Los más desprotegidos bajo el acuerdo de protección
El legado de una nación está, en un alto porcentaje, en el acceso al bienestar y la riqueza de su sociedad. Esto ocurre cuando su población tiene acceso a pilares fundamentales para batirse de manera autónoma haciendo uso de sus medios para alcanzar y mantener un desarrollo sostenible. Ello, bajo la garantía de un ambiente de seguridad para sus habitantes. Por el contrario, esto no ocurre cuando aún existen situaciones de pobreza extrema y vulnerabilidad, las cuales resquiebran y generan brechas muy difíciles de reparar. ¿Qué ocurre en una sociedad cuando los pilares fundamentales son amenazados de manera profunda y las grietas previamente parchadas, en otras generaciones, emergen con facilidad? Nos enfrentamos con claridad al dolor y vulnerabilidad de la pobreza, la que pensamos descuidadamente que existía en menor cuantía o que al menos estaba alejada de la realidad cotidiana.
Los desafíos de las economías en vías de desarrollo abarcan variadas dimensiones, partiendo de la base, claro está, que hay varias cuestiones en etapas básicas ya resueltas. Entre ellas necesidades de sobrevivencia como educación, salud, refugio, alimentación, seguridad, un conjunto que representa una estabilidad mínima para poder plantear nuevos desafíos.
El complejo escenario actual del desempleo ha dejado al descubierto importantes vulnerabilidades en la economía. La fuerza de trabajo se redujo significativamente en la última encuesta del INE, apenas superando a 9 millones de personas, sobre un universo de población, en edad para trabajar, de 15,3 millones de personas. En el trimestre marzo-abril, la tasa de desempleo nacional aumento a 8,2% (INE), y a 11,2% en mayo, según el Centro de Estudios Longitudinales de la UC. Estas cifras nos dan espacio para identificar un marcado cambio de tendencia. La tasa combinada de desocupación más la fuerza de trabajo potencial en abril escala a un 23,75% lo que representa que cerca de una cuarto de la población que podría estar trabajando no lo está, mientras que la tasa de presión laboral baja a 9,33%.
Entre los más vulnerables destaca el segmento de mujeres y jóvenes. Dentro de este grupo, las mujeres, en promedio, con menos años de estudio, (mujeres no superan el 25% del universo de población con estudios superiores), tienen en promedio 10,95 años de escolaridad, brechas salariales independientes de su origen socio económico y años de escolaridad, consiguen trabajos en áreas de servicios, donde destaca una fácil rotación y reducción de dotación. Jefas de hogar y líderes comunitarias, en varias ocasiones, están saliendo de la fuerza de trabajo por múltiples necesidades y la inexistencia de posibilidades para emplearse.
Al unir toda la receta se explica cómo se crea una distancia para encontrar nuevas fuentes de trabajo y, si los encuentran, generalmente, son de características precarias. Por otra parte, derivado de los efectos del confinamiento, una mayor carga y exigencia de trabajo doméstico, al no tener redes disponibles, ni espacios de apoyo para el cuidado de niños, impacta en forma profunda la disposición a buscar empleo. Y si, todo lo anterior, no es más que suficiente para explicar el alto desempleo y la vulnerabilidad, a esto se suman las expectativas. Con una demanda frenada y los mercados reducidos, se encuentran muy dañadas, ya que existe poco espacio para la creación de nuevos puestos de trabajo de manera que sea el mercado quien absorba a los desocupados en forma natural.
El gobierno y la oposición han presentado un acuerdo dirigido a proteger los ingresos de las familias y reactivar la dañada economía, que actualmente es incapaz de sustentarse por su cuenta, producto de los efectos acumulados desde el estallido social y, su posterior agravamiento y profundización, en los impactos derivados de las medidas de contención al contagio del virus a nivel local y mundial.
El acuerdo propone medidas para asegurar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0., mejorado desde su primera versión, considera, en esta oportunidad, medidas para incluir en los beneficios a trabajadores independientes, propone mejoras en el seguro de cesantía, da garantías y apoyos para Pymes y empresas, subsidios al empleo, incentivos a la inversión, privilegiando obras públicas, se propone la extensión de licencias post natales, excepciones tributarias, garantías estatales, entre otros. Todo por una suma total estimada en US 12.000 millones que provendrán de un fondo extraordinario, con una vigencia de 24 meses, el cual será financiado con deuda y fondos soberanos. Esto implica erosionar el ahorro nacional y aumentar la deuda pública como porcentaje del PIB desde el 28% actual a más del 40%.
Acumular más deuda no es malo ni bueno. El principal foco detrás de financiar medidas de emergencia y excepción con mayores obligaciones crediticias está en preocuparse de que los beneficios sean bien asignados, en su mayoría, y, que exista credibilidad fiscal suficiente en la consolidación del presupuesto y las arcas públicas. Ya que este mayor uso de fondos tendrá como consecuencia natural futura, una mayor exigencia tributaria y otra mirada a la distribución presupuestaria pública, la que puede dejar menor margen para el juego político. Ello, por supuesto, dentro de un escenario económico que lo permita. En otras palabras, esta deuda la pagan generaciones e ingresos futuros, siempre y cuando, los más vulnerables y expuestos a la crisis logren batirse, en algún momento, con sus propios medios.
Nicole Stückrath
