La señal de un reajuste

Una de las materias más trascendentales que ocupa a la autoridad económica en estos días, se refiere al reajuste de remuneraciones del Sector Público. En el ambiente político que se ha ido delineando a partir de las severas protestas de Octubre y Noviembre, éste pasa a ser un tema de importancia política. La presión de los gremios se asienta fuertemente en el ambiente de inconformidad que recorre Chile, y se vuelven a poner sobre la mesa antiguas aspiraciones, que siempre se trataron en el contexto de darle una oportunidad al crecimiento y al aumento en la productividad. Nada de esto ha tenido un efecto real en el caso del sector público donde, si bien las remuneraciones se han ajustado hacia arriba en términos reales durante todos los últimos años, nada de sustancial importancia ha ocurrido en materia de productividad. Inclusive los bonos de productividad creados hace algunos años, no pasaron sino a cumplir un rol de simple componente mecánico de la remuneración total, perdiendo su objetivo de mejorar la producción del indispensable buen servicio público. Muy poco se hizo en materia de capacitación, especialmente en el campo de recuperar los valores inherentes al servicio público de calidad que merece la ciudadanía. Hoy día los temas vuelven a centrarse en el ajuste de remuneraciones en un ambiente lleno de preconcepciones y ánimos políticos que se alejan del objetivo central de promover un buen servicio público, bien remunerado precisamente por el cumplimiento de las tareas inherentes. La Cámara de Diputados declaró inadmisible el Proyecto enviado por el Gobierno, haciendo así inviable la discusión siquiera de las bases presupuestarias; el tema se ha transformado en una nueva manifestación de inconformidad generalizada. No ha habido, por otro lado, ningún intento por tratar de diferenciar situaciones en materia de los distintos sectores que conforman el empleo público, patrocinando políticas distintas en materia de estímulo a la productividad y la búsqueda de resultados. Cosa difícil en la cultura de los principales sindicatos de la administración pública, donde predominan más las consignas que la buena disposición a mirar el desarrollo del sector a largo plazo. Por otro lado, las políticas públicas no han hecho mucho en términos de promover mejores políticas de empleo y desarrollo del servicio público. En las actuales circunstancias y bajo el peso de la actual situación política prevaleciente en el país, se termina negociando arduamente sólo en torno a la magnitud del incremento salarial generalizado para todo el sector público. Probablemente no haya forma de introducir criterios de mayor amplitud y con otra mirada en el tiempo; lo que es claro es que todo esto estará sometido al rigor de un presupuesto nacional bastante exigido por todas las medidas que se han estado tomando en materia de subsidios, ingresos mínimos y pensiones. Por cierto el postulado de “más impuestos” pasa a ser el slogan que seguirán postulando los demandantes de mayores reajustes, incluyendo en esto la idea de un mayor royalty para la minería. En un escenario previsible de mayor inflación y menor crecimiento, no será materia fácil que los postulados políticos en estas materias, así como fáciles de enunciar, sea más difícil de hacerlo compatible con la recuperación económica que todos deseamos para Chile y que se hará imprescindible el año 2020.

Prof. Luis A. Riveros