Robin Hood a la chilena

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German PintoSe acercan tiempos eleccionarios y aparecen candidatos en diversos medios de comunicación que, lamentablemente, prometen cualquier cosa que sea popular.

No hay problemas que sean promesas que luego de las elecciones sean olvidadas, pero es muy peligroso que esas malas ideas se materialicen en leyes como está sucediendo y, aún más malo, que esas leyes tengan rango constitucional.

Vuelvo a comentar la iniciativa de establecer un impuesto a los altos patrimonios que está tomando interés en distintos sectores y está despertando el apetito a distintas personalidades, desoyendo, una vez más, la opinión técnica sobre la materia.

Sin duda que la idea es positiva y que la tributación a los altos ingresos es una forma de generar la redistribución de la riqueza, hecho que nuestro país adolece y cada día surgen más ingentes necesidades insatisfechas en la población más vulnerable.

Tenemos una gran tarea que debemos asumir, no porque ahora estamos viviendo una pandemia o porque se aproximan las elecciones municipales y prontamente las parlamentarias y presidenciales, sino porque es un desafío del país el poner énfasis en las necesidades por todos conocidas. Para lograr esta tarea debemos realizar una discusión con argumentos técnicos y no basados en artículos de revistas.

El actual proyecto adolece de ser una norma que, para poder nacer de una iniciativa parlamentaria, se recurrió a una reforma constitucional, debido a que las leyes tributarias solo puedan nacer de un mensaje presidencial, es decir, son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Como este poder no se pronunciaba sobre la materia, los diputados decidieron utilizar la herramienta que la misma constitución que estamos ad-portas de modificar (si no derogar) contempla para realiza las reformas constitucionales.

Si bien es un camino totalmente legal, están utilizando un medio ineficiente porque un impuesto transitorio y “por una sola vez” como reza el proyecto de ley, establecido en la Constitución (aunque sea una norma transitoria) genera un mal precedente para los objetivos de una carta magna que tiene por meta establecer los lineamientos que trascienden a la coyuntura nacional.

Otro elemento débil del proyecto es la base que utilizan, pues señala escuetamente que se tratará del patrimonio sin especificar la forma o detalle de cómo se determinará.

También resulta expropiatorio porque se establece por el solo hecho de tener un patrimonio de una cantidad dada, sin reconocer que ese patrimonio ya pagó algún tipo de tributo.

Finalmente, resulta ineficiente si consideramos que lo recaudado, que se estima en 6.500 millones de dólares, es decir aproximadamente 6 y medio canales del Chacao, solo paliará en parte las necesidades de un sector particular que, si bien necesita apoyo financiero de manera apremiante, no solucionará su condición menesterosa, pues para salir de la pobreza se requieren recursos constantes y apoyo estructural que no se financia con esa cantidad.

La propuesta alternativa es gravar los grandes ingresos que están en las empresas, pues son ellas las que constantemente generan renta, obviamente, sin ahogar iniciativas de nuevos emprendimiento ni proyectos de inversión. Esto último se soluciona con proyectos equilibrados y de largo plazo.

Ahora bien, si la necesidad es puntual e imperiosa como la que estamos viviendo, perfectamente podemos recurrir a la deuda internacional la cual no es difícil de conseguir para nuestro país. Solo como ejemplo se puede mencionar la línea de crédito que se otorgó al Banco Central de 23 mil millones de dólares, concesión que difícilmente pueden considerar países de nuestra región, quienes están complicados en renegociar sus millonarias deudas externas que los obligan a suplicar renegociaciones de sus pasivos.

Es por anterior que la propuesta de los honorables no parece eficiente, pues utiliza a la Constitución como medio para sortear los límites de sus facultades, no tiene una visión de largo plazo, no garantiza un flujo de ingresos constantes que realice la modificación estructural que los sectores más necesidades de nuestro país requiere y desaprovecha las distintas alternativas que nuestra economía aún puede recurrir.

Lo malo de todo esto es que los parlamentarios dicen que los economistas “no saben” y que el apetito de renovar sus puestos en el Congreso o acceder a otros más rentables tientan a los parlamentarios de derecha y de izquierda que se dejan seducir por estos proyectos faltos de fundamentos técnicos y que solo son dignos de émulos de Robin Hood.


Prof. Germán R.Pinto Perry

Universidad de Santiago