La vinculación entre la economía y la realidad o la urgente necesidad de retomar el orden público

El tipo de cambio comenzó una carrera al alza durante el comienzo de la actual crisis que ha sido frenado enérgicamente por el Ejecutivo. Ya van dos intervenciones en la banda sucia con una inyección, primero de 4.000 millones de dólares y, recientemente, con 20.000 millones de dólares. No se sabe hasta cuándo esta política puede frenar la depreciación del peso. Se ha señalado por algunos expertos que esta inyección de divisas sería absorbida por el mercado hasta mayo. La mayoría de los economistas no pueden esconder su preocupación en torno a este tema, por cuanto esta variable es clave para la vida de todos. Las variables que más presionan al alza al tipo de cambio son las crecientes demandas sociales (que aumentarán el gasto público), la incertidumbre constitucional, pero sobre todo la pérdida del orden público. Esta última variable es fundamental. No es que las otras no lo sean, pero ellas palidecen ante esta última. Ningún país se sostiene sin orden público. Su pérdida es una vuelta al estado de naturaleza hobbesiano. Ya no se trata que una empresa pueda ser expropiada indirectamente por un impuesto sobre el 40%, o directamente, sino que puede ser vandalizada. Este es un riesgo que el mercado mide, que se verá reflejada en nuestros términos de intercambio con el resto del mundo. Naturalmente que el plebiscito, acordado recientemente, ayuda, pero también ello se puede leer como una captura de la democracia por parte de grupos radicales. Este tema no es menor, y refleja el fracaso del sistema democrático. El sistema democrático debería proveer del lugar donde la discusión social se genera, y no la calle, ni menos la violencia. En igual sentido, los saquemos, violentísimos que estas manifestaciones han generado, no parecen tener ninguna respuesta del grupo que se manifiesta. Son grupos que se relacionan, pero son diferentes. Independientemente de ello, nos podemos preguntar: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar, dado este escenario? Lamentablemente, es imposible de tener una respuesta clara. Al gobierno le funcionó la táctica que mientras esperaba un acuerdo con la oposición (que afortunadamente prosperó), pudiese frenar una de dos principales variables de la actual crisis, a través de Hacienda liquidando US$ 1.400 millones del fondo soberano -con lo que los retiros sumarán US$ 2.400 millones entre 2019 y 2020-. Y la intervención podría llegar a US 4.000 millones en el futuro. Y a ello se suma una gran inyección de 20.000 millones de dólares. Esta estrategia busca por una parte, tener los recursos para hacer frente a las demandas sociales, y, por la otra, lograr que el tipo de cambio baje –aparentemente se está estabilizando en alrededor de $ 780-. Esta última intervención sucia hizo que el precio del dólar se estabilizara en alrededor de $ 800. La presión al alza del tipo de cambio –que refleja el nuevo equilibrio de precios, dada la caída de las exportaciones chilenas, y el grado de incertidumbre de las reformas sociales y de la pérdida del orden público- es muy negativa para el país. Argentina ha hecho un gran esfuerzo por contener el alza del tipo de cambio a través de bandas sucias y sólo ha generado una enorme deuda pública. Ello por cuanto las políticas de bandas de precios (piso y techo de dólar) solo funcionan al corto plazo, y sin el nivel de inestabilidad que tenemos hoy en Chile. La importancia de este tema es clave para la economía desde que Chile al ser una economía abierta, el aumento del precio del dólar se traduce en un aumento de los precios internos. Y ello, genera inflación y afecta fuertemente el crédito a través de la Unidad de Fomento. En pocas palabras, dada la destrucción que se ha generado en estos días (más de 4.500 millones de US), el aumento exorbitante del gasto fiscal, pero sobre todo la pérdida del orden público, el aumento del precio del dólar puede ser trepidante. El gobierno sabe que no puede manejar este tema mediante bandas –no resultó en Argentina- y por ello ha hecho una gran intervención, pero después de esto, el tipo de cambio flotante debe reflejar cuáles han sido realmente las consecuencias económicas de lo que ha sucedido en Chile. Esto también es de importancia ya que nos pondrá el piso y las reglas conforme a las cuales decidir informádamente sobre los cambios sociales y constitucionales. La situación actual no es real por cuanto estamos subsidiando la economía. No es que no deba hacerse, sino que llamo la atención sobre la falta de información respecto de este punto.

