Arriendo con subsidio público

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AMERICO IBARRA

Desde principios del siglo XIX en nuestro país se han definido y desarrollado políticas y programas que junto a una institucionalidad pública establecida, ha buscado resolver los problemas habitacionales y/o de vivienda tanto para sectores vulnerables, emergentes y clase media. Todo indica que su enfoque preferentemente se ha concentrado en priorizar la solución definitiva y su tenencia como respuesta a los problemas habitacionales; es decir, la opción es la casa propia y no resolver necesariamente la necesidad de alojamiento como vía alternativa.


En esta línea pareciera que el ejecutivo insiste en fortalecer e incrementar la oferta pública en viviendas sociales para enfrentar el déficit habitacional (un problema endémico), y ha mantenido instrumentos para sectores emergentes y clase media en la forma de subsidios para la adquisición de una vivienda. En efecto, para sectores vulnerables, y considerando entre el DS 49 y DS 10, se han otorgado 356 mil unidades de subsidios con un costo de 365 millones de UF. En tanto, para sectores medios, el DS 01 ha otorgado 333 mil subsidios con un costo fiscal de 121 millones de UF. Estos programas están orientados a la obtención de una vivienda en propiedad.


A partir del año 2013, y dado el creciente aumento de la demanda por el programa de subsidios sin deuda del MINVU (DS49), focalizado principalmente en allegados, nace el programa “subsidio al arriendo” como una alternativa que facilitaba el acceso a familias jóvenes vulnerables al mercado de viviendas de alquiler, toda vez que en su mayoría no eran sujetos de créditos hipotecario. Luego, se podría suponer que el programa se diseñó como un instrumento alternativo, de carácter transitorio, que evitase por un lado la presión social de los comités o bien fuese un camino que permitiera direccionar al potencial beneficiario al subsidio establecido en el DS 01. Cabe precisar que, a julio del año 2023 se habrían otorgado cerca de 108 mil subsidios al arriendo con un costo estimado de 19 millones de UF.


Resulta evidente que el programa “subsidios al arriendo” tiene capacidad de expansión a otros segmentos de la población que aun cuando no tienen capacidad de acceder a la “casa propia” si tienen capacidad financiera para asumir el pago de un alquiler y resolver con ello su problema de alojamiento.


Fortalecer el programa de subsidios al arriendo podría ser una fórmula financieramente más adecuada y eficiente para enfrentar la necesidad de vivienda de sectores medios, al tiempo que podría ser un programa que entregue una solución de carácter permanente. Existe una generación de jóvenes, migrantes, adultos mayores y jefes de hogar que podrían razonablemente resolver su necesidad, teniendo acceso a un subsidio de arriendo. Profundizar el mercado de alquiler requeriría establecer incentivos para que los privados desarrollen proyectos de inversión inmobiliaria destinadas preferentemente al mercado de vivienda de alquiler. 


Américo Ibarra Lara,

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile

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