comprometida con los resultados implica transformaciones importantes en el funcionamiento de las instituciones públicas.

En este sentido, es importante reconocer el nivel de incorporación a la cultura del control de gestión en la administración del estado; sin embargo, está claro que algo no funciona bien o al menos genera una inquietud razonable. Si bien es cierto el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y otros instrumentos tales como Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) han tenido un rol central en la instalación de sistemas básicos para mejorar la gestión pública y en la implementación de una cultura de medición, resulta incomprensible o paradójico que prácticamente el 100% de los funcionarios reciban estos incentivos, el que ya se consideran como derechos adquiridos. Evidentemente existe alguna falla en el diseño, la que probablemente sea que los indicadores de desempeño sean bajos o poco exigentes y por lo tanto fáciles de cumplir. Algo hay que hacer ya que al final del día somos todos los chilenos los que financiamos por concepto de incentivos de desempeño colectivo, institucional e individual, un gasto fiscal que crece en más MM$850.000 anuales (22,7 Millones de UF anuales). Está bien premiar a los mejores, pero claramente no son todos los funcionarios públicos ni todas las instituciones del estado las que merecen recibir estos significativos incentivos económicos.

Américo Ibarra Lara,

Director Observatorio en Política Pública del Territorio,

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido,

Universidad de Santiago de Chile