Despejado el tema de la forma en que nos daremos una nueva constitución –que junto con la apreciación de los verdaderos efectos de la crisis que se generó se ha frenado las manifestaciones-, el gobierno podrá abocarse a la segunda variable: la pérdida del orden público (lamentablemente la oposición no ha estado a la altura al no centrarse en la agenda de paz social), y entorpecer alguna de las leyes que exige la referida agenda. Ya está claro que los análisis se equivocaron y mucho cuando analizan las dos variables de forma conjunta (a este respecto los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad que es urgente que tenga consecuencias). La vandalización, que se han propagado por Chile –gracias a las manifestaciones-, no se frena directamente con un nuevo pacto social. Las raíces de este problema para algunos es compleja. Ella radica en bolsones marginados de la sociedad -que fundamentalmente son personas cesantes y que tienen trabajos muy precarios-. Y a ellos se suman los narcotraficantes y personas que viven del delito (lo que hemos vivido este último tiempo la mayoría de los chilenos, lo viven a diario 3 millones de habitantes que viven en sectores tomados por la droga). La pregunta es, dado nuestro deficiente Estado de Derecho: ¿Por qué esa gente debería de frenar el pillaje? Pensemos que hay lugares que ya han sido vandalizados varias veces. Además, los delincuentes y los que políticamente están de acuerdo con la violencia como herramienta política cuentan con una épica que los justifica, mal que mal se trata de los más desposeídos de la sociedad. Pues bien, esta variable no se corrige con políticas sociales (a lo menos al corto plazo), ni menos con un cambio constitucional. Esto sólo se detiene al corto plazo con el uso de la fuerza, y ello ojalá en un gran pacto social que debería implicar el detener y encarcelar a los narcotraficantes y delincuentes que están en las poblaciones. Naturalmente que este problema no se resuelven con la actual institucionalidad, y por ello el Ejecutivo está en lo correcto cuando ha enviado al Congreso leyes especiales que traten el delito de saqueo, uso de pasamontañas, barricadas, etc. Este es un tema de difícil solución desde un prisma netamente político. Nadie quiere pagar los costos de una represión, pero esto no se resolverá al estilo de Ramón Barros Luco que señalaba que había dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Otro aspecto que no debe desecharse es un eventual estado de sitio (en la medida que la violencia se re articule). Este tema es crucial desde que la clase política debería tener una respuesta rápida a un rebrote de la violencia que articule dos cosas: eficiencia y eficacia de las Fuerzas Armadas y respecto irrestricto a los derechos humanos. De este modo, la intervención de la fuerza pública debería ir acompañada de los Fiscales, y ella debería estar enmarcada en protocoles que sean eficientes frente a la violencia (detenciones, evitando en lo posible el uso de armas de fuego). A ello se suma la necesidad de arrestar y juzgar a los narcotraficantes, y miembros de la garra brava para volver al control del Estado a importantes poblaciones que hoy están en manos del narcotráfico. También debería discutirse una eventual destitución del Fiscal Nacional del Ministerio Público. La evaluación de la actuación de los Fiscales de la actual crisis, sobre todo en torno al tema de la violación de derechos humanos, ha sido muy deficitaria. A ello se podrían sumar políticas sociales vinculadas al orden público, que le devuelvan la esperanzas a las personas. Estas personas se encuentran viviendo hace años en estas tan precarias condiciones (que es la que ahora estamos comenzado a vivir en todo Chile). Esta variable no tiene que ver, directamente con los manifestantes, pero es más relevante incluso que las políticas sociales más generales. No habrá políticas sociales exitosas, sino se recupera el orden público. Por ello, es difícil compartir el entusiasmo frente a las reformas sociales que se quieren adoptar y el plebiscito constitucional.

Rodrigo Barcia Lehmann

Prof. Dr. en Derecho y mg. en Economía.