​FNE alegó ante el TDLC por colusión contra empresas de buses de La Araucanía

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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) participó ayer en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la vista de la causa por colusión iniciada en septiembre de 2018, cuando presentó un requerimiento contra 11 empresas de transporte público urbano de Temuco y Padre Las Casas, operadoras de las 10 líneas de buses y taxi-buses de dichas comunas.

En esa ocasión, la Fiscalía acusó a dichas empresas de celebrar y ejecutar un acuerdo entre los años 2003 y 2017 para limitar la cantidad máxima de buses y taxi-buses de su flota, restringiendo, impidiendo y/o entorpeciendo la libre competencia en el mercado del transporte público urbano de pasajeros en Temuco y Padre Las Casas.

Durante el alegato realizado ayer de manera remota, el abogado de la FNE, Adolfo Wenzel, reafirmó la acusación formulada por la Fiscalía, destacando que el acuerdo colusivo afectó a los usuarios del transporte público en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, porque limitó la frecuencia con que pasan los buses, generando mayores tiempos de espera.

En el mismo sentido, la FNE afirmó que el acuerdo colusivo restringió la cobertura, limitando la posibilidad de ofrecer nuevos recorridos en las localidades afectadas, que experimentaron un gran crecimiento demográfico durante los quince años que duró el acuerdo.

En su alegato, la Fiscalía solicitó al TDLC que imponga a cada requerida una multa, que fluctúa entre las 40 y 220 Unidades Tributarias Anuales (UTA, esto es entre $ 24 millones y $ 132 millones), totalizando 1.714 UTA, equivalentes a $ 1.035 millones.

La FNE también pidió al TDLC que ordene a las empresas implementar un Manual o Código Interno con el objeto de adoptar medidas tendientes a desincentivar prácticas que limiten la competencia entre las líneas.

Durante la investigación que dio origen al requerimiento, la FNE constató que las empresas acusadas suscribieron tres protocolos sucesivos para limitar la cantidad máxima de buses de sus respectivas flotas: el primero en febrero de 2003; el segundo en febrero de 2008; y el tercero en diciembre de 2012.

Este es el octavo requerimiento por colusión que presenta la FNE desde el 2007 contra empresas de buses de transporte público. Anteriormente acusó por colusión a firmas que operan en Osorno, Talca, Santiago – Curacaví – Lo Vásquez, Santiago – Cartagena, Valdivia y Copiapó – Caldera, además requirió a empresas que acapararon oficinas de ventas de boletos en terminales de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Antofagasta.

En todos estos casos las requeridas fueron condenadas con multas que totalizan casi 5.600 UTA, equivalentes a poco más de $ 3.381 millones actuales.