​La base de la destrucción del bienestar de los chilenos por parte del populismo de izquierdas

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El desmantelamiento del sistema económico chileno promovido desde el segundo gobierno de Bachelet, y llevado a cabo por la cerrada oposición al presidente Piñera, se manifiesta de tantas formas que es difícil ignorarlo. Naturalmente, de lo que se trata es de destruir mercados, como se hizo a través de la reforma educacional, que costó 3% del PIB y destruyó la inversión privada en la educación universitaria; el aumento al impuesto a la minería (royalty) ha desincentivado la inversión privada en ese sector; la subida en el máximo de la tasa de interés desbancarizó los préstamos de los más pobres y ha permitido una mafia de prestamistas y un largo etc. Este influjo destructivo se ha encebado con las AFP y con los derechos de agua. Dos materias fundamentales del modelo económico chileno. La primera porque está en la base del ahorro y del sistema previsionales, y la segunda porque los derechos de agua privados (legalmente denominados como derechos de aprovechamiento de agua) han permitido el desarrollo de la agricultura (¿se imagina quién invertirá en agricultura si es que no puede adquirir en el mercado algo tan básico como el agua?). La táctica, que se viene aplicando hace más de diez años en Chile, es siempre la misma: destruir el mercado, para luego dejar un descampado, ocupar el lugar por parte del Estado o dejarlo en poder de una mafia (como ocurrió con los prestamistas). Es una lógica de guerra (además después de la aplicación de las medidas fracasadas siempre se le puede echar la culpa a los empresarios).

El sistema previsional chileno es mixto (de capitalización y asistencia social), y no genera las pensiones que debería producir por algo que los especialistas vienen señalando hace más de 20 años: la edad y el monto de la cotización de jubilación debió aumentarse (ambos criterios están totalmente desfasados en comparación con el resto del mundo). Los beneficios de los fondos de pensiones han sido únicos (dado tanto por lo bajo de sus costos, como por su alta rentabilidad), y fue implementado mediante un gran sacrificio de todos los chilenos. Quiero detenerme un poco en este punto.

El cambio del ineficiente sistema de reparto al de capitalización individual, se hizo a través de un enrome gasto fiscal. Este sistema fue implementado el año 1981, a través del DL N° 3.500. Los costes del traspaso de los fondos de los jubilados, desde el sistema público de reparto, al privado de capitalización fue una pesada carga para las arcas fiscales. No es posible enfrentar este gasto, de un momento a otro, por lo que para hacer frente a este problema, se creó un instrumento denominado “bono de reconocimiento” (BR) (en el caso chileno para fomentar el traspaso de un sistema a otro se otorgó un aumento de los BR de 12,6%). El BR representó los fondos que habría poseído un cotizante en el antiguo sistema. El pago del BR está a cargo del INP y se liquida al momento de jubilar. Así, el BR correspondió a depósitos de dinero a favor del cotizante, emitido por el Estado, a un determinado porcentaje de reajuste anual. Se estima que el costo total de la transición de la reforma estructural recién desaparecerá el 2050 (Mesa-Lago y Bertranou, 2015). De acuerdo a la Comisión Bravo: “…esta experiencia es única, responde a una situación especial y su financiamiento ha recaído en la generación que ha debido experimentar y en las que aún experimentarán los efectos del ajuste fiscal, junto con simultáneamente autofinanciar su pensión” (Informe Comisión Bravo, p. 54).

A pesar que el BR se paga por el Estado, sólo al momento de jubilar, los montos que se enterarán diferidamente por dicho concepto son un pesado costo operacional para el Fisco. Dicha carga se mantendrá hasta que hayan jubilado todas las personas que estaban adscritas al antiguo sistema (en Perú se adoptó el mismo mecanismo, en cambio en Argentina se optó por una indemnización compensatoria que se entera por el Estado de forma mensual. Las diferencias entre los BR, de Chile con estos países, con relación al PIB es realmente significativa (BERSTEIN J, S, y otros, Reformas a los Sistemas de Pensiones, Centro Gráfico Prisma, 1996, páginas 76 y 82). Ello naturalmente va en beneficio de os jubilados.

La forma de financiar este sistema (BR) para el Estado puede ser a través de impuesto, deuda pública, reducción de los beneficios de los partícipes del sistema de reparto o austeridad fiscal o una mezcla de todos ellos. En todo caso, siempre habrá involucradas políticas distributivas desde un sector de la sociedad a otro. Conforme a los estudios, que se han hecho en Chile, los costos que implica el sistema de reparto, como los de los regímenes de transición son altos (SCHMIDT-HEBBEL, Klaus, “La Contribución de la Reforma de Pensiones al Desarrollo Económico” en AFP 18 Años: Logros y Desafíos, Superintendencia de AFP, 2000, página 123).

Sin perjuicio de lo anterior, los fondos también aumentan el ahorro interno. Así, al poco tiempo de la adopción del sistema de capitalización y en la medida que van creciendo los fondos, el ahorro aumentó significativamente. Naturalmente que este es un activo de vital importancia para la política macroeconómica del país (se trata de reservas estratégicas) que permiten dar señales se seriedad al resto del mundo. Es como tener un seguro, que le señala al resto del mundo que uno de los mayores gastos del Estado, –como lo son las cotizaciones previsionales- en gran medida, está cubierto. Eso nos permite tener mejor calificación en una serie de índices, que nos llevan a atraer a la inversión extranjera, acceder a tasas de crédito bajas, etc. Por eso, es tan relevante el tema de las cotizaciones previsionales. Ellas no sólo permiten una mejor jubilación -que un sistema de reparto-, sino que otorgan una gran estabilidad macroeconómica, que redunda en un gran bienestar para todos los chilenos. Así se explica que en Chile, -a diferencia de muchos otros países como España, Argentina, Perú, etc.- las crisis económicas del pasado no afectaran fuertemente a la mayoría de los chilenos. Y por eso es que una reforma al sistema, que afecte a las AFP, no solo pone en riesgo las pensiones, sino el futuro económico del país.

Para finalizar este es un tema de vital relevancia, tanto respecto de la reforma al sistema de pensiones que duermen en el Congreso, gracias a la oposición (nótese que de lo señalado explica el interés de sectores de extrema izquierda por destruir el sistema, en lugar de mejorarlo), como respecto de la nueva constitución.


Rodrigo Barcia Lehmann

Prof. y Doctor en Derecho (UCM); Diplomado en Economía (U de Chile); magister en Economía y Dirección Internacional de Empresas (U Autónoma de Madrid) y Law and Economics (U de Hamburgo y UCM) y Director del Doctorado de la Universidad Autónoma de Chile.