​La creciente sensación de inseguridad en las empresas refuerza la necesidad de estar preparados frente a la nueva Ley de Delitos Económicos

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Los casos convenios y fundaciones; y en los últimos días, el caso de las grabaciones, un suceso cuyas esquirlas amenazan con saltar a muchas instituciones, partiendo por el SII y la CMF, llevan a que la nueva Ley de Delitos Económicos adquiera una relevancia mayor.


Bajo ese contexto, se realizó el desayuno “¿Cómo responder ante la denuncia de un delito económico?”, el cual fue organizado por Grant Thornton Chile, contando con la presencia de Bernardita Piedrabuena, vicepresidenta Comisión para el Mercado Financiero (CMF), así como de expertos españoles que dieron a conocer la experiencia en ese país.


Carlos Muñoz Saravia. CEO & Managing Partner de Grant Thornton Chile expresa que “actualmente, hay una sensación general en donde las personas nos sentimos inseguras, más vulnerables, y eso se replica en las empresas y organismos públicos, donde además, los reguladores se han visto afectados por situaciones complicadas. Bajo este contexto, las empresas deben trabajar con mucho cuidado el establecer medidas de seguridad adecuadas”.


Por su parte, Bernardita Piedrabuena hizo referencia al proyecto de Ley de Inteligencia Económica, el cual es una iniciativa que busca perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado.


“Creo que el proyecto de ley es un avance en el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información entre organismos de la Administración Pública, que tenga por objetivo la persecución del crimen organizado y el lavado de activos. Asimismo, es necesario actualizar los requerimientos de idoneidad de las personas que formen parte del sistema financiero, ya que es a través de éste donde finalmente se mueve el dinero proveniente de actividades ilícitas. Es así como perfeccionar los procesos sancionatorios ayuda a la consecución de los objetivos del proyecto”.


Este objetivo se logrará -dice- a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto.

La representante de la CMF agrega que el proyecto permitirá diversos cambios como fortalecer el ecosistema de inteligencia económica, potenciar la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas; y otorgar facultades intrusivas y sancionatorias a autoridades sectoriales.


Respecto a la nueva Ley de Delitos Económicos, la cual, empezó a regir el 17 de agosto para las Personas Naturales, y lo hará desde el 1 de septiembre de 2024 para las Personas Jurídicas, se debe señalar que directores de diversas empresas y sectores de la economía, han manifestado su preocupación a Grant Thornton, por los alcances que tiene.


“La preocupación cobra sentido cuando se pasó de solo 20 a 25 delitos a más de 200, por lo que a las empresas les está costando gestionar estos delitos, incluyendo colusión, entrega de información falsa al mercado, fraude tributario, amenazas, delitos informáticos, cohecho, delitos medioambientales, tributarios, entre otros”, expresa Edgardo Durán, socio de Riesgo, Compliance y Forensic de Grant Thornton Chile, quien mostró un sistema de compliance basado en estándares internaciones que permite abordar esto en forma integral (más allá del compliance penal).


Experiencia española

Alfonso Bravo, socio Forensic y Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic, ambos de Grant Thornton España, entregan su mirada desde el Viejo Continente.


Alfonso Bravo recomienda el uso de seguimiento de fondos (Cash Tracing), en donde en el análisis de las evidencias digitales puede aflorar la identificación de testaferros, así como determinar, en su caso, la localización de activos.


Expresa que “una investigación es algo que requiere conocimiento previo. Cuando es mal hecha, o sin conocimiento, puede tener consecuencias irreparables. Por otro lado, la investigación interna permite a las compañías conocer qué ha pasado, y en base a ello, tomar las decisiones pertinentes, y valorar, en su caso, los riesgos asociados. La investigación es a las denuncias lo que la medicina es para la enfermedad. Y eso conlleva investigar lo que ha pasado para tomar decisiones con toda la información a mano”.


Por su parte, Cristina Muñoz-Aycuens expresa que el uso de tecnología, hoy en día, es un elemento clave en cualquier investigación (todo es digital), permitiéndonos conocer detalles, como movimientos bancarios, conversaciones por whatsapp, etc.


Agrega que “la evidencia digital se caracteriza por su volatilidad. De ahí la importancia de ser conscientes de cuál información es más relevante y así garantizar aquella que sea más volátil y, también, hacer copias forenses. Pero, asimismo, es más rica que otros tipos de pruebas, porque es la que nos da el cierre de las cosas, el broche a lo que estamos investigando”.


Añade que todo lo que es evidencia digital conlleva un riesgo grande para las empresas y los peritos porque la línea de privacidad es muy fina, y es también la más débil porque los jueces a veces no la entienden y la parte contraria la puede atacar, “por eso, todo el proceso se debe llevar a cabo con mucho cuidado, para evitar que se vuelva en contra”.


europapress